Luis Hernández Navarro
¿Privilegios o ciudadanía plena?
Para Oscar Oliva y Juan Bañuelos, que enseñan, día con día, que la vida no está en otra parte.
No deja de ser una ironía el que analistas políticos coincidan en que detrás de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena se esconde una exigencia de privilegios. Y lo es porque los indios son, precisamente, el sector de la población más desfavorecido.
Cuando menos, uno de cada diez mexicanos es, en promedio, indígena. Viven en condiciones alarmantes de extrema pobreza y marginalidad. Ser indio y ser pobre son, en nuestro país, sinónimos. Casi toda la población que vive en municipios donde el 90 por ciento de sus habitantes son indios están catalogados en el rubro de extremadamente pobres. Más de las tres cuartas partes de la población indígena vive en 281 municipios clasificados como extremadamente marginados. Cerca de la mitad de la población indígena es analfabeta en contra del promedio nacional del 12 por ciento. Alrededor de la mitad de los municipios indios carecen de electricidad y agua potable, mientras que el promedio nacional de ausencia de estos servicios es de 14 y 21 por ciento, respectivamente. En el 60 por ciento de los municipios sus habitantes se ven obligados a emigrar; quienes lo hacen no viven, necesariamente, en mejores condiciones. Entre el 70 y 84 por ciento de la población indígena menor de cinco años presenta elevados niveles de desnutrición. El índice de mortalidad de los menores de cinco años es de 26 por ciento frente al 20 por ciento nacional. El 80 por ciento de las enfermedades que padecen son de origen infeccioso asociadas a la deficiencia nutricional, la anemia y la insalubridad.
A la pobreza económica le acompaña, irremediablemente, la injusticia. En ellos se concentra la mayor cantidad de violación a los derechos humanos. De acuerdo con el hoy procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, los tribunales ordinarios del país no están en condiciones administrativas de proporcionar justicia a los indígenas. Según él ``las reformas procesales impulsadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de traductores, intérpretes y conocimiento de los jueces de los derechos consuetudinarios indígenas no pueden cumplirse ni siquiera modestamente''.
Por si todo ello fuera poco, varios de estos pueblos están a punto de desaparecer como tales. La discriminación es una constante en el trato que se les da, los recursos públicos que se les canalizan son precarios e insuficientes, las políticas que les afectan se definen sin su participación y padecen una subrepresentación política generalizada.
La actual legislación no ha servido para frenar este proceso, y su cabal cumplimiento es insuficiente para modificar la situación. En estas condiciones, la mera afirmación de que los pueblos indios quieren privilegios o fueros no puede ser sino un comentario nacido de la ignorancia y el prejuicio de sus condiciones de vida y de sus demandas.
Los pueblos indios, exigen, sí, reformas legales que les permitan remontar su condición de exclusión e integración subordinada con el resto de la sociedad nacional. Reformas legales que reconozcan entre otros aspectos, su derecho a la libre determinación y a la autonomía como expresión de ésta; sus diferencias culturales, sus sistemas normativos internos, sus mecanismos para nombrar a sus autoridades, a las comunidades donde viven como entidades de derecho público, que prohíban la discriminación.
Esa reformas fueron aceptadas por el gobierno federal cuando firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena. Forman parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales de la Unesco que establece: ``Todos los individuos y los grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser considerados como tales''.
Las demandas indígenas no tienen nada que ver con reivindicaciones separatistas, el establecimiento de reservaciones o con la intención de desintegrar la unidad nacional. Los pueblos indios que quieren ser reconocidos como tales se reivindican también como mexicanos y quieren seguir siéndolo.
Su proyecto de legislación sobre la autonomía busca dar un marco legal a un conjunto de instituciones, prácticas políticas, culturales y jurídicas, y sistemas normativos que ya existen, a pesar de los reiterados intentos oficiales por ``asimilarlos''. Su vitalidad es tal que han sobrevivido a políticas claramente etnocidas. Su reconocimiento permitiría terminar con la simulación en la que se ven obligados a vivir, y crearían condiciones más favorables para la reconstrucción de los pueblos.
Nada está más lejos de los pueblos indios en su exigencia de legislar sobre derechos y cultura indígena que la búsqueda de privilegios. Sus demandas, por el contrario, pretenden conquistar la ciudadanía plena.