La matanza de una familia completa, perpetrada posiblemente el martes pasado en esta capital en lo que parece ser una acción vinculada con el narcotráfico, deja en la opinión pública, aparte de una exasperación indignada por tales excesos de violencia, una serie de preguntas que deben ser despejadas.

La primera de ellas se refiere, obviamente, a los motivos y las identidades de quienes lesionaron y golpearon hasta la muerte a cinco personas --dos adultos, una adolescente y dos niños--: un acto criminal cuya barbarie resulta desmesurada incluso en la violenta lógica de las vendettas y los ajustes de cuentas entre narcotraficantes.

Ciertamente, tanto Yolanda Figueroa como Fernando Balderas po-drían haber resultado incómodos para poderosos intereses criminales. Ella, por haber escrito un libro sobre el cártel del Golfo y su máximo jefe visible, Juan García Abrego, y él por haber sido asesor de la Procuraduría de Justicia capitalina. Pero, ciertamente, las actividades profesionales de una y del otro no parecen guardar relación con el lujoso nivel de vida del que, según la información disponible, disfrutaba la pareja.

Otro aspecto inquietante de este homicidio múltiple es su proximidad en el tiempo con la salida de Antonio Lozano Gracia de la Procuraduría General de la República. Una interrogante obligada a este respecto es si el despido del ex procurador panista y el relevo en la PGR de alguna manera hizo posibles las condiciones para el crimen o si, peor aún, hizo necesaria la muerte de la periodista y del ex policía.

Las autoridades capitalinas y federales de procuración de justicia tienen ante sí la tarea urgente y obligatoria de dar a la brevedad con los presuntos autores materiales e intelectuales de este condenable multihomicidio y ponerlos a disposición de un tribunal. No sólo para aplicar la ley, no sólo porque se trata de sujetos de altísima peligrosidad, cuya libertad e impunidad constituyen un gravísimo riesgo para la sociedad, sino porque en el esclarecimiento de este asesinato podrían encontrarse claves de suma utilidad para combatir más eficazmente al narcotráfico, y acaso también para hacer avanzar las cada vez más empantanadas y confusas investigaciones de los casos Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu.