Rodolfo F. Peña
Remoción bajo sospecha
Es indiscutible la facultad presidencial de nombrar y remover libremente al procurador general de la República, aun si la remoción, como en el caso de Antonio Lozano Gracia, se hace de manera súbita y sin poner en claro las razones. Pero no tratándose de un simple secretario de despacho, sino del consejero jurídico del gobierno y de una pieza central en la maquinaria de la justicia federal, sería saludable, y quizá menos costoso en términos políticos, que el Presidente hiciera públicas esas razones, o por lo menos las principales.
Si realmente fue por ineficiencia, como se sugiere en estilo un tanto sibilino, eso es algo que se echa de ver en seguida, no al cabo de dos años y repentinamente, así que no se explica el golpe fulminante, además de que tal razón puede esgrimirse en forma directa, sin más riesgo que el que enfrentar la crítica por lo tardío de la decisión. Desde luego, Lozano Gracia se defendería con el apoyo de su partido si se le tachara abiertamente de ineficiente, y enumeraría sus logros, pero podrían enumerársele también sus fracasos, pues unos y son necesariamente del dominio público. En todo caso, sus alegatos, por muy convincentes que fueran, no producirían jamás la sentencia laboral de reinstalación en el cargo.
En cambio, son demasiadas las voces del silencio si todas las posibilidades quedan abiertas. El momento escogido para reparar antiguas y resabidas fallas en la Procuraduría General de la República, carga de sospechas, algunas muy graves, la remoción del titular, e invalida la sola consideración de la ineficiencia.
Una de esas sospechas es la parcialidad partidista. ¿Se trata de enfrenar rudamente a la oposición panista y de hacer público y explícito el mensaje de ruptura por parte del gobierno? Eso implicaría el reconocimiento de que hubo maridaje, y que por virtud de éste, y no de su idoneidad, Lozano Gracia ocupaba el puesto de procurador general. Esa ruptura sería en beneficio del partido oficial, y entonces el mensaje se extendería a todos los partidos opositores, con su contenido ampliado en el sentido de que la fuerza presidencial estará de un solo lado en las próximas elecciones federales. Ello incidiría negativamente en el proceso de democratización, aparte de que estaría incumpliéndose la obligación presidencial de gobernar para todos los mexicanos.
Otra sospecha se relaciona oscuramente con la fase en que se hallan las averiguaciones previas sobre los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu. Respecto del primero, se le tomó ya la declaración ministerial a Carlos Salinas y se conoce su previsible alegato de autoexculpación, si bien no el extenso interrogatorio al que fue sometido, y sus respuestas; sobre el segundo, el Ministerio Público, de acuerdo con lo anunciado, debía y debe recibir el testimonio del ex presidente, un testimonio sumamente espinoso porque el inculpado es su hermano. ¿Cómo juega en estos delicados asuntos el despido de Lozano Gracia? ¿Se le castigó por encubrimiento o se comete ese grave pecado al separarlo del cargo?
Una sospecha más, también muy seria, tiene que ver con la ley electoral recientemente aprobada. Esa ley, cuyos avances no pueden negarse, no corresponde sin embargo a lo pactado por los partidos en la Secretaría de Gobernación y aun contiene vicios que hacen dudar de su apego a la Constitución, por lo cual los partidos opositores demandaron del Procurador General de la República la declaratoria de inconsitucionalidad para hacer intervenir a la Suprema Corte de Justicia, único tribunal que puede reparar esa clase de vicios. ¿Cómo habría actuado al respecto Lozano Gracia? Ya nunca lo sabremos, porque cuanto diga como ex procurador estará teñido de partidismo. Pero sabremos cómo actúa Jorge Madrazo Cuéllar. ¿O va a invocarse de nuevo la razón de Estado, con la que el poder suele sutraerse de consideraciones éticas y aun jurídicas?.