El secreto es uno de los medios predilectos del poder. Pero, en México, el secreto es además una forma normal de actuación política. Los acuerdos entre la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) han asumido el carácter de secretos, así como también las reservas o desacuerdos del gobierno.

Antes, fueron secretas las negociaciones entre los partidos y el gobierno sobre las reformas constitucionales en materia electoral.

Lo secreto ayuda a los negociadores del gobierno a sacudirse de presiones de la opinión pública y perjudica a las contrapartes del oficialismo debido a que éstas no pueden intervenir en debates abiertos en los que se incorporen otras voces y se haga la crítica de lo que cada bando va proponiendo.

En México, toda negociación política tiene siempre aspectos y momentos secretos, los cuales son utilizados por el gobierno para controlar el proceso mismo del debate intramuros. Los gobernantes mexicanos --los priístas-- siempre aducen que el secreto (o el sigilo, lo cual es prácticamente lo mismo) es necesario para impedir que las negociaciones fracasen por efecto de las versiones de prensa. En realidad, los gobernantes mexicanos siempre tratan de evitar que sus posturas sean conocidas y rebatidas en público.

Como no se conoce el proyecto de iniciativa de reformas constitucionales propuesto por la Cocopa y aceptado por el EZLN, nadie puede comentar sobre su contenido. Quienes tienen información sobre el texto no están autorizados a darlo a conocer y, si lo hicieran público, nadie les creería pues faltaría el sello de autenticidad.

Así, el país se encuentra en una completa ignorancia sobre uno de los mayores problemas que tiene enfrente. La política se ha vuelto, como casi siempre, privada.

Al parecer, el problema principal del proyecto Cocopa-EZLN es el de la autonomía de los pueblos indios; el de los derechos colectivos de los indios que conforman pueblos, pero no en el sentido de población sino de grupo étnico, lingüístico y cultural diferenciado de los demás y del resto de la sociedad.

En ninguna parte del mundo el problema de la existencia de pueblos minoritarios se ha resuelto sin reconocerles a éstos derechos especiales. Para que la democracia y el sistema jurídico abarquen realmente a todo el país, las minorías --cualquiera que sea su expresión y origen-- deben ser reconocidas, de tal manera que se les permita gozar de sus derechos como tales, pues al igualarlas con la mayoría se hace imposible en la práctica que aquéllas logren efectivamente ejercer dichos derechos jurídicos.

Esta es la historia de los pueblos indios de México, los cuales han sido condenados al mestizaje como única forma de igualarlos. Pero como la realidad suele ser más necia que los discursos del poder y de los filósofos, lo que ha ocurrido es que entre más se presiona a los indios para que se igualen, más luchan éstos por ser reconocidos como pueblos diferentes, aunque sin dejar de ser parte de México como país.

Al parecer, lo que el actual gobierno teme es lo que siempre han temido todos los gobiernos: que existan regiones gobernadas por indios, de conformidad con ciertas normas y estilos propios. Se dice que peligra la soberanía y la integridad nacionales. La verdad es que ese peligro jamás ha provenido de los pueblos indios, sino de los gobiernos entreguistas.

El secreto es, una vez más, un grueso telón que impide a los indios y a los mestizos debatir abiertamente sobre el curso de unas negociaciones que interesan al país entero.

El secreto es, por naturaleza, antidemocrático. A través del secreto los políticos dejan de ser políticos y se convierten en cortesanos. En tanto, el pueblo ni sabe ni opina.