Caso por caso, informe de la Contaduría Mayor sobre la banca

Roberto González Amador /I Diez mil personas reunidas en el Auditorio Nacional aplaudieron, el 16 de julio de 1992, la culminación del proceso de privatización bancaria.

La ceremonia, convocada por el gobierno, a la que asistieron el Presidente, el gabinete económico, los neobanqueros y empleados de casas de bolsa y bancos, tuvo un tinte ``formal, histórico y de recuento'', según recordó hace dos años el hoy secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, en un libro sobre la privatización bancaria.

``El proceso que culmina hoy es un acto de confianza'', dijo ese día Pedro Aspe Armella, entonces secretario de Hacienda.

Sin embargo, la rapidez con que fueron vendidos los 18 bancos estatales, a un ritmo de un banco cada tres semanas, orilló a las autoridades a incumplir las normas del proceso, realizar pagos no autorizados e, incluso, pasar por encima de la ley.

La Jornada obtuvo el informe oficial elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el proceso de privatización de 18 bancos, vendidos por el gobierno durante el sexenio pasado. El orden de presentación de cada caso respeta el seguido por el órgano colegiado del Congreso mexicano en el documento.

Multibanco Mercantil de México. Fue comprado al gobierno federal en abril de 1991 por un grupo de 3 mil inversionistas, encabezado por José Madariaga Lomelín, el actual presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, en 611.2 millones de pesos. Después de la crisis de 1994, este banco, que había cambiado su nombre a Probursa, pasó a ser controlado por el español Banco Bilbao Vizcaya. El dictamen de la Contaduría Mayor hace las siguientes observaciones sobre la venta:

-La convocatoria para la subasta de los títulos representativos del capital social de este banco en propiedad del gobierno federal fue publicada con 55 días de anticipación a la transformación de sociedad nacional de crédito en sociedad anónima y, por tanto, de los certificados de aportación patrimonial en acciones. Como se puede apreciar, el objeto materia de la convocatoria estaba condicionado a un hecho futuro.

-El finiquito celebrado entre el comité de desincorporación y el Grupo Financiero Probursa se formalizó antes de que la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF) emitiera el acuerdo correspondiente a tal devolución, que ascendió a 17 millones 504 mil pesos.

Banca Confía. Su privatización fue concretada en agosto de 1991 en favor del grupo de accionistas encabezado por el regiomontano Jorge Lankenau Rocha. El gobierno federal recibió por este banco, uno de los más rentables en el momento de la desincorporación, 892.26 millones de pesos. De la forma en que fue realizada la venta, la Contaduría Mayor de Hacienda señala:

-El decreto por el que se transforma Banca Confía de Sociedad Nacional de Crédito en Sociedad Anónima se expidió con un desfase de 12 días respecto del plazo que establecía el artículo séptimo transitorio de la Lay de Instituciones de Crédito.

-La convocatoria para la subasta de los títulos representativos del capital social del banco en propiedad del gobierno federal fue publicada con 50 días de anticipación a la transformación de la institución en sociedad anónima y, por tanto, de los certificados de aportación patrimonial en acciones. El objeto materia de la convocatoria estaba condicionado a un hecho futuro.

-El plazo de los depósitos para garantizar la postura del Grupo Financiero Inverlat -uno de los postores en la venta que no resultó ganador- para la subasta de Banca Confía excedió los tres meses a que obligaba la convocatoria.

-El finiquito celebrado entre el comité de desincorporación y el grupo representado por Lankenau Rocha, en el que se acordó el ajuste al precio de venta, como resultado de la auditoría de compra, se formalizó antes de que la CIGF emitiera el acuerdo correspondiente a tal devolución, que implicó un reembolso de 18 millones 631 mil pesos.

Banco de Oriente. Vendido por el gobierno federal en agosto de 1991 a un grupo de empresarios de Monterrey, encabezado por los hermanos Marcelo y Ricardo Margain Berlanga. El precio pagado por la institución fue de 223.22 millones de pesos. Una mala administración por parte de sus dueños provocó que el banco fuera intervenido gerencialmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el año pasado. Dice el dictamen sobre el proceso de desincorporación:

-El decreto por el que se transforma Banco de Oriente de sociedad nacional de crédito en sociedad anónima se expidió con un desfase de 18 días, respecto del plazo que establecía el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito.

