Priístas, contra la política económica
Rosa Icela Rodríguez y José Gil Olmos Diputados del sector popular del Partido Revolucionario Institucional expresaron severas críticas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997, por considerar que ``es una estrategia de ajuste, donde el gasto público favorece a los sectores privilegiados y deja desprotegidos a los grupos sociales más necesitados. Es una política económica, en suma, que no refleja una visión de Estado y que puede romper el tejido social de la Nación''.
En un análisis previo a la discusión del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados, los legisladores priístas sostuvieron que ``para darle carácter de Estado, la estrategia económica de este país, empezando por la politica presupuestal, debe ser pactada e incluyente, abarcando a todos los grupos sociales del país y a los partidos políticos''.
Aseveran que cuando el gobierno habla de ``la necesidad de desmantelar al Estado benefactor o intervencionista, en realidad se está hablando de eliminar los apoyos y subsidios para los mexicanos que verdaderamente lo necesitan''.
En resumen: ``la distribución del gasto en el presupuesto de 1997 da a los ricos todas las ventajas, apoyos y protecciones del Estado benefactor. A los pobres, en cambio, la disciplina aleccionadora del mercado''.
El documento de once cuartillas indica que el proyecto de presupuesto ``trata de continuar con la estrategia de ajuste, estabilización económica y rescate del sistema financiero, y procurar cierta recuperación de la actividad productiva, sin que ello se traduzca en mejoras significativas del nivel de empleo y del salario real''.
En una palabra, dice, se trata de más de lo mismo. La mayoría de los mexicanos no puede esperar prácticamente nada de la estrategia económica para 1997 en cuanto a la recuperación de sus niveles de vida.
Consideran que resulta altamente preocupante que las cargas sociales del ajuste se sigan distribuyendo en la misma forma inequitativa e injusta de los años anteriores. Y subrayan: ``no nos engañemos: se trata de un proyecto presupuestal que refuerza las tendencias a la concentración del ingreso y a la profundización de la pobreza''.
Denuncian que el gasto programable para 1997 será inferior al de este año como proporción del producto interno bruto, es decir, del 16.1 por ciento en 1997 en comparación con 16.3 por ciento en 1996.
En el texto de circulación restringida entre los priístas se asegura que la propuesta de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ``privilegia el apoyo a los grupos económicos vinculados con el funcionamiento del sistema financiero en perjuicio de los recursos que se canalizan al fomento productivo y al desarrollo social del país''.
Claramente acusan que los beneficiados son sólo rentistas y especuladores financieros, los tenedores externos e internos de deuda gubernamental, y sobre todo el pequeño pero influyente sector de los accionistas bancarios. De esta manera ``premia y subsidia a la inversión financiera y especulaltiva y desatiende a la inversión social y productiva que tanta falta hace''.
En ese contexto se quejan de que el presupuesto para el desarrollo social refleja un orden de prioridades que no tienen un claro sentido de equidad y que hace prever una profundización de las desigualdades sociales y la pobreza.
Citan que ``como aparente muestra del compromiso estatal con la equidad y la justicia social se nos dice que el gasto social va a crecer 9.3 por ciento en términos reales en 1997. Sin embargo, en realidad se sobrestima la magnitud del incremento que realmente se va a dar''.
Luego, en una abierta crítica replican: ``que no nos vengan a decir que aumentó el gasto social cuando lo que se va a hacer es sobre todo pagar salarios, cuando no se va invertir en más clínicas, ni en medicamentos para quien más lo necesita''. Y, añaden, ``sabemos que en un contexto de mayor deterioro social, como el actual, no habrá un aumento de oferta de servicios sociales para la población de menores ingresos del país''.
Por lo anterior, exigen a los encargados de la política económica: ``¡Qué digan la verdad!''
En el mismo tono cuestionan que ``el gasto destinado a la superación de la pobreza sea, a todas luces, insuficiente'' y preguntan ``¿cómo es posible que a un monto presupuestal que ya era de por sí exiguo hace unos años, le suceda un gasto todavía más pequeño, ínfimo? Lo que nos lleva a la ofensiva cifra de 10 pesos por pobre que manejó, sin rubor alguno, el vocero oficial de la Secretaría de Hacienda''.
Los legisladores señalan que la política económica del gobierno no ha logrado hacer disminuir la gravedad y la amplitud de los problema de marginalidad y desigualdad en el país.
Añaden que ``es un proyecto que más allá de la cortedad de metas y la ausencia total de imaginación, pone en evidencia la distribución totalmente inequitativa del ajuste fiscal y muestra la inexistencia de un compromiso social sólido con los más desprotegidos''.
El grupo de diputados priístas no se limita en decir que ``el presupuesto del 97 otorga a los grupos privilegiados la opción de una segunda oportunidad cuando los negocios no resulten, en cuyo caso hay la posibilidad de que la sociedad absorba las pérdidas a través de incrementos a los impuestos y a los precios a la gasolina, o mediante la reducción de partidas al gasto social''.
En cambio a los desprotegidos, aseguran, el gobierno los somete a la regla de oro del mercado y el liberalismo extremo: ``cada quien es individualmente responsable de su suerte y el Estado no debe intervenir en el libre juego de las impersonales fuerzas de la concurrencia''.
En el extremo critican los priístas: ``privatización de ganancias, pero socialización de pérdidas para unos, los más fuertes. Privatización de pérdidas y elimina- ción de la responsabilidad social y estatal, para los débiles. ¿Es esa la divisa que inspira la actual estrategia de reforma del Estado de la que tanto hemos oído hablar?''.
Ellos mismos responden: ``en la práctica eso es lo que nos sugiere ese proyecto, prefigurando así una tendencia que potencialmente puede acabar por romper el tejido social en que se sustenta el tejido de nación y Estado en México''.
Destacan como principal defecto del proyecto de presupuesto ``la incapacidad para generar fórmulas que permitan ir resolviendo los problemas económicos más importantes y urgentes del país, que por cierto no se agotan en la inflación, en forma tal que se posibilite la reducción de la desigualdad y la pobreza''.
Hacen hincapié en que las estrategias de ajuste similares a las de México están ``muy desacreditadas'' y, en cambio, proponen que la estrategia económica que mejor funciona ``debe negociarse, porque ya pasaron los tiempos en que las políticas se decidían de manera unilateral''.
Finalmente, los priístas sostienen que el compromiso con la justicia social y la equidad debe ser refrendado en épocas de crisis porque, sobre esta base es como se construyó el Estado mexicano. Y concluyen que ``el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997 no refleja, en ese sentido, una visión de Estado, sino una perspectiva sesgada en lo económico y en lo social''.