Plantea la IP a Zedillo recortar todavía más el sector público
Patricia Muñoz Ríos Reorientación del gasto, reducción del tamaño del sector público, autonomía del Banco de México, reforma fiscal integral y la instrumentación de medidas para fomentar la inversión, son algunas de las demandas planteadas por el sector privado al presidente Ernesto Zedillo.
En su Propuesta para un desarrollo sostenible en el largo plazo, presentada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al jefe del Ejecutivo, este sector plantea que los referidos cambios son necesarios a fin de ``reducir el llamado costo país, propiciar una distribución más equitativa de la riqueza, lograr una efectiva desregulación, así como el crecimiento económico sostenible''.
En su larga lista de peticiones de fin de año, el sector privado nacional apunta que, en materia económica, el actual gobierno tiene que promover la creación de un marco institucional que propicie el fomento a la libre iniciativa, así como una nueva cultura empresarial y laboral.
En opinión de los hombres del dinero, una de las principales medidas que tiene que tomar la actual administración es el redimensionamiento del tamaño del sector público, es decir, achicarlo de acuerdo con la situación actual de la economía del país.
De igual forma, considera que se tiene que reorientar el gasto público, disminuir el corriente y aumentar el de inversión para atender en forma adecuada la ampliación de la infraestructura.
Insistió el CCE en que es necesaria una reforma fiscal integral, con impuestos generales equitativos y proporcionales, que incluya la simplificación drástica de la reglamentación en la materia, y reiteró que una condición necesaria es la autonomía del Banco de México en el manejo de la política cambiaria para mantener una paridad competitiva a nivel internacional.
Además, este sector pidió apoyo para la planta productiva nacional, tanto para el campo, como para los servicios y la industria, poniendo especial énfasis en las pequeñas y mediadas empresas, así como instrumentar reformas institucionales necesarias para inducir el ahorro interno y la inversión.
En el documento se señala que las instituciones gremiales que conforman el Consejo Coordinador Empresarial consideran que tienen el ``deber moral'' de participar en el diseño de la política económica del país.
En lo que se refiere al ámbito social, proponen que se continúe con los aspectos de solidaridad y subsidiariedad, dando prioridad a los rubros de educación, seguridad pública, salud y erradicación de la pobreza extrema.
Sobre este último punto el Consejo señala al gobierno que es preciso combatir la pobreza y la marginación mediante procesos eficaces de ``movilidad social''.
En el terreno político hace ver que los mexicanos ya decidieron abandonar actitudes conformistas, para asumir una nueva vocación de exigencia y participación, e indica que el sector privado pugnará por que la transición que sufre el país no lo conduzca a una frustración o regresión.
Si se mantiene la economía de mercado, pero con autoritarismo político, el país estará sumido en la mediatización o el estancamiento, advierte este organismo.
Considera además que en esta administración se tiene que dar prioridad a lograr la división real de poderes, fortalecer la estructura federal mediante municipios libres y estados soberanos en lo político y económico, y hasta elaborar un código ético para los medios de comunicación social del país.
Incluso, recomienda al gobierno aplicar sanciones efectivas a la corrupción, mediante la integración de las funciones que hoy desempeña la Contraloría a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Todas las demandas planteadas van orientadas para lograr ``por medios pacíficos'' una democracia plena, con economía de mercado socialmente responsable, sostiene el documento presentado por el CCE al Presidente de la República.