No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Ernesto Zedillo, pero otra vez el Presidente de la República ha mostrado su falta de respeto a la sociedad, al no informarle con amplitud y claridad las razones de la destitución, violenta en las formas, del hasta hace unos días procurador general, Antonio Lozano Gracia.

A pesar del desarrollo sociopolítico del pueblo mexicano y de su creciente interés en los asuntos públicos, en la cúpula del poder en México todavía parece prevalecer la vieja sentencia del virrey Marqués de Croix, quien decía a sus súbditos novohispanos que ``nacieron para callar y obedecer y no para discutir y opinar en los altos asuntos del gobierno''. Bueno, el Marqués lo decía. En el reino de la verbocracia presidencial, que por fortuna cada vez tiene más impugnadores, no se dice tal cosa, sino que todo se hace en nombre del pueblo y para su bienestar. Pero en realidad, el Presidente --éste y casi todos sus predecesores-- actúa conforme el dicho del Marqués.

La gestión de Lozano Gracia al frente de la Procuraduría General de la República durante dos años está cubierta de luces y sombras, igual que el gobierno todo del presidente Ernesto Zedillo. Afrontó grandes fracasos, cometió relevantes errores, pero también tuvo sonados éxitos. La mayor relevancia de su desempeño, sin embargo, acaso sea la honorabilidad, cuestionada en algunos momentos pero no con pruebas fehacientes hasta donde es posible saber.

Si, como se conjetura, el principal motivo de su caída fue su disposición a apoyar la acción de inconstitucionalidad de la reforma electoral aprobada por los priístas, mayoriteo que el Presidente hizo suyo, entonces habría que aplaudir al defenestrado, porque Zedillo y su partido sacrificaron --en el ara de un financiamiento cuantioso a los partidos-- valiosos consensos logrados a lo largo de dos años.

Contra la creencia de quienes denuestan al ex procurador, su imagen ante la opinión pública no era mala antes de su cese, como lo acredita una encuesta efectuada en noviembre pasado, en la cual obtuvo 6.2 de calificación, superior a la de casi todo el gabinete y del propio Zedillo, quien recibió 5.9 puntos (Reforma, domingo 1 de diciembre, primera plana). Y tampoco es negativa su imagen después de su despido, de acuerdo con otra encuesta del mismo diario, efectuada el martes 3 de diciembre, en la cual 52 por ciento de los encuestados consideró eficiente al cesado.

Hay quienes han querido ver en la remoción del procurador un golpe al Partido Acción Nacional. No es así en realidad. La presencia de Lozano Gracia en la PGR se había convertido en una prueba de cercanía --contubernio para algunos-- de ese partido con el gobierno. Ahora el PAN podrá continuar con el papel de opositor que lo ha acompañado casi toda su existencia, sin el lastre colaboracionista que un procurador panista suponía, y esto sin duda le redituará ganancias comiciales.

Pero al margen de ganancias o pérdidas partidarias, lo verdaderamente importante es que la procuración de justicia marche por caminos de rectitud y eficiencia. El prestigio del nuevo titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, permite tener esperanzas sólidas en lo primero, aun cuando para lo segundo, la eficiencia, no baste la honorabilidad.

Como tampoco basta ser militar para tener éxito contra el narcotráfico, dicho sea esto a propósito del nombramiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo como comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Independientemente de las prendas que pueda tener el general y de su éxito o fracaso, su designación no es una buena noticia. Ya son demasiados los jefes castrenses que dirigen corporaciones policiales en el país.

Continúa predominado en este gobierno la errónea idea de que su condición militar habilita a generales y coroneles para dirigir las policías. Es preciso insistir: la función y el entrenamiento de los militares es diferente de los policiales. Los militares no están entrenados para proteger vidas y patrimonio de los ciudadanos, que es la tarea esencial de las policías. Es fácil también que los militares metidos a investigadores incurran en arbitrariedades, incluida la violación a derechos humanos, en vez de investigar.

Rápidamente tuvo imitadores el ucase presidencial contra Lozano Gracia, como lo acredita el cese fulminante del director del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ignacio Madrazo, por atreverse a revelar, desde su alto puesto, algo que les consta a miles de usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social: las graves deficiencias en el abasto de medicamentos