De aprobarse las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas se habrán conquistado, tanto una victoria de la memoria contra el olvido como un paso firme hacia la reforma del Estado. De entrada porque el EZLN y el movimiento indígena habrán logrado que la sociedad reconozca que el Estado no puede seguir negando la existencia de millones de mexicanos que han sido un pilar fundamental de nuestra nación. De salida, porque este reconocimiento significaría una modificación sustancial del pacto social que la nueva legislación reflejará con nitidez.

Al mismo tiempo, marcaría un precedente muy importante para el país en su conjunto. La reforma indígena será el resultado no sólo del acuerdo entre un grupo de dirigentes de los partidos políticos, sino de la confluencia de varios elementos articulados por el levantamiento armado zapatista; el desarrollo de un vigoroso movimiento indígena nacional con claridad programática, la simpatía y movilización de amplias franjas de la sociedad civil, la presión internacional, y una tímida sensibilidad sobre la problemática indígena al seno de la clase política. El EZLN abrió una vereda por la que ha decidido transitar la mayoría de los indígenas mexicanos, preservando su autonomía y sus formas organizativas. Ha demostrado que se puede ganar sin necesidad de negociar en condiciones vergonzosas, como iguales, de manera digna.

La reforma indígena será un rayo de luz en la negra noche de las contrarreformas legales y el neoliberalismo. Una recuperación de las mejores tradiciones presentes en el Constituyente de 1917. Más aún, después del mal sabor de boca que dejó la triste reforma electoral aprobada en solitario por el PRI. Una parte significativa de las modificaciones constitucionales de los últimos años se han realizado al margen y en contra de los intereses de la sociedad. Baste recordar las amargas modificaciones al artículo 27. Estaríamos aquí a contracorriente de esta tendencia y frente a un primer triunfo significativo de un sector social condenado desde el Poder a desaparecer. Tendríamos, asimismo, una enseñanza, tanto para otros sectores sociales en búsqueda de democracia y otro desarrollo, como para los profesionales de la política. De ser asimilada, podría ser de gran utilidad para una actuación política en función de los intereses de la sociedad.

Las reformas serán simultáneamente un punto de llegada del movimiento indígena y un punto de partida. Punto de llegada porque en ellas se sistematizan aspiraciones, proyectos y una plataforma organizativa para desarrollar el movimiento. Punto de partida porque permitirán reconstruir tanto la demanda como al actor. Porque le darán al movimiento una nueva centralidad, armas diferentes y un ``espacio de legitimación'' que no tenía para resolver viejas demandas. Permitirán ``amarrar'' un triunfo. Las franjas menos maduras tendrán un gran ``hueco'' para llenar. Con ellas se abrirá un ciclo amplio de movilizaciones indígenas. De aprobarse, la Ley será un paraguas para que los pueblos se reconstruyan.

Las reformas indígenas apuntan a una nueva forma de construir la nación mexicana al reconocer como principio constitutivo de éstas también a los pueblos indios. Abren el camino para una recomposición de las relaciones de poder a favor de éstos. Facilitan una real descentralización del poder, que no es sólo de carácter administrativo, y, a fin de cuentas, no sólo para los indígenas; impulsan el fortalecimiento de los municipios y la construcción de representaciones políticas al margen de los partidos con registro. En resumen, los indígenas se colocan en la avanzada de una serie de conquistas de derechos sociales, lo que propicia que, muy pronto, puedan encontrarse al lado de otros sectores de la población que comparten problemáticas y demandas similares. El ``paraguas'' legal que abren es más amplio que los propios pueblos indígenas.

En el camino, la aprobación de las reformas quitaría un ``bache'' a la suspensión del Diálogo de San Andrés y reforzaría la vía política para la solución del conflicto. Acercaría las posibilidades de acordar una paz con justicia y dignidad.

Al constituirse la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), los legisladores señalaron que entendían su actuación como un paso hacia la reforma del Estado. El Poder Legislativo tiene ahora en sus manos la posibilidad de hacer realidad ese planteamiento. Aprobar las modificaciones constitucionales implicará dar un paso sustancial hacia una verdadera transición a la democracia de la única manera que ésta es posible: con el concurso de la sociedad.