En 24 meses se apagó la estrella del primer panista en el gabinete

Elena Gallegos En marzo de 95, cuando apenas tenía tres meses al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Lozano Gracia estaba en la cúspide: había conseguido dar otro curso a la investigación del crimen de Luis Donaldo Colosio, tenía ya en la cárcel a Raúl Salinas de Gortari y había desenmascarado a Marcos... pero no tardaron en llegar los descalabros.

Las expectativas creadas en ese intenso marzo de agitación y triunfos se fueron desmoronando: la PGR no logró convencer a los jueces de su hipótesis del segundo tirador en el caso Colosio; la persecución a zapatistas no tardó en convertirse en revés político para la administración y las pesquisas del crimen de José Francisco Ruiz Massieu terminaron en un macabro sainete de osamentas y clarividentes.

El ex procurador, en una tarde taurina
Foto: Archivo de La Jornada

La PGR de Lozano también fracasó en los cuatro intentos por extraditar a Mario Ruiz Massieu, a quien acusó, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito y de delitos contra la administración de la justicia, cometidos cuando, como subprocurador, investigó el crimen de su hermano.

Si bien es cierto que durante la gestión de Lozano se logró la aprehensión de algunos de los más afamados capos y lugartenientes de los cárteles de la droga en México --como Juan García Abrego, Héctor Luis Palma El Güero y los hermanos Pedro y Gerardo Lupercio--, también lo es que en el último año se dio una de las más cruentas luchas por el control territorial de las mafias, en la que murieron 17 comandantes y agentes judiciales federales.

En el haber del ex procurador puede anotarse la restructuración de la PGR, el despido de 800 agentes de la Policía Judicial Federal sobre los que recaían sospechas --aunque más de 100 tuvieron que ser reinstalados--, la expedición de un marco jurídico para perseguir el crimen organizado y el inicio de un ambicioso programa de profesionalización de la Policía Judicial y los agentes del Ministerio Público.

El nombramiento de Antonio Lozano Gracia, destacado militante de un partido de oposición, como procurador general de la República --cuando Ernesto Zedillo lo distinguió, aquél ocupaba la Secretaría General Adjunta del PAN--, fue motivo de orgullo en el discurso presidencial durante estos dos primeros años de gestión.

``A ver a quién se le ocurren cosas más fuertes de las que yo he hecho al nombrar a un procurador de un partido distinto al mío y respetar su absoluta independencia. ¡Si alguien tiene una idea mejor, que la diga!'', defendía el Presidente su decisión.

Argumentaba que con la designación de un abogado honesto, que era además coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, buscaba devolver credibilidad a las instituciones encargadas de administrar la justicia y a las investigaciones en torno a los crímenes políticos.

Pero sobre todo, el presidente Zedillo reiteraba que el procurador gozaba de total libertad para resolver los casos que, desde la pasada administración, estaban pendientes y que tanta inquietud causaban en la sociedad.

Las expectativas creadas no se cumplieron. Lozano Gracia había aceptado el desafío de hacerse cargo de una de las dependencias más desacreditadas y las cosas acabaron mal para él.

Antes, en ese marzo del 95, de agitación y triunfos, Lozano ya tenía en su récord haber dado forma a una nueva hipótesis en torno al homicidio del candidato del PRI a la Presidencia de la República: la del segundo tirador, que sustituyó a la cuestionada tesis del asesino solitario.

El 24 de febrero, los hombres al mando del entonces fiscal especial, Pablo Chapa Bezanilla, habían detenido en Tijuana a Othón Cortés Vázquez, a quien se acusó de haber realizado el segundo tiro contra Luis Donaldo Colosio.

Por si fuera poco, el equipo a cargo del fiscal Pablo Chapa Bezanilla aseguró que el autor intelectual del crimen del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, había sido ni más ni menos que el hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari: Raúl.

La aprehensión de Raúl Salinas de Gortari y su traslado al penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, el 28 de febrero de 1995, desencadenaron un escándalo político sin precedentes, que llevó a las primeras planas de todos los diarios versiones de un distanciamiento entre el presidente Zedillo y su antecesor.

En círculos oficiales comenzó a mencionarse que Carlos Salinas de Gortari saldría en cualquier momento del país en una especie de exilio. Así fue. Pero antes, el ex mandatario protagonizó una huelga de hambre que tuvo como escenario San Bernabé (en la periferia de Monterrey), una de las miles de colonias populares tan socorridas por el programa estrella de su administración: el Pronasol.

La fama de Lozano y sus investigadores trascendió fronteras, pero poco tiempo hubo para el festejo. Ante una opinión pública urgida de grandes hallazgos, que exigía más y más, los fracasos se sumaron uno tras otro.

Acerca de los asesinatos políticos, la PGR no convenció a los jueces de la supuesta participación de Othón Cortés en el crimen de Colosio. Cortés goza ya de libertad, igual que Fernando de la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa, a quienes Chapa acusó de falsear declaraciones sobre los hechos de Lomas Taurinas.

