La incapacidad de las instituciones de procuración de justicia para resolver los sonados crímenes de 1993 y 1994 constituyen sólo la punta del iceberg de una grave y generalizada ineficiencia de policías y procuradurías que perjudica a todos los niveles de la sociedad en todas las regiones del territorio nacional.

El día de ayer, como un botón de muestra, se reportó en Jalisco que, a 17 días de haber entrado en operación, los ``convoyes'' compuestos por diferentes cuerpos policiales, concebidos para abatir los asaltos en carreteras, e integrados por efectivos de distintas corporaciones de seguridad, se han dedicado a detener (y presumiblemente a extorsionar) a ebrios, drogadictos y menores de edad; los homicidios relacionados con el narcotráfico que se han cometido este año en Tijuana suman 250, mientras que en todo Baja California la cifra es de 400; en Ciudad Juárez se denuncian abusos, extorsiones y falta de atención por parte de policías y dependencias de procuración de justicia hacia los trabajadores migratorios que regresan al país procedentes de Estados Unidos; en la capital michoacana se han cometido, en los 10 últimos días, 28 asaltos, sin que ninguno de los responsables haya sido llevado a los tribunales. La enumeración podría ser interminable.

En distintos tonos, y en declaraciones por separado, la inoperancia del sistema de justicia nacional fue señalada antier y ayer por José Luis Soberanes, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; por el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha; y por el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda.

La impunidad, la falta de credibilidad y de confiabilidad, la corrupción, la mala preparación de los cuerpos policiales, entre otros factores mencionados por los declarantes, han minado a las instituciones encargadas de procurar justicia hasta el punto de que, como lo afirmó Soberanes, no estén funcionando.

Entre las alarmantes distorsiones que este estado de cosas provoca --además del incremento de la inseguridad, del aumento del poder del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada, del escepticismo generalizado y de las profundas lesiones al tejido social del país--, resulta obligado mencionar las persistentes violaciones a los derechos humanos. Los responsables de esas violaciones agravan sus delitos amenazando y atacando a las organizaciones que defienden la vigencia de esos derechos y a sus integrantes, como lo señala un informe de Amnistía Internacional.

Los hechos y los señalamientos mencionados debieran ser una llamada de alerta para enfrentar y superar el colapso al que ha llegado nuestro sistema de justicia, un colapso que debe ser reconocido como una verdadera emergencia nacional. Es urgente y necesario que el gobierno, los partidos políticos, los juristas y sus organizaciones, las comisiones de Derechos Humanos, las agrupaciones no gubernamentales que trabajan en este terreno y la ciudadanía en general, conjunten esfuerzos para concebir y llevar a cabo un amplio programa de rescate de las instituciones de procuración e impartición de justicia. La lucha contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder, son tareas que pueden suscitar un gran consenso nacional. Es tiempo de emprenderlas.