Preocupante, la militarización de los cuerpos civiles: Concha

Rosa Elvira Vargas La impunidad es la razón principal de la ``crisis de confiabilidad'' que enfrentan en México las instituciones de procuración de justicia. De esa impunidad no sólo deriva la animadversión ciudadana a esos órganos, sino también gran parte de la inseguridad que se vive en el país.

El sacerdote Miguel Concha, presidente fundador del Centro para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, planteó además que la impunidad en organismos como la Procuraduría General de la República (PGR) y los que operan en las entidades de la República se da, sobre todo, por ineficiencia, corrupción y falta de autonomía de esas instancias en relación con el Poder Ejecutivo.

El sacerdote dominico Miguel Concha criticó los
resultados de las investigaciones de los casos Colosio,
Ruiz Massieu, Posadas y Polo Uscanga
Foto: Archivo de La Jornada

El religioso formuló en entrevista severos juicios sobre la actuación de las procuradurías y también preguntó qué ha sido, qué suerte han corrido los ofrecimientos del presidente Ernesto Zedillo -hechos durante su toma de posesión- acerca de conformar, a la brevedad, un sistema nacional de información policiaca o la instancia de seguridad pública que tendría jurisdicción en todo el país.

Miguel Concha Malo también se dijo preocupado ante el hecho de que cada vez con más frecuencia, militares sean llamados para encargarse de las instituciones persecutorias de los delitos. Aseguró que ello se debe a presiones que en tal sentido ejerce el gobierno de Estados Unidos, y estableció que ``lo importante es profesionalizar los cuadros civiles y que no se siga contratando en los cuerpos policiacos a personal corrupto''.

Los militares, afirmó, tienen claramente delimitadas sus funciones y sólo de manera eventual pueden asumir funciones de seguridad pública, como lo ha marcado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre esto, sentenció, no caben ``interpretaciones maximalistas''.

Asimismo, señaló: ``Hubiera preferido que el ombdusman Jorge Madrazo Cuéllar asumiera las funciones de procurador general de la República una vez que concluyera su periodo al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos'', marcada para mediados de este mes.

Su argumento es que la principal función de un ombdusman consiste en revisar los actos administrativos de las instituciones de procuración de justicia, y ante ello ``lo mejor hubiera sido actuar con escrupulosidad ante la ciudadanía para no dar la impresión de que se puede ser juez y parte''.

Empero, Concha Malo aclaró enseguida que su consideración no significa desconfianza hacia Jorge Madrazo. ``Me constan su calidad, profesionalismo, rectitud, ética, compromiso de trabajo y pulcritud en las investigaciones que ha emprendido''.

Más adelante, y tras insistir en que la PGR debe depurarse con la condición de que ello implique sanción o castigo conforme a la ley contra quienes han incurrido en delitos, el sacerdote señaló que ``sería una tragedia considerar a la Procuraduría una institución sin remedio; debe tenerlo''.

Subrayó entonces que los organismos no gubernamentales de defensa y protección de los derechos humanos tienen claro que las procuradurías deben ser cada vez más independientes del Poder Ejecutivo, sin que ello implique regresarlas a la esfera del Judicial, como ocurría antes de la Constitución de 1917.

Concha admitió, sin embargo, que para lograr esa autonomía ya se han dado algunos pasos, como el hecho de que el nombramiento del procurador deba ser ratificado por la mayoría del Senado de la República.

``No obstante -añadió-, no estaría por demás estudiar la conveniencia de establecer en México un organismo aún más independiente, pues sería una forma de devolverle a la PGR la confiabilidad, la autonomía e independencia para perseguir los delitos conforme a la ley y de acuerdo con un verdadero Estado de derecho democrático en el que se garantiza y respeta la separación de poderes.''

Durante la charla, Miguel Concha se detuvo largamente en el análisis de los asesinatos políticos no suficientemente esclarecidos por la PGR -Luis Donaldo Colosio, Juan Jesús Posadas Ocampo y José Francisco Ruiz Massieu-, así como en la falta de resultados de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en el caso del magistrado Abraham Polo Uscanga. ``Pese a la constitución de fiscalías especiales para todos ellos, no se ven resultados que convenzan sobre las investigaciones'', indicó.

Planteó que incluso en el homicidio del ex candidato a la Presidencia de la República, la impresión de los ciudadanos y de los organismos no gubernamentales de derechos humanos es que ``se formulan hipótesis sobre móviles o causas posibles, y es en torno a ellas que se fabrican procesos judiciales''.

Sin embargo, dijo, la ciudadanía advierte contradicciones en muchas de las averiguaciones, tanto de la PGR como de las fiscalías especiales, sobre los presuntos implicados, y también con asombro constata que los jueces federales han puesto en libertad a inculpados de la Procuraduría, por falta de pruebas suficientes y contradicciones en el proceso y en las averiguaciones previas. En el colmo, planteó Concha Malo, se llama como testigos a quienes antes habían sido inculpados.

El del homicidio de Colosio es un tema en el que el sacerdote ha puesto mucha atención. Afirmó que la PGR debe actuar con profesionalismo y no dar la impresión de gran desaseo en la la manera como se ha ido queriendo esclarecer más a cabalidad este crimen.

``De ahí que el manejo de la información a la opinión pública deba hacerse en forma responsable, demostrando que en efecto se está investigando para encontrar la verdad y mostrar con ello una actitud, un comportamiento ético y profesional'', propuso Miguel Concha.

En resumen, concluyó el religioso dominico, todas estas situaciones son sumamente delicadas. El pueblo quiere un Estado de derecho democrático. ``Debemos buscar nuestras soluciones de acuerdo con nuestra historia y necesidades'', indicó