La celebración de la Novena Jornada Mundial de Lucha contra el Sida, realizada ayer en todo el planeta, es una oportunidad para reflexionar sobre las actitudes que el gobierno y los diversos sectores de la sociedad han adoptado ante la alarmante expansión de la epidemia en nuestro país.

Por principio de cuentas, es pertinente subrayar que la progresión de este padecimiento hasta ahora mortal e incurable no puede ser visto como un problema moral y que, en consecuencia, las formas reales de enfrentarlo no tienen nada que ver con la política del avestruz que proponen la Iglesia católica y algunas agrupaciones conservadoras. Evadir el tema e imponer a la totalidad de la población un modelo de comportamiento sexual aprobado por El Vaticano es imposible; pero si no lo fuera, atentaría gravemente contra derechos y libertades individuales e implicaría una injustificable intromisión de las instituciones públicas en la vida privada de los ciudadanos.

Por el contrario, el combate eficaz de la epidemia requiere la realización de programas de educación sexual, empezando por los niveles de educación básica, y por campañas extensas y masivas, dirigidas al conjunto de la población de jóvenes y adultos, en las cuales, sin pretender orientar las creencias ni la moral de nadie, se expongan nociones básicas sobre la mecánica de la enfermedad, se alerte sobre las prácticas sexuales riesgosas, se aliente el uso del condón y se explique la forma adecuada de usarlo.

Es necesario apuntar que el desempeño de las autoridades de salud federales y estatales es, a este respecto, por demás deficiente, y que el vacío creado por la inacción gubernamental en los terrenos de la información y la prevención ha sido hasta ahora cubierto en forma meritoria, pero insuficiente, por organizaciones emanadas de la propia sociedad civil.

Ciertamente, parte de la responsabilidad por esta falta de acción es atribuible a la intensa presión ejercida por la jerarquía católica y los grupos moralistas para impedir que el Estado desarrolle las campañas preventivas necesarias. Pero es cierto, también, que ha faltado determinación en el gobierno para resistir a esos chantajes, reconocer la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. Esto resulta particularmente urgente en zonas urbanas de bajos recursos y en diversas regiones rurales del país, en las cuales los casos de sida están creciendo a un ritmo alarmante.

En otro sentido, las acciones contra la epidemia no sólo deben limitarse al terreno educativo y a la prevención del sida, sino también a crear las condiciones sanitarias, hospitalarias, farmacológicas y culturales que aseguren a los seropositivos y a los enfermos de VIH condiciones dignas de vida. Ello implica, por una parte, asegurar el abasto de los medicamentos que contribuyen a inhibir el desarrollo de la enfermedad entre la población infectada, pero también combatir toda forma de discriminación contra los enfermos y asegurar que sus derechos humanos, laborales, civiles y políticos sean puntualmente respetados.