La presión del grupo legislativo destrabó las negociaciones, indica

Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de diciembre ¤ En una inusual conferencia de prensa, el subcomandante Marcos ofreció esta tarde una relación de los hechos recientes en torno a la crisis de la negociación entre el EZLN y el gobierno federal en la que hizo señalamientos duros a la delegación gubernamental en los diálogos de San Andrés, y a los responsables de la Secretaría de Gobernación.

Ante un público atónito, y en una abigarrada narración, el vocero zapatista reconoció la voluntad del presidente Ernesto Zedillo por llegar a una iniciativa de reforma constitucional en materia indígena que no violentara el espíritu fundamental de la Carta Magna.

``Les voy a contar la historia de una negociación que no fue'', comenzó diciendo esta tarde el subcomandante Marcos ante los enviados de los medios de comunicación, en su reseña de la reciente crisis del proceso de negociación pacificadora y de reforma constitucional. Desde su inicio, dijo Marcos, ``este diálogo ha estado continuamente amenazado porque una de las partes, la gubernamental, no acaba de decidirse por la vía de la negociación''.

``Con el cambio de secretario de Gobernación en 1995 se implementó una estrategia del garrote y la zanahoria, con un negociador bueno y uno malo. El malo era el `dúo dinámico' de Marco Antonio Bernal y Jorge del Valle, y el bueno el titular de Gobernación, Emilio Chuayffet'', los primeros ``buscando el momento propicio para la solución militar'' o el debilitamiento del EZLN en la mesa de negociación, y el segundo dando a entender que ``era mejor negociar con el titular''.

El jefe militar zapatista mencionó la decisión de las comunidades zapatistas, en agosto pasado, de no seguir el diálogo ``si no se daban muestras claras de que los acuerdos se iban a cumplir''. De ahí las cinco condiciones para reiniciar el diálogo suspendido a partir de entonces.

En ese periodo se efectúan, entre una y otra crisis, las reuniones tripartitas, ``pero el policía malo se dedicó a sabotear las iniciativas de la Cocopa''. Finalmente, el EZLN y la comisión legislativa deciden que lo mejor para destrabar la negociación ``es discutir los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas'' pactados en San Andrés. El formato ideado (intercambio de documentos entre las partes) ``reventó porque el gobierno quiso dar marcha atrás en los acuerdos y pretendía pasar una reforma anodina''.

La Cocopa diagnosticó que el Ejército Zapatista ``se había ido al techo, y el gobierno al piso, y que era necesario construir el piso intermedio''.

El 19 de noviembre, en La Realidad, la Cocopa se comprometió, según el vocero zapatista, a no reabrir la negociación ``por presiones de ninguna de las partes'' y pidió un compromiso del gobierno y los zapatistas de ``aceptar un documento elaborado por la Cocopa para pronunciarse por las reformas constitucionales''. Con este entendido se inicia la tercera tripartita hace 15 días, y tras unos días de revisión y pláticas, la Cocopa concluye que las partes ``insisten en posiciones contrarias y opuestas'' pero también reitera que no se abrirá la discusión de los acuerdos firmados.

El ``esfuerzo final'' de los legisladores es aceptado por el EZLN sin modificaciones el día 29 de noviembre. Simultáneamente, se envía el documento de la Cocopa a la Secretaría de Gobernación por fax''. Al otro día, la dependencia da por recibido el documento, pero pide a la Cocopa que se espere al regreso del Presidente, de viaje esos días, ``para pronunciarse''.

El domingo 1o. de diciembre la Cocopa pide discreción al EZLN ``de que ya había aceptado'', y el día 2, cuando se esperaba la entrevista de la Cocopa y el presidente Zedillo, es destituido el procurador Lozano Gracia y se desata una crisis en el gabinete ``por la bronca que se echaron''. La noche del martes tres, Gobernación comunica a la Cocopa ``que no está de acuerdo y tiene observaciones al documento''.

Los zapatistas insisten en que el documento era final, ``de sí o no'', según compromiso de la Cocopa, y las observaciones significaban ``que el gobierno se negaba a cumplir los acuerdos de San Andrés'' y el EZLN anuncia que regresará a ``sus posiciones de montaña''.

Según la versión del subcomandante Marcos, la Cocopa ``pidió prudencia y apoyo para un último intento de reunión con el secretario de Gobernación y el Presidente de la República''. Estas reuniones ocurrieron el viernes 6.

En una primera reunión, participaron el secretario Chuayffet, los subsecretarios Núñez y Franco, y los delegados Bernal y Del Valle. Allí se acusó a la Cocopa ``de favoritismo'' hacia el EZLN, pues no reflejaba la posición del gobierno. Los legisladores Luis H. Alvarez y Heberto Castillo rechaazaron la acusación, diciendo que ellos sólo se habían atenido a los acuerdos firmados el 16 de febrero por el gobierno federal.

