El inexplicado despido de Antonio Lozano Gracia y todo su equipo de la Procuraduría General de la República (PGR) parece más un problema de posiciones de partidos políticos en vísperas electorales, que de errores o deficiencias en el desempeño de su trabajo, aunque razones de esta última naturaleza, sin duda abundaron.

En efecto, el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Ejecutivo a nombrar y remover a los funcionarios del Ministerio Público de la Federación, presididos por el procurador general y, a pesar del disgusto de unos y los deseos de otros, en ningún lado se establece la obligación presidencial de dar explicaciones, ni para nombrar ni para sustituir a esos funcionarios.

Cuando en diciembre de 1994 se dieron a conocer los nombres de los colaboradores del entonces presidente entrante, más allá del curriculum vitae no se expusieron --ni los partidos políticos lo exigieron-- las razones particulares por las que la PGR se ponía en manos de Lozano Gracia. Sin embargo, en más de una ocasión en los siguientes dos años, el origen panista del procurador general de la República era, para el presidente Zedillo, una especie de timbre de orgullo que presumía principalmente en el extranjero, como nuevo signo de los tiempos, como muestra de la pluralidad que caracterizaba a su gabinete ampliado y lo distinguía del de los presidentes anteriores.

Durante los pasados dos años también el PAN recurría con frecuencia a la filiación panista del procurador para darse estatura de partido cogobernante, aunque ahora algunos no quieran reconocerlo. Que el cargo era considerado una concesión presidencial a un partido político también se mostró en que por lo menos mensualmente, militantes del PRI en el Distrito Federal se daban cita el día 23 de cada mes para exigir al procurador panista el esclarecimiento del asesinato de Colosio.

El desconcierto, la molestia inmediata y la petición de cuentas al presidente Zedillo, por parte de los dirigentes nacionales y de los líderes que encabezan a los panistas en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, son reacciones que indican que la sustitución de Lozano Gracia fue un duro golpe recibido y sentido por Acción Nacional como partido. La celebración y las ofensivas expresiones de triunfo de diputados priístas son el complemento de la comprobación de que a la PGR se le veía como blanco de las disputas entre el PRI y el PAN (El Financiero, 4/12/96).

La hipótesis, o conjetura, según la cual Lozano Gracia fue cesado porque Zedillo supo que tenía la intención de promover una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Electoral (Reforma 3/12/96) recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión con puros votos priístas, se inscribe en la lógica de la lucha interpartidista abierta en el Poder Ejecutivo, precisamente por su titular, al haber asumido éste una posición de partido en la defensa de las reformas en materia electoral cuestionadas por los partidos de oposición.

En este contexto y considerando la lucha entre sectores del gobierno y grupos de su partido que se han hecho sentir desde la XVII Asamblea del PRI, que después de las elecciones en los estados de México y de Coahuila han estado presionando para recuperar todos los espacios que --según ellos-- se han cedido a la oposición, y que prefirieron asumir el costo político de excluir a la oposición en la aprobación de la reforma electoral, la remoción del único colaborador procedente de un partido distinto al del presidente tiene un significado político partidario con efectos electorales, aunque ésta no sea la única interpretación posible.

El titular del Ejecutivo parece haber optado por cerrar filas en el interior de su partido para prepararse a enfrentar la competencia electoral de 1997 descalificando a su más cercano y fuerte competidor. Con la destitución de Lozano Gracia se buscaría que el PAN sea asociado al fracaso y a la incapacidad, y como prueba se recordará el resultado de la primera oportunidad que se le dio de ejercer funciones de gobierno federal.

El contenido electoral de esta interpretación carecería de sentido si el PRI y el PAN no hubieran confundido posiciones de gobierno con posiciones de partido, y sin el antecedente que sentó el Presidente de la República al mezclar, reiteradamente en las semanas previas, posiciones de partido con decisiones de gobierno.