El PAN y su Proyecto México.

La élite panista, donde actúan Diego Fernández de Cevallos, Carlos Castillo Peraza, Felipe Calderón y pocos más, redactaron su estrategia para 1997 y anuncian un objetivo particular: ``construir una nación auténticamente federalista''.

La versión preliminar apenas comienza a circular y trata de responder a la contraofensiva desplegada contra Acción Nacional por el gobierno, el presidente Ernesto Zedillo, el PRI y medios de comunicación.

En el documento se precisa que la estrategia es para reubicar al PAN en el centro político y, a partir del bloqueo presupuestario a sus ayuntamientos, ``proyectar un genuino posicionamiento federalista-democrático''.

El ataque mayor es contra un poder central que, contrario al discurso oficial, ``ha confiscado'' a los estados ``diversas facultades y atribuciones en razón de una ilógica interpretración constitucional''.

Ramo 26 y Procampo, ``anticonstitucionales''

Una fuente panista certificó la autenticidad del texto y confirmó el respaldo otorgado por la dirigencia, en especial Calderón Hinojosa, el secretario general Juan Antonio García Villa y el coordinador parlamentario Ricardo García Cervantes.

Tras revisarlo, un prominente alcalde panista dijo que sirvió de base para que presidentes municipales de oposición y algunos priístas elaboraran el desplegado aparecido el jueves en una veintena de diarios con el clamor de ``trato justo''.

Debe ser cierto, pues las cifras de concentración fiscal se reproducen íntegramente: 80 por ciento de los recursos participables van a la Federación, 16 al Distrito Federal y los 31 estados, y sólo 4 por ciento a los ayuntamientos.

Las cuestiones fiscales que deciden ese reparto ``son uno de los pilares, tal vez el más importante, del sistema centralista y autoritario que aplica el partido en el poder'', pues de ahí se pasa a los ámbitos político y social.

El gobierno central maneja los principales renglones del gasto público y así beneficia ``a quien le conviene. De esta manera, en nuestro país democracia sin federalismo o la inversa no es más que una trampa del sistema político que no debemos permitir, ya que ambos deben avanzar en paralelo''.

Acción Nacional recuerda que los candidatos presidenciales de oposición atacaron al centralismo en 1994. El PRI, por su parte, ``se pronunció por un `nuevo federalismo', pretendiendo en su mensaje señalar que ya existe''.

Es ``una trampa en el discurso y los hechos''. La descentralización es incompleta en varios ramos --programas agrícolas, carreteros, educativos, hidráulicos, de salud-- y ``reproducen en lo esencial el esquema que en 1993 aplicó el propio Zedillo en la denominada federación educativa''.

Se ofreció redistribuir y federalizar los recursos del ramo 26. ``Es una auténtica falsedad''. El destino de ese dinero se sujeta ``a condiciones y criterios de marginalidad que dejaron en franca desventaja a los municipios gobernados por Acción Nacional y beneficiaron a los del PRI''.

En el capítulo de los lineamientos panistas se plantea abiertamente una campaña coyuntural: ``eliminar los programas federales anticonstitucionales (ramo 26, Procampo) y ``exigir el saneamiento financiero para enfrentar la deuda y poder aumentar el gasto''.

Las delegaciones federales forman gobiernos paralelos

Según Acción Nacional, el centralismo ha aglutinado recursos económicos, de información y de facultades, al tiempo que el Estado controla a la sociedad mediante mecanismos corporativistas y que inhiben la creatividad social.

A causa de ello, ``hoy en día ninguno de los tres niveles de gobierno pueden funcionar correctamente. El gobierno central se encuentra rebasado por las demandas de las localidades y éstas a su vez son dejadas sin recursos suficientes''.

La información tributaria se usa como ``patrimonio informativo'' del Estado, y su ``manejo poco transparente produce graves problemas para alcanzar la democratización de la vida nacional, el auténtico federalismo y el estado de derecho''.

Así se da el uso discrecional y faccioso de datos y se ``hace inoperante cualquier contraloría verdadera de las instituciones de la sociedad... En suma, nos impide conocer la realidad de casi todas las funciones públicas''.

La vida moderna reclama ``instituciones intermediadoras, oxigenadoras, verdadera sociedad civil'', pero los agrupamientos que surgen con este impulso ``se asfixian bajo el peso descomunal de un Estado omnipotente y omnipresente''.

Más claro: ``la concentración de los recursos, las atribuciones, las facultades y la información, aunada a esta disfuncionalidad social y cívica, ha producido en México un efecto descomunal: la sociedad se encuentra en estado de indefensión frente a un régimen autoritario e ineficaz''.

Por todo ello, la estrategia plantea, en su parte propositiva, insistir en la ``redistribución de facultades y atribuciones confiscadas a estados y municipios'', a partir de un diagnóstico jurídico integral.

Eso en la parte estructural. Coyunturalmente, ``eliminar las delegaciones federales, que constituyen gobiernos paralelos de control (virreinatos) sobre los gobiernos legítimos estatal y municipal''.

Despolitizar al INEGI y trasparentar información

La estrategia panista para ganar el Congreso de la Unión en 1997 y varios gobiernos locales incluye exigir, en materia informativa, ``la autonomía e independencia plenas'' del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

En el documento se insiste en que ese organismo, base para medir la evolución del país, ``debe operar exclusivamente con criterios profesionales y estadísticos. Despolitización del instituto''.

