La protección de la vida y bienestar de los capitalinos exige revertir o reducir, en la medida de lo posible, la vulnerabilidad física y social de la ciudad a los desastres y accidentes de origen natural (sismos, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, inundaciones, tormentas, etcétera) o debidos al inadecuado funcionamiento de las actividades económicas y sociales (incendios, explosiones, derrames y fugas peligrosas, contaminación ambiental, etcétera). Esto sólo puede lograrse mediante la acción corresponsable y concertada entre Estado y sociedad organizada, en un ambiente de confianza mutua y colaboración, llevando a cabo acciones eficaces y adecuadas al riesgo, consensadas democráticamente.

El Estado, como institución social y colectiva, tiene la responsabilidad de organizar los consensos, programar las acciones y cubrir sus costos fundamentales; el ``libre'' mercado y la ``libre'' iniciativa empresarial generan o agravan muchos de estos riesgos; no pueden resolverlos en sus causas e implicaciones colectivas urbanas.

Las condiciones necesarias, aunque no suficientes, de la protección de la sociedad urbana son: la reducción paulatina pero constante de las causas sociales de la vulnerabilidad (miseria, vivienda inadecuada e inestable, carencia de infraestructuras esenciales, irresponsabilidad y corrupción, fallas de las políticas de protección civil, atraso cultural, etcétera), como medida estructural preventiva; y el acceso de los ciudadanos, sin exclusiones ni desigualdades, a los servicios sociales que permiten superar las emergencias cuando se producen, atender a sus víctimas y recuperar la calidad de vida perdida. Ello supone transformar las estructuras políticas autoritarias y construir un modelo económico alternativo con crecimiento sostenido, equidad distributiva, justicia social y sustentabilidad ambiental, atributos que no son propios del capitalismo en su fase neoliberal.

Las medidas que se desprenden del análisis de la situación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), podrían ser:

* Unificar la planeación y gestión de la protección civil en un * organismo coordinador de nivel metropolitano, que actualice el Atlas * de Riesgo de la ZMCM y elabore un programa metropolitano de * prevención de desastres y protección civil, con participación * activa de los ciudadanos organizados social y políticamente.

* Diseño y aplicación de un programa metropolitano de reducción de * riesgos, que atienda la superación paulatina de la * vulnerabilidad física y social de las áreas de más alto riesgo, * sobre todo las ocupadas por sectores empobrecidos y excluidos; en * estos casos es evidente la necesidad de que el Estado, con base al * aporte de los contribuyentes o a transferencias de otros sectores * sociales, subsidie ampliamente los costos del programa.

* Acción concertada entre Estado y sociedad, para la reubicación en el * más corto plazo de las instalaciones industriales o las redes de * abastecimiento de alto riesgo, en nuevos emplazamientos; o en su * defecto, mejoramiento sustancial de sus condiciones de * seguridad. Esta acción es prioritaria para las instalaciones de * Pemex.

* En el Distrito Federal y los municipios conurbados del estado de * México, revisión inmediata y homologación de la legislación y * reglamentación relativa a fraccionamiento, construcción, seguridad * industrial, protección ambiental y civil, para hacerla más rigurosa, * establecer mecanismos adecuados para su aplicación y vigilancia y * desterrar la corrupción en su control.

* Liberar y promover la participación de todos los sectores de la * sociedad en las labores de detección y declaración de riesgos, * elaboración y aplicación de políticas y programas de prevención y * respuesta a emergencias y vigilancia del cumplimiento de la * legislación, hoy entorpecida por la desconfianza gubernamental, sus * instrumentos de control corporativo y las restricciones y controles * legales.

* El uso intensivo del tiempo estatal en medios de comunicación y del * sistema educativo en todos sus niveles, para formar una cultura y * conciencia ciudadana sobre la vulnerabilidad, la prevención y * respuesta a los riesgos urbanos.

Necesarias a la sobrevivencia de la ciudad y los ciudadanos, estas medidas no pueden sujetarse a ``la disponibilidad de recursos''; deben sustentarse en la voluntad política y la decisión ciudadana.