La aprobación de las reformas constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas es urgente. La propuesta que se haga deberá ser consensada y cumplir los acuerdos firmados por el EZLN y el gobierno federal. Dichos acuerdos reflejan no sólo el punto de vista de las partes, sino también el de la mayoría de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país.

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) ha sido clara respecto al hecho de que espera que la iniciativa ya consensada sea presentada al Congreso de la Unión en el periodo de sesiones que termina a mediados de este mes.

Esta urgencia no es gratuita. Han pasado muchos meses desde que los acuerdos se firmaron y el diálogo ha estado sujeto a muchos vaivenes y provocaciones. La aprobación y aplicación de los cambios a nuestra Carta Magna serían un primer paso de gran trascendencia. Redundarían, sin duda, en la estabilización del diálogo.

Hay bases para creer que las negociaciones en este sentido marchan por el camino correcto y que es probable que antes de que termine este año tengamos un nuevo andamiaje jurídico. Nadie debe suponer que con esto se resolverán mágicamente los problemas. Existe una inercia de más de 500 años que no es posible revertir de la noche a la mañana.

Las modificaciones constitucionales en la materia que nos ocupa, tendrán el valor de la primera piedra de lo que deberá ser la nueva relación de la sociedad con los pueblos indígenas de nuestro país.

Muchos creemos que la modificación de estas relaciones, hasta ahora desiguales para los indígenas, traerá un efecto en cascada en beneficio de otros sectores y del proceso democrático en general. Se dice que los indígenas han sido marginados del desarrollo. Chiapas demuestra que no han sido marginados, sino que el papel que les ha sido impuesto es el de servir de mano de obra baratísima y de vigilantes gratuitos de una riqueza, forestal o de tierras, que poco a poco se saquea y destruye.

Una nueva estructura jurídica les daría mejores instrumentos legales con los que empezar a remontar la injusta situación que ahora padecen. Este es el valor de este primer paso.

Sin embargo, los tiempos se nos vienen encima. Una vez despejado el camino de los derechos jurídicos de los pueblos indígenas, es necesario empezar a pensar en el siguiente paso: ¿con qué recursos se van a sustentar y apoyar las modificaciones constitucionales?, ¿a través de qué programas?, ¿qué instrumentos institucionales se van a diseñar para llevarlos a cabo?, ¿cómo van a participar, en concreto, los pueblos indígenas en estas tareas?

Estas preguntas básicas habrán de responderse muy pronto, pero para algunas de ellas el tiempo de las decisiones es sumamente corto. Por ejemplo, en cuanto a los recursos, cabe señalar que la próxima semana se aprobará el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1997.

La discusión y aprobación del presupuesto anual no es un asunto administrativo o que sólo deban tener en cuenta los expertos en economía. Dada la escasez de recursos y las penurias económicas, el presupuesto que eroga la Federación a través de los tres niveles de Gobierno y otros instrumentos, puede ser utilizado en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, entre ellos los indígenas.

Es cierto que, durante décadas, las oficinas de gobierno creadas para ayudar a los pueblos indígenas no cumplieron cabalmente su objetivo. La típica salida tecnocrática sería desaparecerlas de un plumazo y tirar a la basura años de experiencia, de muchos errores, pero también de aciertos notables.

Desechar sin más estas instituciones y programas sería un error. Hay que retomarlas, convocar a una amplia discusión con las comunidades y pueblos, y decidir qué queremos que sean y cuál deberá ser su papel en el futuro. Y este asunto también urge.

Construir las condiciones para consolidar una paz digna sin recursos es imposible, pero tampoco es factible si no se tienen los instrumentos institucionales adecuados. Es hora de dar el siguiente paso o acaso ¿son más importantes los intereses de los concesionarios de las carreteras que los más de 10 millones de indígenas?.