Gurría: perversa, la certificación de EU Gurría
David Aponte La certificación antidrogas del gobierno de Estados Unidos es un ``proceso bastante perverso'', que abre las puertas a los grupos radicales estadunidenses y a los ``profesionales de la crítica'' para que lancen toda clase de acusaciones contra México; en una especie de ``tírele al negro'', manifestó ayer el canciller José Angel Gurría.
Durante su comparecencia de poco más de cinco horas en la Cámara de Senadores, el secretario de Relaciones Exteriores manifestó que la vecindad geográfica con Estados Unidos, el ``mayor mercado de drogas en el mundo'', supone un serio reto para México y requiere de la cooperación y el entendimiento bilateral, y no de certificaciones que son complicadas hasta para el jefe del Ejecutivo estadunidense.
El líder del Senado de la
República, Fernando
Ortiz Arana; el canciller José Angel Gurría y el
coordinador de la fracción panista, Gabriel
Jiménez
Remus. Foto: Raúl Ortega
Gurría expuso que el futuro de México y Estados Unidos está indisolublemente ligado. ``En este sentido, confiamos en que, durante el segundo mandato, el gobierno de Clinton buscará desarrollar relaciones de mayor entendimiento, respeto y beneficio común con México, a través de vínculos institucionales que conduzcan a una asociación cada día más madura, equilibrada y constructiva''.
En la sesión plenaria, las fracciones parlamentarias representadas en el Senado fijaron sus posturas respecto a la conducción de la política exterior de la nación.
El senador perredista Héctor Sánchez López consideró que el gobierno no dispone de una estrategia real que evite la subordinación económica y dependencia política con Estados Unidos. Esto es producto de las inercias de la administración pasada, expuso.
Como ejemplo, manifestó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha adoptado una postura digna frente al proceso de certificación en materia antidrogas del gobierno de Washington.
El legislador priísta Fernando Solana Morales expresó su preocupación por algunos intentos de la administración estadunidense de condicionar o ``certificar'' la colaboración en la lucha contra las drogas. En todo caso, debemos asegurar que la cooperación sea dentro del mayor respeto a nuestra soberanía y a nuestros intereses, agregó.
Por la fracción panista, el senador José Angel Conchello solicitó una mayor intervención del Senado en los lineamientos de la política exterior del país, porque no es justo que sólo participe en la aprobación de acuerdos internacionales y en los permisos para que mexicanos laboren en embajadas extranjeras.
``Queremos pedirle al señor secretario que vaya allá a Los Pinos y le diga: señor Presidente, allá están 128 (senadores) que esperan que usted los tome en cuenta en la política exterior'', remató.
En sus amplias respuestas, el canciller Gurría rechazó el planteamiento del PRD, bajo el argumento de que México cuenta con sólidos principios en su política exterior. Al PAN le respondió que el gobierno busca una política exterior de consenso.
Posteriormente habló del proceso de certificación en materia antidrogas de Estados Unidos, de las estridencias contra México que ocasionaron los comicios en esa nación y del endurecimiento de la política migratoria estadunidense.
Gurría insistió en que la ``certificación'' inhibe, desvirtúa y complica la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Entonces utilizó un duro lenguaje contra ese mecanismo del Congreso estadunidense y la Casa Blanca, a sólo unos días de la visita a México del zar antidrogas de Estados Unidos, general Barry McCaffrey:
``El proceso es bastante perverso, porque se abre un proceso de discusión pública de tírele al negro, 30 o 45 días antes de tomar la decisión y todos los grupos de interés, algunos de los cuales, profesionales de la crítica a México, aprovechan la coyuntura para hacer públicos sus disensos con nuestro país y sus políticas, y para esparcir, en algunos casos, flagrantes mentiras respecto de lo que pasa en nuestro país y de su acción respecto del narcotráfico''
Después de la ``feria de discusiones'', el gobierno de Estados Unidos impone sanciones a terceros países en ``un proceso extremadamente rígido e incómodo'' para el propio presidente de Estados Unidos, agregó.
De acuerdo con una carta del mandatario Clinton enviada al Congreso de Estados Unidos, Washington someterá a 12 países latinoamericanos al proceso de certificación antidrogas en marzo de 1997. Una vez más, México ha sido incluido en ese listado.
Sobre el tema de migración, Gurría dijo que existe un claro endurecimiento del proceso antinmigrante. El número de deportaciones en 1996, aproximadamente un millón y medio, pone en perspectiva la seriedad del fenómeno, concluyó.