En Baja California están indignados por la forma como los trata la maestra Julia Carabias. Están molestos por lo que consideran una burla a acuerdos tomados entre varias instancias de gobierno, la comunidad científica y diversos grupos sociales, y que expresan el sentir ciudadano. No se explican los motivos para echar por la borda el repetido discurso oficial sobre la necesidad de cuidar y garantizar los recursos naturales y, en el caso que hoy exponemos, la diversidad biológica en la tierra, descentralizar actividades y gobernar con base en el sentir de la población. Y es que en esa porción del país no entienden por qué la dependencia a cargo de la distinguida bióloga expidió tres permisos para cazar ejemplares de borrego cimarrón, en veda por ser una especie en peligro de extinción.

Como un regalo navideño, el 24 de diciembre de 1990 se publicó el decreto del Ejecutivo federal por el cual se prohibía en el territorio del estado de Baja California la caza de dicho borrego en su subespecie Ovis Canadiensis Cremnobates, mientras no se efectuaran los estudios necesarios para determinar el número de ejemplares existentes y de esa manera actualizar los realizados en 1987. Se llegó a tal determinación luego de considerar la petición de diversas instituciones conscientes de que el erróneo manejo cinegético de tan hermoso animal lo estaba poniendo al borde de desaparecer. Era la época en que el gobernador de entonces, luego cesado por irregularidades bien sabidas pero nunca sancionadas, solía agasajar a sus influyentes invitados del Distrito Federal, con un espectáculo digno de su calaña: matar desde helicópteros y avionetas borregos cimarrones.

Los trabajos para determinar la situación de las poblaciones del cimarrón fueron encomendados a varias instituciones universitarias y a la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. El apoyo financiero requerido quedaron de darlo los gobiernos federal y estatal, pero apenas alcanzó para efectuar un estudio en 1992 en un área muy restringida. Trabajos posteriores poco agregaron al conocimiento de la especie. Pero en cambio, se hizo mayor la necesidad de resolver lo referente a la protección y aprovechamiento del borrego, tarea en la que han participado cada vez más grupos interesados en el asunto, al grado de constituirse la Fundación Mexicana para la Conservación del Borrego Cimarrón y, hace dos años, un comité técnico para su manejo en Baja California. De él hacen parte el sector académico, el gobierno estatal, la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, representantes de los ejidos donde habita el borrego, y grupos ecologistas locales.

Si no fue fácil integrar dicho comité, menos ha sido cumplir su tarea, especialmente por los múltiples intereses económicos que rodean al manejo cinegético del borrego. Baste señalar que la venta o subasta de permisos para cazarlo alcanzan sumas cercanas a los 300 mil dólares en Estados Unidos. La Fundación sostiene que los fondos para los estudios y algunas otras tareas que impidan la cacería furtiva, pueden obtenerse de la subasta de los permisos.

Para ello, solicitó a la universidad que los tramitara pero la negativa fue rotunda. Mientras, ha sido infructosa la búsqueda de recursos para investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Semarnap. La Universidad ha reiterado en diversas ocasiones su opinión de que para tomar cualquier medida sobre el aprovechamiento y conservación de la especie se necesitan datos técnicos confiables que aún no se tienen.

Cabe advertir que el Instituto Nacional de Ecología ha intentado poner en marcha un programa para administrar y aprovechar el borrego, pero que carece de sustento técnico y apoyo social. Muestra de ello fue el acuerdo unánime aprobado en septiembre último por el congreso del estado donde solicitan a la titular de la Semarnap reivindique el respeto y ampliación del acuerdo que en 1990 estableció la veda del borrego y condiciona su cacería a realizar los estudios previos indispensables. Un mes después, y durante una visita a la capital de la entidad, la funcionaria se comprometió a no expedir permiso alguno hasta no tener tales estudios. Ese compromiso se lo menciona por escrito días después a la maestra Carabias el mandatario bajacaliforniano que, de paso, ofreció un financiamiento inicial para el censo de población del borrego. Pero la carta del gobernador Terán fue desoída y la protesta de la Universidad y su rector, desdeñada.

En efecto, el 3 de diciembre pasado se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el cual se autoriza la cacería del borrego cimarrón en Baja California y la del oso negro en Chihuahua. Como resultado, se pusieron a subasta tres permisos para la cacería del borrego en la patria chica del Presidente de la República. La subasta se hará el jueves próximo en Phoenix, Arizona. Sólo falta en esta cadena de desaguisados, que este acto lo presida un alto funcionario federal.