Ante los reproches de la Cocopa, por rechazar Gobernación lo que ya había aceptado, los titulares de la dependencia reconocieron ``que habían aceptado el documento sin leerlo'' y que las dudas les vinieron al conocer su contenido. Cuando la Cocopa reclamó a los funcionarios que encontraron ``problemas constitucionales'' en acuerdos firmados hace diez meses, ``Gobernación respondió que no pensaba que iba a ser necesario cumplirlos'', y atribuyó el problema a un ``malentendido'' entre Cocopa y EZLN. ``Cocopa recordó al secretario de Gobernación que el proceso de diálogo era entre el gobierno y el EZLN'' e insistió en entrevistarse con el presidente Zedillo para pedirle apoyar la iniciativa. De lo contrario, la comisión legislativa la presentaría ``con sus firmas'' al Congreso de la Unión.

Gobernación reprocha a la Cocopa el tono de ultimátum, ``que está bien para un grupo fuera de la ley'', pero no para el gobierno, ``que es la ley''.

A las 19 horas del mismo día se reúnen con el presidente Zedillo los representantes de la Cocopa que viajaron a la capital, además de Chuayffet, Núñez y Franco. Esta marca el desenlace de la crisis.

En un primer momento, el Presidente ``en un tono mesurado y enérgico'', según los presentes, ``rechaza la iniciativa de la Cocopa'' en términos que hacen pensar a los legisladores que el Presidente ``se refiere a un documento que no es el que presentó la Cocopa''.

Ernesto Zedillo habría expresado preocupación por los peligros de la iniciativa, y los legisladores le hacen ver ``que ha sido mal informado'', que la iniciativa no es de los rebeldes sino los acuerdos firmados''. Le insisten en que tiene una versión ``unilateral y amañada'' del documento. Los legisladores reprochan al gobierno ``haber faltado a su palabra'' al rechazar el texto de la Cocopa, y que eso significaba ``el fin de la Cocopa y el fin de una posibilidad de vía rápida para la paz''.

El jefe del Ejecutivo insistió en que se trataba ``de un malentendido entre Gobernación y Cocopa y no una falta de compromiso''. El diputado José Narro, según Marcos, insistió en que Gobernación no había cumplido su compromiso.

Zedillo expresó su desacuerdo en que la Cocopa presentara la iniciativa por su cuenta, y reiteró su interés en llegar a una iniciativa de consenso.

``El señor Zedillo empezó a darse cuenta de que no tenía la información completa, que sus observaciones no eran a la iniciativa de la Cocopa, sino a la versión que había recibido'', y reconoció que ni él ni los funcionarios ahí presentes eran abogados constitucionalistas, y no estaban capacitados para dictaminar la anticonstitucionalidad de los acuerdos de San Andrés. Dijo que tenía dudas y estaba obligado a expresarlas''.

``En diez meses nadie del gobierno se molestó en revisar lo que habían firmado'', dijo también Marcos, ni adviertieron a la Cocopa que los acuerdos podían estar ``minados'', según expresión del ingeniero Heberto Castillo. ``Eso quería decir que, como dice el EZLN, el gobierno firma acuerdos para no cumplirlos''. El presidente Zedillo aceptó que había lagunas en la información ``y propuso buscar una salida, porque no tenía argumentos para explicar por qué se rechaza ahora lo que se firmó antes'', a la vez que reiteró su compromiso de cumplir los acuerdos.

Expresó su intención de escribir su posición a los rebeldes, y pedirles reabrir la discusión sobre la iniciativa de reforma constitucional. Los funcionarios de Gobernación le dijeron que escribir al EZLN ``era rebajarse'' y él recordó que ya lo había hecho antes.

``En mi versión de la versión que dan los legisladores'', dijo Marcos, el mensaje, que a la postre fue verbal, el presidente Zedillo mandó decir ``que tenía una natural duda sobre el impacto de la iniciativa. Que su duda era de buena fe. Que no puede cometer errores y quiere consultar con contitucionalistas. Que es inobjetable que lleva diez meses un documento que no conocen sus encargados'', pero mantiene la disposición de lanzar una iniciativa libre de esas ``dudas fundamentales''. Como ``muestra de buena voluntad'', reiteró las ``observaciones'' de Gobernación y pidió que se considere que el gobierno no había respondido todavía''. Que si no había tiempo de discutir la ley en el periodo ordinario del Congreso, convocaría a un periodo extraordinario.

El presidente Zedillo reiteró también ``que para él la única salida del conflicto era la del diálogo y la negociación y que de ninguna manera actuaría militar o policiacamente, entre otras cosas no le conviene''.

El legislador priísta y constitucionalista de la Cocopa, Roque Flores, fue firme al sostener que las reformas eran constitucionales y no existía la pretensión de ``fueros especiales para los indígenas''.

El Ejecutivo pidió un plazo de 15 días y el EZLN lo aceptó.

Por último, y sin omitir un deslinde con el Partido Acción Nacional, Marcos dejó claro que no aceptarán los zapatistas ``ser usados'' para la competencia política contra ese partido, cuyo senador, Luis H. Alvarez, preside actualmente la Cocopa. También hizo votos porque el presidente Zedillo ``tome un papel más directo'' en la solución del conflicto de Chiapas y el proceso de reforma constitucional.