-La convocatoria para la subasta de los títulos representativos del capital social del banco en propiedad del gobierno federal fue publicada con 49 días de anticipación a la transformación de la institución en sociedad anónima y, por tanto, de los certificados de aportación patrimonial en acciones. Como se puede apreciar, el objeto materia de la convocatoria estaba condicionado a un hecho futuro.

-El plazo de los depósitos del Grupo Financiero Inverlat, que fue uno de los postores que no resultó ganador en la subasta de Banco de Oriente, excedió los tres meses a que obligaba la convocatoria.

-El finiquito celebrado entre el comité de desincorporación y el grupo representado por los Margain Berlanga, en el que se acordó que el gobierno devolviera a los compradores 12 millones 951 mil pesos, se formalizó antes de que la CIGF emitiera el acuerdo correspondiente a tal devolución.

Banco de Crédito y Servicio (Bancrecer). En agosto de 1991 fue asignado a un grupo de accionistas, encabezado por Roberto Alcántara, hijo del empresario y político mexiquense Jesús Alcántara Miranda. Los compradores pagaron al gobierno federal 425.13 millones de pesos. Sobre el proceso de desincorporación, el órgano colegiado del Congreso señala:

-El decreto por el que se transforma el Banco de Crédito y Servicio de Sociedad Nacional de Crédito en Sociedad Anónima se expidió con un desfase de 26 días respecto del plazo que establecía el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito.

-La convocatoria para la subasta de los títulos representativos del capital social propiedad del gobierno federal de Banco de Crédito y Servicios fue publicada con 50 días de anticipación a la transformación de la institución de sociedad nacional de crédito en sociedad anónima y, por tanto, de los certificados de aportación patrimonial en acciones. Como se puede apreciar, el objeto materia de la convocatoria estaba condicionado a un hecho futuro.

-En la convocatoria no se especificó el número de acciones ni la serie a subastar.

-El finiquito celebrado entre el comité de desincorporación y el grupo representado por Roberto Alcántara Rojas, en el que se acordó un ajuste en el precio de venta, como resultado de la auditoría de compra, se formalizó antes de que se emitiera el acuerdo correspondiente a tal devolución, que implicó un reembolso a los compradores por 10.351 millones de pesos.

Banco Nacional de México. El principal banco del país fue privatizado por el gobierno federal el 23 de agosto de 1991. La institución fue adquirida por un grupo de accionistas, encabezado por Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú y José Aguilera, quienes pagaron 9 mil 744.28 millones de pesos. En la auditoría sobre la venta, la Contaduría Mayor encontró que:

-En la convocatoria se indicó que se subastaban las acciones de la serie A, que representaban el 31 por ciento del capital social pagado de Banamex SNC; al conjunto de esas acciones se le designó ``primer paquete''. Como se puede apreciar, la publicación de la convocatoria (el 3 de julio de 1991) fue anterior a la transformación de los certificados de aportación patrimonial en acciones, lo cual aconteció el 17 de agosto de 1991, fecha en que surtió efectos el decreto de transformación.

-Entre la modificación a la convocatoria y la fecha fijada originalmente para la presentación de posturas, no existieron los 15 días de anticipación a que obligaba el punto 7 de las ``bases generales'' y el punto 3.2 de la propia convocatoria.

-El decreto por el que se transforma Banco Nacional de México de Sociedad Nacional de Crédito en Sociedad Anónima se expidió con un desfase de 32 días respecto del plazo que establecía el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito.

-La convocatoria para la subasta de los títulos representativos del capital social propiedad del gobierno federal de Banco Nacional de México fue publicada con 42 días de anticipación a la transformación de la institución de Sociedad Nacional de Crédito en Sociedad Anónima y, por tanto, de los certificados de aportación patrimonial en acciones. Como se puede apreciar, el objeto materia de la convocatoria estaba condicionado a un hecho futuro.

-El finiquito celebrado entre el comité de desincorporación y el comprador Grupo Financiero Banamex-Accival, en el que se acordó un ajuste en el precio de venta, como resultado de la auditoría de compra, se formalizó antes de que la CIGF emitiera el acuerdo correspondiente a tal devolución. El gobierno reembolsó a los compradores 283 millones de pesos.

-Se hace notar que el convenio de finiquito se celebró -15 de mayo de 1992- antes del acuerdo de la CIGF -8 de junio de 1992