Aprueban los diputados la ley de cámaras; PRD y PT se opusieron

Oscar Camacho y Ciro Pérez Luego de un intenso debate, ayer se aprobaron en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Cámaras de Comercio. El PRI y el PAN votaron a favor y destacaron que se pone fin a 50 años de afiliación obligatoria de las empresas, en tanto que PRD y PT sufragaron en contra por considerar que la iniciativa presidencial mantiene los sistemas de control corporativo sobre los empresarios del país.

El priísta José de Jesús Padilla argumentó que con estas reformas se sientan las bases de organización gremial de las empresas para que puedan enfrontar en mejores condiciones la creciente competencia con el mercado interno y externo.

Destacó la importancia de que en el dictamen se caracterice a las cámaras de comercio y de industria como instituciones de interés público que deberán actuar en defensa de los intereses de sus agremiados, e insistió en que se pone fin a la afiliación obligatoria de las empresas a las cámaras. De igual forma, consideró fundamental la creación del Sistema de Información Empresarial Mexicano, pues con este instrumento, dijo, se podrá planificar de una manera más efectiva el trabajo de cámaras y confederaciones en colaboración con la Secretaría de Comercio.

Saúl Escobar Toledo, del PRD, explicó que su fracción votó en contra porque con la nueva ley el gobierno mantiene el control y la tutela de los empresarios a través de la Secofi, y sostuvo que en el fondo se busca que el sector empresarial siga apoyando los pactos económicos.

El legislador petista Raúl Fuentes Cárdenas dijo que su partido votó en contra porque si bien la ley de cámaras empresariales es obsoleta (data de 1945), el dictamen para adecuarla a los tiempos actuales mantiene la injerencia de la Secofi de las organizaciones empresariales, y dijo que, pese a que se termina con la afiliación obligatoria, se mantiene un registro a través del sistema de información empresarial mexicano, que obligará a los empresarios a pagar cuotas adicionales.

El Partido Acción Nacional votó a favor en lo general y en contra en algunos artículos en lo particular, y argumentó que si bien la ley constituye un avance que permitirá que las cámaras sirvan de manera más eficiente a sus agremiados, el derecho de afiliación voluntaria tiene tantos candados que terminan por anularlo, según expresaron Guillermo Luján Peña y Jesús Sánchez.

Uno de los candados mencionados durante el debate es que, aunque se termina la afiliación obligatoria, se mantiene el registro obligatorio de las empresas al sistema de información empresarial mexicano. Durante la discusión, el diputado tabasqueño César Raúl Ojeda Zubieta indicó que los prestadores de servicios turísticos pugnaron para que se reconociera a sus cámaras y organizaciones como organismos independientes de las cámaras de comercio, y dijo que con la iniciativa se espera lograr que este sector, que aporta cinco por ciento del producto interno bruto, tenga sus propias cámaras y asociaciones con facultades autónomas.

Aprueban Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

El Partido de la Revolución Democrática aprobó junto con el Revolucionario Institucional la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros porque incluyó la recomendación de examinar durante el segundo periodo del tercer año legislativo la manera de otorgar una mejor cobertura al ahorro de los trabajadores contra riesgos de los mercados financieros.

El perredista Samuel Escobar explicó que para ello se dispondrá de información relativa a los avances en la aplicación de estas medidas por parte de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. ``El derecho constitucional de los trabajadores mexicanos a la seguridad social y a su patrimonio bien valen este esfuerzo'', destacó.

Asimismo, con el voto del PAN en contra, ayer se aprobó la ley de Instituciones de Fianzas. Acción Nacional explicó que se opuso a la iniciativa por considerar que se viola la Constitución al delegar al Ejecutivo la facultad de expedir normas de carácter general que regulan la actividad de las instituciones de fianzas, lo cual es competencia del Poder Legislativo.