El lunes pasado el Tribunal Electoral del Estado de México (TEE) revocó, por decisión unánime de sus magistrados, la ilegal acción del Instituto Estatal Electoral (IEE), que había asignado al PRI una sobrerrepresentación en el Congreso del estado. Se revirtió así una decisión injusta y aberrante que pretendía otorgarle al priísmo mexiquense una mayoría absoluta que no le fue conferida por la voluntad ciudadana y que, según la ley, no le correspondía.

Así como la pretensión del IEE de distorsionar el sentido del voto popular mediante un reparto ilegal de curules de representación popular al partido tricolor ensució el desempeño de la mayoría de los integrantes de ese cuerpo colegiado --y constituyó un aviso de su poca confiabilidad para la ciudadanía y las fuerzas partidistas mexiquenses-- la resolución del TEE, por el contrario, constituye una expresión de la firmeza cívica y de apego a la legalidad de los magistrados que lo conforman, atributos que deben ser merecedores del reconocimiento público.

Pero, aparte de preservar el Estado de derecho en la entidad mexiquense, el fallo del tribunal electoral tiene otros saldos positivos: en primer lugar, despeja las tensiones políticas que empezaban a gestarse en el estado y en el ámbito federal a raíz del ensayo de atraco electoral del IEE; en segundo, ratifica una saludable tendencia que se percibe en los últimos procesos comiciales realizados en el país --Guerrero, Coahuila, Hidalgo y el propio estado de México--, en los cuales las quejas sobre prácticas fraudulentas se han visto claramente reducidas, se han reducido las resistencias a reconocer los triunfos de las oposiciones y se han ido conformando representaciones que reflejan en forma más fiel la creciente pluralidad política que caracteriza a nuestra sociedad.

Una de las consecuencias más significativas de la acción del Tribunal Electoral del Estado de México es que permite la instauración de un poder legislativo estatal carente de fracciones mayoritarias y que, en consecuencia, obligará a las distintas fuerzas políticas a un permanente ejercicio de negociación, convivencia y tolerancia. El que ello ocurra en una entidad de gran peso económico, en la que además se encuentra la zona conurbada de la Ciudad de México, será sin duda un factor positivo para el desarrollo de la cultura democrática en el país. Tal experimento democrático mexiquense no sólo involucrará a los partidos de esa entidad, sino también al Ejecutivo que preside César Camacho Quiroz, el cual habrá de gobernar sin una mayoría partidaria y tendrá, en consecuencia, que mantener un diálogo constante con el conjunto de las fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal.

En suma, cabe felicitarse por la auspiciosa manera en que está culminando el pasado proceso electoral del 5 de noviembre en la vecina entidad: con base en el derecho, en el respeto a la voluntad popular y orientado a la consecución de un efectivo régimen de partidos