El abstencionismo electoral en los comicios estatales de los últimos meses, por un lado, y las sucesivas apariciones de grupos armados que se presentan como ejércitos populares, por el otro, son dos síntomas de una misma patología que comparte el gobierno con los partidos registrados: la esclerosis política del régimen mexicano.

Sin dejar de ser ignorada en las decisiones económicas y después de haber sido marginada en el largo proceso de discusión de algunos cambios políticos, la sociedad civil mexicana vuelve a ser considerada por quienes se disponen a participar en los procesos electorales. Para la sociedad política, el pueblo mexicano parece haber perdido todos sus atributos y capacidades salvo cuando se le requiere periódicamente para que legitime el poder, es decir, para que juegue el papel de elector cada tres años.

Muchos de quienes estando fuera de los partidos registrados reprueban el abstencionismo y la confrontación directa con el gobierno, han iniciado sus preparativos para participar en el proceso electoral federal de 1997, y eventualmente en alguna de las elecciones municipales y estatales que también tendrán lugar el próximo año en Morelos, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Colima, Querétaro, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, y las sui generis elecciones del Distrito Federal. Diversos grupos y personas empezaron hace más de un mes a acomodar sus fuerzas, a dirigirse y acercarse a la sociedad civil en función de la coyuntura electoral, aunque esta intención no siempre sea explícita o sus declaraciones sean en otro sentido.

Tal es el caso de los integrantes de la Corriente del Socialismo Revolucionario que decidieron ingresar al PRD (La Jornada, 30/10/96); de El Barzón, cuyo dirigente Ramírez Cuéllar propuso a los partidos de oposición abrir el proceso para lograr una candidatura de amplia coalición y con posibilidades de triunfo, para gobernar la ciudad de México como resultado de las elecciones de 1997 (26/10/96); de los convocantes de Causa Ciudadana que no obstante haber declarado que surge ``no como una instancia electoral, sino como una instancia para las causas ciudadanas'' (27/10/96) un mes después se apresuran a cumplir los requisitos legales para obtener el registro de ``agrupación política nacional'' con base en el Código electoral recientemente reformado; de Manuel Camacho Solís que interpuso un amparo en contra de las reformas constitucionales en materia electoral que le impiden contender por la regencia capitalina en 1997, y que ante un reducido número de estudiantes anunció en la UNAM su proyecto de un frente amplio para promover la unidad de las fuerzas de oposición para las elecciones del 97 (José Gil Olmos y Georgina Saldierna, La Jornada, 31/10/96).

Los ejemplos anteriores permiten suponer que la base de la sociedad, en donde se encuentra gente que no se identifica con los partidos ni cree en los procesos electorales, gente que puede ser parte de esos abstencionistas, pero también puede ser simpatizante de los ejércitos populares, ahora sí va a ser buscada por todos los partidos y por las nuevas agrupaciones políticas que desearán contar con su apoyo electoral. Hacia esa sociedad civil van a ir los dirigentes y candidatos de partidos y agrupaciones políticas y, como cada tres años, sólo en campañas electorales, le van a recordar que tiene derechos políticos --como el de votar, naturalmente-- y le van a prometer la satisfacción de todas sus necesidades. En el mejor de los casos le van a presentar una plataforma electoral o un programa de gobierno en cuya elaboración no participó el pueblo; le van a ofrecer ser gestores de sus necesidades aunque los cargos de elección por los que compiten no tengan ninguna posibilidad legal de hacerlo.

El abstencionismo y la lucha armada son, ambos fenómenos, expresión de la falta de credibilidad en los procesos electorales y de la desconfianza en quienes detentan el poder y en quienes se ostentan como representantes populares. La transformación del decadente régimen político mexicano no puede surgir de la propia sociedad política, tendrá que proceder de la sociedad civil la cual debería concentrar sus esfuerzos en la construcción de una alternativa desde abajo de la sociedad y desde fuera del poder establecido. Las campañas y la movilización e interés que despiertan los procesos electorales deberán, entonces, ser aprovechados por la sociedad civil para organizarse con base en sus necesidades y educarse políticamente en torno a sus derechos, de lo contrario estará contribuyendo a conservar ese régimen político que, de otras maneras, ha demostrado que rechaza.