El país ha asistido a hechos que, de una u otra forma, afectan el quehacer político y, consecuentemente, a la política como instrumento privilegiado para dirimir controversias, para generar acuerdos que acerquen posiciones, y para construir una institucionalidad que permita una convivencia social y política basada en la participación y el consenso.

Como ocurre en otras latitudes, la vida política parece impregnarse con mayor frecuencia de una mercadotecnia en la que todo se vale, que subraya la descalificación del oponente pero carece de diagnósticos y, más aún, de propuestas, que impone imágenes y eslogans efectistas. Un manejo de acuerdo al cual se privilegian las apariencias sobre las esencias. Semejante visión da la razón a Milan Kundera cuando dice que los políticos no se dedican ya a hacer su tarea (que es cumplida por las inercias burocráticas) sino a inventar frases a través de las cuales serán recordados. Lo que resulta de esto es la degradación de la vida política.

Es alentador, por otra parte, asistir a la emergencia de tendencias que van abriéndose camino hacia la reconstrucción del espacio público y la dignificación de la política, y que pueden encontrarse en actitudes, declaraciones y acciones, lo mismo de grupos sociales diversos, de organizaciones más establecidas, que de los mismos partidos políticos. Ya sea partiendo de las preocupaciones de la vida cotidiana o abordando los grandes temas nacionales, avanzan, no sin obstáculo, renovadas actitudes en favor de una cultura cívica y democrática que regenere la moralidad pública de la nación.

En esta perspectiva abonada por pequeñas y grandes luchas diarias, se vislumbra un gran potencial humano, intelectual y político para la regeneración del país; el convencimiento y la voluntad por parte de muy diferentes agrupamientos sociales, de pasar del cuestionamiento e incluso la crítica fundamentada a la construcción de alternativas viables y que cuenten con consenso social.

Es por ello que entre los imperativos fundamentales que se nos presentan, están el reencuentro entre la vida privada y el ámbito público, la superación de la desconfianza en el quehacer político que se manifiesta en fenómenos como el abstencionismo electoral, el rumor y la violencia; la revaloración de los medios de la democracia; el diálogo, el entendimiento, el establecimiento de compromisos y la corresponsabilidad en los asuntos de interés general.

A ello apuntan los avances en materia de reforma electoral, la profundización del diálogo en Chiapas, las nuevas relaciones entre los poderes de la Unión, el mayor pluralismo en los medios de comunicación, el desarrollo de iniciativas ciudadanas sobre asuntos de interés particular y nacional, la gestación de una cultura cívica...

Estamos en presencia, y éste es un dato fundamental del nuevo escenario nacional, de tendencias sociales, culturales y políticas que vinculan de manera definida las demandas de justicia y equidad social, de respeto a la autonomía de las organizaciones sociales y las comunidades, con la reivindicación de la democracia representativa y de la democracia participativa. En este campo el gobierno, los partidos políticos, las organizaciones sociales de diferente tipo y los organismos no gubernamentales tienen la gran responsabilidad de que su actuación cotidiana y sus relaciones sean ejemplo de las vías a través de las cuales se puede dignificar la política.

Para avanzar en esta dirección, los actores políticos y sociales están llamados a conducirse con congruencia, claridad y efectividad. Los partidos están abocados a organizar a la ciudadanía a partir de sus necesidades y expectativas para actuar políticamente --aunque es importante reconocer que no son el único especio de acción política-- y son parte imprescindible de la institucionalidad democrática; las organizaciones sociales, por su parte, se sitúan en el campo de las demandas y reivindicaciones inmediatas de la población, donde pueden actuar con mayor flexibilidad y como interlocutores eficaces ante las autoridades gubernamentales, constituyéndose en un vehículo de politización en apoyo a la labor de los partidos; los ciudadanos, a su vez, tienen la responsabilidad de participar individual y colectivamente en el rumbo de los asuntos públicos.

La dignificación de la política, a la que concurren los mejores esfuerzos e inteligencia de los partidos políticos, las organizaciones cívicas y sociales y los ciudadanos en lo individual, constituye una de las reservas fundamentales de un México democrático, justo y soberano.