Nunca se autorizó el rembolso de $1,300 millones a dueños de bancos

Roberto González Amador La celeridad con que fue concretada la privatización bancaria el sexenio pasado llevó a las autoridades encargadas del proceso a incurrir en omisiones, realizar pagos no autorizados a los compradores de las instituciones de crédito y a cometer errores en la valuación de los títulos accionarios de esas instituciones, indica un informe oficial.

Un documento de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados --conocido por este diario-- revela que en la desnacionalización bancaria, efectuada entre 1991 y 1992, las omisiones en el proceso no quedaron sólo en la expedición extemporánea de los decretos de privatización de 15 bancos, que han colocado a esas instituciones en una incómoda situación de inexistencia jurídica.

La separata de revisión al proceso de desincorporación bancaria documenta que los 18 bancos reprivatizados durante el sexenio pasado recibieron del gobierno federal una devolución de los recursos pagados por la venta (38 mil millones de pesos) por un total de mil 303.36 millones de pesos, sin que la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, encargada del proceso, ``emitiera el acuerdo correspondiente a tal devolución''.

En la historia oficial del proceso de desincorporación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en su momento que la devolución de recursos hecha por el gobierno federal a los nuevos dueños de la banca obedeció a que una proporción menor de los activos vendidos había sido sobrevaluada. El reembolso, explicó entonces la dependencia, sólo compensaba un ligero sobreprecio pagado por esos activos, después de haber sido realizadas las respectivas auditorías.

El documento de la Contaduría Mayor de Hacienda, que no emite juicios concluyentes sobre el proceso sino que sólo documenta fallas en el procedimiento, señala que algunos bancos comenzaron a emitir acciones cuando todavía no pasaban a ser sociedades anónimas.

Uno de los casos que llama la atención de los contralores es el de Banca Cremi, comprado originalmente por un grupo tapatío y después adquirido por Carlos Cabal Peniche, hoy prófugo de la justicia mexicana después de provocar un quebranto de mil millones de dólares al Grupo Financiero Cremi Unión, del que era principal accionista. Por Banca Cremi el gobierno federal recibió 748.29 millones de pesos y devolvió a los compradores 180 millones, cantidad que equivale a 24.05 por ciento del monto pagado.

Otra de las fallas de procedimiento detectadas fue en la privatización del Banco Mercantil del Norte, hoy Banorte, propiedad del empresario regiomontano Roberto González Barrera, también principal accionista de Maseca. Los auditores descubrieron una diferencia de 52 acciones Serie B entre las señaladas en la convocatoria y las finalmente vendidas. Además, detectaron una diferencia de 8 millones 302 mil pesos en la determinación del precio de venta indicado en el contrato de compra-venta, en relación con el precio ofrecido por acción. Este punto sigue siendo investigado por la Contaduría Mayor de Hacienda

Otro caso es el de Banco BCH, adquirido por Cabal Peniche y después transformado en Banco Unión. En particular, los auditores señalan que ``en la convocatoria no se especificó el número de acciones ni la serie a subastar''.

También la convocatoria para la subasta de los títulos representativos del capital social de BCH, propiedad del gobierno federal, fue publicada con 75 días de anticipación a la transformación de la sociedad nacional de crédito --como se denominaban los bancos antes de la reprivatización-- en sociedad anónima y por lo tanto, agrega, de la conversión de los Certificados de Aportación Patrimonial (Caps) en acciones. ``Como se puede apreciar, el objeto materia de la convocatoria estaba condicionado a un hecho a futuro''.

En cuanto a la venta de Banco Somex, ahora Banco Mexicano --con mayoría accionaria del español Santander-- el documento señala que en contravención a lo establecido en las bases generales de la convocatoria, el comité de desincorporación modificó la fecha de presentación de posturas sin haber efectuado su publicación en el Diario Oficial de la Federación ni en los diarios de mayor circulación.

Apunta que en la venta de Banco Internacional (hoy Bital) se vendieron acciones cuando todavía no se transformaba en sociedad anónima. El comité de desincorporación no acreditó la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del decreto por el que pasaba de sociedad nacional de crédito a sociedad anónima, obligación prevista en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito.

Las consideraciones del documento aclaran que el análisis corresponde a la revisión del proceso en sus ``aspectos procedimentales'' en términos de la normatividad prestablecida. Por lo tanto, agrega, no incluyen el estudio o evaluaciones de carácter contable, financiero o económico que implica dicho proceso.