La decisión que tomará esta semana la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, tendrá muchos más significados que el nombre de un nuevo rector. Como autoridad de la máxima casa de estudios, este órgano tiene una responsabilidad enorme. El resultado de sus deliberaciones y el voto que habrán de emitir sus integrantes constituirán un mensaje de gran trascendencia, no solamente para los universitarios, sino para la nación entera. Se trata nada menos de indicar cuál es el tipo de universidad con la que México arribará al próximo siglo.

1. Vigencia de la autonomía. La relación de la UNAM con el gobierno de la República debe ser de respeto pero no, como ha ocurrido en los últimos años, de subordinación. La autonomía es la herramienta que debe normar esa relación. Se trata simplemente de respetar las leyes. Una decisión de la Junta de Gobierno favorable a los candidatos que mantienen vínculos con el gobierno o que gozan de su respaldo (por más que sus currículums y programas sean muy voluminosos) indicaría que la universidad con la que llegaremos al siglo XXI será una en la que la autonomía se ha desvanecido.

En todo caso lo que habría que discutir abiertamente es si existe una relación entre este concepto y el nombramiento de autoridades. Si se le observa desde una perspectiva académica y científica, resulta claro que la autonomía universitaria, surgida en las primeras décadas de este siglo, sigue siendo un elemento indispensable para el avance del conocimiento. Sin libertad de creación, sin las libertades de cátedra e investigación --y yo agregaría de difusión-- el conocimiento simplemente está muerto. Ahora bien, a menos que aceptáramos una especie de lógica que nos llevara a disecar la autonomía en un componente político y otro académico --en el que la autonomía se entienda solamente como una libertad limitada a los ámbitos académico- científicos, pero no más allá de ellos-- habría que preguntarse si el nombramiento del rector es una decisión académica o política. Las funciones de un rector, son y deben ser principalmente académicas. La universidad no tiene por qué intervenir como institución en la política. Su principal arma es el conocimiento y no es un arma despreciable. El rector de la universidad es quien ha de guiarla a la solución de los problemas que impiden su progreso como centro en el que se resguardan estas libertades. Así parece expresarlo también la ley orgánica vigente, que señala el nombramiento de autoridades como facultad exclusiva de los universitarios. La propia existencia de la Junta de Gobierno representa el modo en que históricamente la universidad arrebata al gobierno esa facultad. Por lo tanto la autonomía de la universidad se expresa también, sin dejar lugar a ninguna duda, en el nombramiento del rector.

2. La UNAM y el país. El concepto involucrado en la decisión de la Junta de Gobierno es ciertamente la autonomía. A partir de 1910 la universidad ha vivido muy de cerca el paso de los distintos gobiernos revolucionarios y sus políticas. Ha sufrido el asedio de gobiernos intervencionistas y de otros que respetan sus principios fundamentales. Ganó en 1929-33 su automía. Sobrevivió, por ejemplo, a la presión de la educación socialista y al acoso presupuestario de gobiernos como el de Lázaro Cárdenas. Salió fortalecida de la política intervencionista de Miguel Alemán y al estado policiaco-militar de Díaz Ordaz. Coexistió con el nacionalismo revolucionario de Echeverría y López Portillo. No veo por qué tenga que entregarse al neoliberalismo.

No puede ocultarse que parte del discurso de los gobiernos de la etapa crisis-neoliberalismo se encuentra presente en el proceso actual para nombrar al rector. Forma parte del ambiente político y económico del México de hoy. Ejerce presión sobre la universidad como puede verse en la introducción de distintas políticas --como la salarial-- en su seno. En el discurso sobre la globalización. ¿Acaso los principios que sustentan a la universidad son tan flexibles que cualquier política u ocurrencia gubernamentales pueden acomodarse sin problemas? ¿Antes atendiendo los caprichos de los socialistas o los populistas y ahora los de los neoliberales? Los beneficios de una nación a tono con la globalización no la creen ya ni los artífices del TLC. ¿Lo creen acaso los miembros de la Junta de Gobierno? ¿Proyectar a la universidad hacia el próximo siglo tiene que ver con comprometerla con una política de moda? ¿Eso es lo que queremos los universitarios y los mexicanos de la universidad para el siglo XXI?.

La universidad es una institución autónoma, su misión es la creación de nuevos conocimientos, la formación de profesionales y la difusión de la ciencia y la cultura. Su responsabilidad con el país es cumplir con estas tareas. No tiene por qué involucrarse ni hacerse cómplice de ninguna política. Eso no forma parte de sus funciones. Además, ningún gobierno que sea respetuoso de las leyes, puede obligar a la universidad a violar sus propios principios.

Son variadas las respuestas que tendremos a la vista en los próximos días. Pero hay dos que son de particular interés: La vigencia de la autonomía en el nombramiento del rector y el grado de compromiso de la universidad con sus funciones sustantivas.