Los jueces dejaron libres además a Tranquilino Sánchez Venegas y a Vicente y Rodolfo Mayoral, a quienes se les implicó en el complot desde que Miguel Montes García ocupó la fiscalía especial.

En corto, altos funcionarios de la PGR, a cuyo frente estaba el panista, justificaban lo anterior al señalar que los anteriores fiscales había presentado muy mal los casos de estos tres ex policías de Tijuana.

Lozano Gracia, quien a recomendación del abogado Juan Velázquez invitó a Chapa Bezanilla a trabajar con él, tuvo que relevar a éste de la investigación del caso Colosio luego de haber varios reveses.

Fue hasta que Chapa dejó la investigación cuando se citó a declarar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y a su jefe de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya.

Sin embargo, el fiscal siguió como responsable del caso Ruiz Massieu. Amante de los grandes despliegues, Chapa no tardó en dar un nuevo y espectacular golpe que, como todos los que le antecedieron, no tardó en ser puesto en entredicho.

El 9 de octubre, un hallazgo conmovió a la opinión pública: en un jardín de la finca El Encanto --propiedad de Raúl Salinas-- fueron descubiertos restos humanos. Se dijo entonces que eran de Manuel Muñoz Rocha, el supuesto cómplice de Salinas en el crimen de Ruiz Massieu.

Lleno de vanidad, frente a los reflectores, Chapa Bezanilla quiso aparentar humildad: ``Yo sólo doy los pases para que mi jefe anote el gol''.

Como parte de esta historia de horror se hizo circular la versión de que dichos restos habían sido encontrados gracias a los testimonios de una vidente --La Paca-- y de la ex amante de Raúl Salinas, la española María Bernal.

Luego se filtró a la prensa que, en realidad, todo se había descubierto porque un tal Ramiro Aguilar Lucero presenció cómo Raúl Salinas ultimó con un bat a Muñoz. Nada, hasta ahora, se ha podido probar. En cambio, creció la sospecha de que los restos podían haber sido sembrados.

Esto a raíz de la declaración de uno de los testigos claves (por lo menos así lo presentó la PGR), el teniente coronel del Estado Mayor Presidencial, Antonio Chávez Ramírez, jefe de escoltas del hermano mayor del ex presidente, y quien, a final de cuentas, negó lo dicho por Aguilar Lucero. Con ello todo volvió a ser tan endeble como al principio.

Entre que si los restos son o no de Muñoz Rocha, la PGR se enredó en una desagradable disputa de dimes y diretes con la defensa de Salinas de Gortari, a tal grado que se anunció una posible acción penal contra quien la encabeza, Eduardo Luengo Creel, y se determinó orden de aprehensión contra otro miembro de la misma, Roberto Hernández Martínez.

Respecto al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la PGR de Lozano Gracia no fue más allá de la tesis que, desde el inicio, defendió Jorge Carpizo: el crimen del prelado había sido producto de una confusión durante un tiroteo.

En realidad, se argumentó, los gatilleros iban tras Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, con quien los capos del cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix --a quienes tampoco se pudo atrapar--, buscaban finiquitar viejas rencillas.

Todavía más: cuando en mayo de 1995 fue asesinado el ex procurador de Justicia de Jalisco, Leobardo Larios Guzmán, y luego de que se anunciara el mismo día que tres de los autores habían sido detenidos, la PGR tuvo que recular.

Un día después, en conferencia de prensa, Lozano Gracia informó, tras las disculpas del caso, que los supuestos sospechosos --detenidos en Tijuana y traslada-- dos a Guadalajara-- habían sido liberados.

Hasta el gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, rectificó el rumbo de las investigaciones e hizo notar que la falla en ellas había partido de la dependencia que dirigía su correligionario.

Incluso, los grandes logros, como la aprehensión de Juan García Abrego, no tardaron en ser cuestionados. La caída del jefe del cártel del Golfo se atribuyó a pesquisas efectuadas por la DEA. Asimismo, al Ejército se dio todo el mérito por la aprehensión del Güero Palma, si bien ésta fue posible por una falla en el avión en el que viajaba el presunto narcotraficante.

Como si no fuera suficiente, Lozano enfrentó una encarnizada crítica del priísmo, que siguió con lupa su actuación al frente de la PGR. La historia del primer opositor en el gabinete no terminó bien ni para él ni para el PAN ni para nadie.

Hace unas semanas, en Argentina, uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de ese país expresó inquisitivo: ``¿De veras es autónomo el procurador?'' Como respuesta, Ernesto Zedillo recordó lo que le dijo a Antonio Lozano el día que lo invitó a sumarse a su gabinete: ``Usted viene a trabajar en cumplimiento de la Constitución y habrá dos momentos en que usted y yo tendremos acuerdos: éste, el del nombramiento, y cuando usted tenga que dejar el cargo''.

Este lunes tuvo lugar el otro acuerdo del que le habló el presidente Zedillo al procurador panista: el del relevo.