Con motivo del fulminante despido del procurador Antonio Lozano Gracia, se ha desatado una tormenta de opiniones y comentarios acerca del porqué se le destituyó, por qué en esa forma y por qué en estos momentos.

Dado que se ha sabido poco y como siempre, a los dirigentes de este país hay que estarlos leyendo entre líneas y adivinando lo que sus crípticos mensajes significan, es conveniente recordar que está vigente el derecho a la información que se consagra en una escueta frase al final del artículo 6o. Constitucional, después de un primer robusto párrafo relativo a la libertad de manifestación de las ideas y que sin respeto mínimo a la sindéresis, después de un punto y coma, que debió de ser punto y aparte, reza así: ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''.

Ni una palabra más al respecto, ninguna reglamentación secundaria, que yo sepa, ninguna interpretación hecha por los tribunales.

Este derecho, ahí arrinconado, es de aquéllos a los que los especialistas llaman derechos humanos de segunda generación, que llegaron tarde a las listas de declaraciones de los Derechos del hombre y del ciudadano del siglo pasado, pero que en éste se han ido abriendo paso como fundamentales para la convivencia humana.

Ciertamente, sus raíces más remotas las podríamos encontrar en el octavo mandamiento (según recuerdo al Ripalda) que, en el Decálogo que Moisés recibió en el Sinaí, decía en forma más escueta y tajante un ``no mentirás'', sin mayores florituras.

Lo que se pretende desde entonces, lo que el párrafo escondido en el artículo 6o constitucional quiere es que no nos engañemos unos a otros, que nos digamos la verdad, que todos sepamos; eso y no otra cosa es estar informados.

Pero resulta que el Estado, así con mayúscula, como lo escribió el constituyente permanente, es el primero en ocultar las cosas; son funcionarios del Estado los que no nos informan, los que toman sus decisiones, como Carlos III cuando expulsó a los juristas ``en su real pecho'', y no explican por qué lo hicieron ni cuáles fueron las causas de su determinación. Al pueblo, como dijo entonces el marqués de Croix, ``le toca callar y obedecer''.

Me refiero por supuesto a la destitución del procurador Lozano Gracia, pero no sólo a eso. Otros casos hay en las páginas de los periódicos de estos días que son, aunque menos importantes, también motivo de informaciones truncas, de ocultamientos o de francas mentiras; parece que ésa es la regla.

Dos ejemplos: el periodista asesinado en Cuernavaca, Edgar Maison, murió de un balazo en la sien, según dijo un familiar en un programa en vivo de radio; el procurador del estado había informado al mismo programa que falleció de múltiples balas. El doctor Ignacio Madrazo (y con él los derechohabientes del IMSS) dice que hay carencias de medicinas, instrumental y personal en clínicas y hospitales; el director del Instituto, Genaro Borrego Estrada, lo niega y trata de mentiroso al galeno.

Cada vez que algo grave o importante sucede, parece que la gran preocupación de funcionarios, grandes y pequeños, es que las cosas no se sepan; pareciera que para ellos gobernar es sinónimo de engañar. Y no es así, decir la verdad, informar, actuar con claridad, serán una gran ayuda para sortear la crisis. En cambio, ocultar, soslayar, eludir, son factores negativos que provocan procesos sociales disyuntivos y disolventes.

Una vez más en estos casos y en todos necesitamos saber la verdad.