Jorge Madrazo es un jurista distinguido y conocedor a fondo del espíritu y forma de la Constitución de 1917; es además universitario forjado en las lides humanísticas y dueño de una mente hábil, dialéctica y tolerante de los demás, ahora colocado en uno de los centros neurálgicos del presidencialismo mexicano, donde está la responsabilidad de la procuración de justicia en los términos del artículo 21 de la Ley Suprema. Debe Madrazo ocuparse de la persecución de los delitos para que los responsables sean juzgados y sentenciados por la autoridad judicial; y ésta es una tremenda responsabilidad en las actuales circunstancias cargadas de magnicidios quizá enhebrados en fraudes faraónicos, corrupciones sin fin y una maligna burla de la moral social, de la Constitución y de la ética que debiera guiar la conducta de funcionarios privados y públicos, circunstancias que forman el panorama político-social en el cual Jorge Madrazo se moverá para esclarecer los repugnantes crímenes que se han cometido en los claroscuros del octenio en curso.

Como las causas de las confusiones que agitan al país tienen como origen el comportamiento de un presidencialismo inserto en categorías dominantes del poder económico y político local e internacional, presidencialismo al que pertenece el Ministerio Público que preside el procurador, vale dedicar algunas reflexiones a la naturaleza de esa instancia autoritaria del gobierno.

Hay una premisa esencial. Todas las maneras del autoritarismo nazi, fascista, el sudamericano gorilista, presidencialista o estalinista nacen de la necesidad de excluir al pueblo en la toma de decisiones políticas, a fin de cimentar el poder de las élites en el gobierno de la sociedad; por esto, nuestro presidencialismo es intrínsecamente contrademocrático.

Ahora bien, ¿cómo se ha integrado el presidencialismo en México? En términos históricos a través de dos etapas: la militarista, representada en Santa Anna, Porfirio Díaz y Obregón-Calles, y la civilista, iniciada en 1947 con Miguel Alemán y fraguada en los recientes 49 años. La fase militarista del presidencialismo, con distintas manifestaciones, connota una orden política respaldada por balas y fusiles, en perjuicio de las mayorías y en provecho de minorías. Así sucedió en los 102 años que van del golpe santannista a Gómez Farías (1834) hasta el fin del maximato callista (1936). La fase civilista es compleja y no menos arbitraria. Una vez transcurrido el único proyecto democrático que se registra, el del general Cárdenas, y los años de la Segunda Guerra Mundial, el charrismo impuesto por Alemán marca el punto de partida clave de la corporativización del sistema político, no sólo en sindicatos obreros y campesinos al ser subordinados al régimen cupular, sino también en las asociaciones patronales y la burocracia política --gubernaturas, municipalidades, legislaturas y jueces--, todos en dependencia de la Presidencia nacional como núcleo central y monopolista del poder. Las mayorías de diputados y senadores gubernamentales en los congresos legislativos y de consejales en los ayuntamientos, base falsa de la legalidad presidencialista; el fraude comicial y el clientelismo, garantizadores de la mentira electoral; el control presidencialista del ramo judicial; la agresión militar o policial en los asuntos peligrosos; y el crimen o la corrupción frente a riesgos inminentes, son las tácticas que en el último medio siglo apuntalan el mantenimiento y la reproducción de los elementos que hacen posible el presidencialismo civilista, cuya arbitrariedad se enmascara en una democracia que no existe.

Si el consistir del presidencialismo es la purgación del pueblo en el ejercicio político, el porqué de su alejamiento de la democracia encuentra la respuesta en los hechos mismos: en sus dos fases, el presidencialismo significa la puesta del poder político al servicio del poder económico, y como éste, en México, opera en el marco del gran capitalismo mundial asentado en el hogar del Tío Sam, resulta que nuestra vida pública se encuentra adecuada cada vez más a los intereses de una razón económica que nos es ajena.

Esa es la situación vidriosa que enfrentará el procurador Madrazo al reiniciar la persecución de los no pocos delitos entrelazados con las estructuras del presidencialismo y sus raíces pecuniarias, mercantiles o del señorío de los pocos que expolian a la nación. Con gran aproximación se ve entonces la gigantesca responsabilidad de un procurador que deberá resolver el tremendo dilema que en nuestro país enfrenta a la moral con la política.