Ello no bastaría. Adicionalmente se necesita ``tener pleno acceso a la información de las secretarías de Estado y organismos públicos'', así como ``promover la contraloría social en todos los niveles'' (sic).

La ``democratización de las instituciones de la sociedad'' incluiría ``promover y garantizar la libre elección de los representantes'' y ``eliminar el control y manipulación político y faccioso de los medios''.

Esa es la estrategia. Es la secuencia de antecedentes que se remontan a 1995, cuando ``ante la grave crisis económica y la debacle política-electoral del PRI, el sistema presidencialista entró en fase aguda de crisis''.

Ello se evidenció en el ``quebranto financiero de los estados y municipios'', y en un hecho que a Diego, Felipe y Carlos no les cabe ninguna duda: ``El PAN ocupó el centro político'' ese año y por ello gobierno y PRI lanzaron ``una contraofensiva''.

Esta se significó por redefinir las alianzas priístas con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), la creación de un sindicato de gobernadores y el bloqueo financiero-presupuestal a ayuntamientos panistas.

En materia de comunicación se impulsó la imagen de un PAN ``concertacesionador salinista'', el presidente Zedillo se sumó con su ``campaña para publicitar la recuperación económica'' y en la simulación de ``un proyecto federalista'' con la alianza PRI-gobierno.

Fernando Ortiz, Layda Sansores, López Nogales y Robledo

Mientras el PAN arma su estrategia electoral nacional, el PRI aún no define siquiera los mecanismos para postular sus candidatos a gobernadores ni termina de asimilar los efectos de la imposición de Natividad González Parás en Nuevo León.

Pese a ese frustrante estreno de sus nuevos estatutos, la jerarquía priísta no cuenta con entera autonomía para escoger y desde ahora se adelanta el privilegio que se dará a las designaciones de unidad para evitar deserciones.

Salvo complicaciones políticas a principios de año, Fernando Ortiz Arana partirá para su natal Querétaro en febrero. En las alturas no se le reconoce como estado fácil y, si no es el líder camaral, aún con Silvia Hernández habría problemas.

En Sonora un gobernador fuerte ha generado una clase política débil, de manera que nadie sobresale. Manlio Fabio Beltrones es acaso el único gobernador con posibilidad de influencia y su prospecto es Armando López Nogales. Bulmaro Pacheco quiere, pero no es bien visto por el colosismo, con don Luis a la cabeza.

El subsecretario Juan Ramiro Robledo sólo espera la señal de su jefe Emilio Chuayffet, por más que el gobernador Horacio Sánchez Unzueta tolere que Fernando Silva Nieto haga proselitismo abierto. Atrás están los senadores Manuel Medellín, por lustros amigo del Presidente, y Carlos Jiménez Macías.

En Campeche tampoco hay margen de maniobra: Layda Sansores la tiene segura, sea por el PRI o por otro partido. En la semana hubo pláticas con ella y podría adelantarse su permanencia en el priísmo. Quedan, por si acaso, el alcalde José Antonio González Curi y Carlos Sales.

Colima se ve diferente. El rector de la universidad, Fernando Moreno, es mano sobre el senador Jesús Orozco; pero su enfrentamiento en todos lados es mal visto en el centro y eso abre posibilidades a otros. Zedillo tiene planes para Socorro Díaz, pero puede irse y está formada delante de la cetemista Graciela Larios.

Del Distrito Federal no hay nada. En el gobierno y en el partido se habla más de Esteban Moctezuma Barragán que de otros y, rechazada la candidatura por Fernando Ortiz Arana, en segundo lugar se ha instalado el procurador capitalino, José Antonio González Fernández.

Las necesidades de la urbe reclaman un político con cualidades que se reconocen de sobra en Fernando Gutiérrez Barrios, pero el ex secretario de Gobernación sorprendió a los mandos político y priísta con su carta del viernes, en la que rechaza su eventual reincorporación a la vida pública.

Había diálogo con él para cosas mayores que su permanencia en el partido, y anunció su regreso para media semana. Se adelantó. Pese a todo, el Presidente y su partido tienen tiempo para decidir, pues las convocatorias faltantes comenzarán a publicarse en la segunda mitad de enero, bajo el entendido de que el caso del cordobista González Parás ``fue especial''.

Tema libre

En las alturas siguen las especulaciones sobre cambios en el equipo de Zedillo y se pronosticaban para hoy. El personalmente ha confirmado que planea algunas remociones, tal vez a su regreso del viaje que emprende hoy. Se mencionan muchos nombres. Los cercanos al Presidente dan por seguros en sus cargos a los titulares de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente, Comunicaciones, Defensa Nacional y Marina... En Morelos la polémica se encendió con la propuesta de eximir de impuestos el pago por rescates, idea apoyada por algunos políticos de derecha. Es tanta la inseguridad en ese estado que se sugiere ir en contra de ordenamientos de países como Italia, donde se penaliza a quienes pagan a plagiarios... Eduardo Robledo vino a México, dialogó con gente y el jueves firmó, antes de regresar a Buenos Aires, su solicitud de licencia definitiva como gobernador constitucional de Chiapas. Dominado por el PRI, el Congreso no debería tener problemas para aprobar que Julio César Ruiz Ferro termine el periodo para el que fue electo el embajador en Argentina. Se espera que la oposición, en especial el PRD, exija elecciones extraordinarias en un plazo razonable. No hay tal intención, salvo que las negociaciones con el EZLN lleven a ese acuerdo