Un hecho atractivo del nuevo escenario público es la aparición de ciudadanos que, como diría Gabriel Zaid ``no son ni revoltosos ni dejados'' y quieren participar, pero no en los partidos existentes. Como es natural, estos ciudadanos nos estamos agrupando porque sin organización no puede hacerse eficazmente política. Según datos, las agrupaciones no partidarias rebasan la interesante cifra de 5 mil, aunque podrían llegar a 7 mil 500. La respuesta del gobierno y de los grandes partidos con registro ha sido ambivalente. A la vez que se les reconoce como positivas y se regulan en el nuevo Cofipe simultáneamente parece que se quieren aniquilar, quitarles todo peso en la política mexicana.

En todos los procesos de transición, los partidos, aún los opositores, que sobreviven a un autoritario se desgastan. Surgen nuevos grupos y actores y la demanda de participación crece en todas las franjas sociales.

Ningún sistema democrático puede fortalecerse sin partidos fuertes, pero un nuevo sistema requiere de nuevos actores y probablemente de nuevos partidos. El Estado y los grandes protagonistas deben entender que este fenómeno es absolutamente sano e inevitable.

En el primer momento de la negociación de la reforma electoral pareció entenderse así. Tanto en las negociaciones del Seminario de Chapultepec como en los acuerdos de Bucareli y en el primer texto del proyecto de ley, se reconoció la existencia de asociaciones ciudadanas y su capacidad potencial para coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática y en la cultura política, así como en la creación de una opinión pública mejor informada.

Con buen sentido se distinguió entre la multitud de asociaciones que con los más diversos propósitos que han ido surgiendo de aquellas orientadas a la política e incluso que deseaban participar en elecciones. A éstas se les autorizó a competir si se asociaban a partidos políticos con registro, lo que era correcto porque no se trataba de debilitar a éstos sino de dinamizar la atmósfera política.

Sin embargo a la hora buena empezó a surgir un ánimo mezquino en los legisladores. Como si trataran de dejar sin contenido a la nueva institución que consagraban:

1) Se exigió como número mínimo para conceder el registro a las agrupaciones el de 7 mil asociados en el país con un órgano directivo nacional y delegaciones y el establecimiento de delegaciones por lo menos en diez entidades federativas. Requisitos excesivos porque las agrupaciones ciudadanas por serlo no tienen recursos ni apoyos logísticos.

2) Se confundió la naturaleza de las agrupaciones y se les identificó como partidos políticos enanos. Se pretendió que su fin era básicamente electoral cuando sus objetivos son mucho más variados y distintos. Se les puso como requisito que hicieran su solicitud en el mes de enero del año anterior de la elección. Por lo que se redujo a dos oportunidades de 30 días cada una y por cada sexenio para inscribirse y adquirir la personalidad jurídica y política y el pequeño financiamiento que les concede la ley.

3) Como si fuera poco y debido a la lentitud y desaseo en que se negoció la reforma electoral en un artículo transitorio, el plazo para las primeras agrupaciones se redujo a 15 días hábiles cuando a los partidos se les concede 90. El consejo general del IFE empeoró las cosas al exigir que se demostrara con ``documentos fehacientes'' y en ese término angustioso la existencia a menos de las diez delegaciones y de sus domicilios, del órgano directivo a nivel nacional y en documentos autógrafos las 7 mil solicitudes de afiliación en orden alfabético y por estados. Un aparato documental enorme. El consejo pudo haber flexibilizado estas normas absurdas pero no lo hizo.

En estas condiciones ¿podrán registrarse auténticas agrupaciones de ciudadanos? Me permito dudarlo, sin embargo se está dando vías a partidos que no tuvieron capacidad para registrarse como tales y que no representan opciones verdaderas para que regresen a la arena política (lo que les veda la nueva ley) por la puerta falsa de las agrupaciones. No sólo irán al espacio público al que tienen derecho sino buscarán el ``financiamiento'', ¿para qué más comentarios?

Quizá algunas agrupaciones genuinas han tenido la previsión, vitalidad, capacidad organizativa para lograr construir su montaña de papel, y estar listas para completar los trámites burocráticos y obtener el registro. Si no pueden hacerlo tendrán que esperar hasta enero de 1999 para gozar de otros 30 breves días para presentar sus solicitudes y hacer valer sus derechos. Sería vergonzoso para todos que esta innovación importante de la nueva ley quedara sin efectos cuando más se le necesita, en el periodo inicial de la transición

* El autor es miembro de la Agrupación Causa Ciudadana en proceso de * formación.