EL DESPIDO

La destitución del hasta ayer procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, y de su equipo de colaboradores, obliga a repasar el desempeño de quien fuera el primer abogado de la Nación surgido de las filas opositoras a lo largo de los dos años en los que estuvo en el cargo.

En ese lapso, Lozano, Chapa Bezanilla y otros altos funcionarios de la PGR dispusieron de todo el apoyo político y de todos los recursos necesarios para realizar sus tareas. Las más significativas de estas encomiendas eran, además del saneamiento de la institución --en términos operativos, pero también en términos de su credibilidad-- y del combate al narcotráfico, el esclarecimiento de los crímenes de Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

En las dos primeras los logros del procurador panista son cuestionables: el despido de casi 800 policías judiciales no dio los resultados esperados y la PGR sigue experimentando un severo descrédito a ojos de la población; por otra parte, y a pesar de la captura de importantes capos de la droga, en estos 24 meses la violencia vinculada al narcotráfico ha crecido considerablemente. Dos muestras de ello son, por un lado, los 17 comandantes y efectivos judiciales asesinados en el curso de este año en el marco de los ajustes de cuentas que parecen tener lugar en torno al cártel de Tijuana y, por el otro, el hecho de que sólo esta semana los conflictos del narco han cobrado más de una decena de vidas en Durango, Guadalajara y Culiacán.

En cuanto a las investigaciones de las muertes de Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu, la gestión de Lozano refleja, por decir lo menos y concediéndole el beneficio de la duda, ineptitud: si se exceptúa la detención y consignación de Raúl Salinas de Gortari por su presunta autoría intelectual del tercero de esos crímenes, Lozano Gracia y Chapa Bezanilla no lograron, en estos dos años, más que introducir una vasta confusión en la opinión pública.

Ciertamente, en lo que se refiere a las pesquisas por los homicidios mencionados, el ex procurador panista heredó de sus antecesores en el cargo un cúmulo de torpezas y desaseos. La llegada de un político opositor a la PGR generó expectativas de que las erráticas o distorsionadas investigaciones podrían enderezarse y ser llevadas a buen término. Pero, a dos años de distancia, es obligado decir que Lozano y su equipo no sólo no consiguieron remontar el descrédito y la inoperancia de la institución, en general, y el empantanamiento de esas tres pesquisas, en lo particular, sino que agravaron significativamente las cosas.

La pauta de este agravamiento puede percibirse en el empeño de los altos funcionarios de la PGR por recurrir a las filtraciones sistemáticas y a polemizar en los medios con los acusados y con sus defensores; en los injustificables fracasos de la PGR en los juicios de extradición de Mario Ruiz Massieu --sólo comparables a las pifias cometidas el sexenio pasado cuando se intentó regresar al país a González Calderoni--; en el desmoronamiento de la acusación contra Othón Cortés, a quien Lozano y Chapa consideraban el ``segundo tirador'' en el homicidio de Colosio; en el deplorable y poco convincente espectáculo de exhumaciones y videntes, en el caso Ruiz Massieu; y, para finalizar, en el involucramiento del procurador en el fársico debate público sobre la identificación del esqueleto desenterrado.

Una de las más reprochables fallas de la Procuraduría de Lozano es el indebido manejo que se dio a información proporcionada por la Procuraduría suiza acerca de movimientos de fondos de Raúl Salinas, manejo que ha provocado un indeseable conflicto internacional.

En el caso Colosio, es revelador que los únicos avances realizados en estos 24 meses --los citatorios a José María Córdoba y a Carlos Salinas de Gortari-- hayan sido realizados por un fiscal especial que, por instrucciones presidenciales, sustituyó recientemente en el caso a Chapa Bezanilla.

En el fondo, y más allá de la remoción de Lozano y de los suyos, resulta alarmante que el máximo organismo de procuración de justicia del país siga experimentando un proceso de inoperancia, deterioro y descrédito que viene de mucho antes de que el panista ahora cesado llegara a encabezar la institución.

Ciertamente, la llegada de Jorge Madrazo Cuéllar, un hombre sin filiación partidaria, a la PGR abre una nueva etapa para la institución. Cabe esperar que, ahora sí, y por el bien de la moral pública y de la solidez institucional, se logre llevar a buen término las investigaciones de los asesinatos que conmocionaron al país en años recien- tes y se pueda dotar a esa dependencia de eficacia, credibilidad y limpieza.

Finalmente, no puede dejar de señalarse que la gestión de Lozano al frente de la PGR terminó siendo gravosa para todos: para la Nación, en primer lugar, pero también para el partido político del ex funcionario, y para el gobierno federal, el cual habrá de pagar un costo político por no haber removido antes al abogado panista, el cual, mucho antes de que se diera a conocer su destitución oficial, ya había sido cesado por la opinión pública.