EJIDO TARAHUMARA

Angélica Enciso, enviada / II y última San Rafael, Chih. Con el incremento de la explotación forestal del ejido San Alonso, enclavado en la Tarahumara central, la empresa International Paper Company prevé elevar la producción en casi 200 por ciento y pasar así de 11 mil a 30 mil toneladas al año.

La empresa trasnacional paga 116 pesos por tonelada de material para celulosa, y se niega a incrementar el precio a pesar de las exiguas ganancias que deja al ejido la explotación comercial de las 16 mil hectáreas aprovechables.

Artesana tarahumara en labores de tejido
Foto: Ernesto Ramírez

Lo que se necesita es ``elevar la productividad'', asegura Harry Archer, director del proyecto México.

Por su parte, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) asesoró a 13 ejidatarios en la presentación de una denuncia contra tres personas que participan en la explotación del bosque, debido a la ``forma e intensidad en que realizan la extracción de madera, ya que es violatorio y en perjuicio de los recursos naturales del ejido''.

Con el programa piloto que aplica en la sierra Tarahumara, que comenzó apenas hace cuatro meses, la trasnacional ha tenido pérdidas, pero ``estamos dispuestos a perder ahora, porque aquí hay gran potencial y posibilidades de negocio'', asegura Harry Archer.

Y al comparar los niveles de productividad de México con los de Estados Unidos, el empresario indica que ``aquí se producen 60 toneladas en una semana entre ocho personas, mientras que en las plantaciones comerciales de Mississippi eso se obtiene en dos días con sólo dos trabajadores''.

Por su parte, Carlos González Vicente --de la compañía Consultores Internacionales, que representa a la trasnacional en el ejido-- asevera que con la explotación forestal de la región que se ubica del lado del Océano Pacífico, del norte al sur del país, se lograría una producción forestal de 5 millones de metros cúbicos tan sólo para exportación, ``sin afectar el mercado nacional''.

La Cosyddhac refiere que la empresa dispone de 18 líneas de producción, entre las que destacan productos de papelería, pañales desechables, materiales y químicos para fotografía, equipos para oficina y producción de gas natural.

Mientras, González Vicente explica, en entrevista, que la trasnacional tiene mercados en 22 países, aunque en la actualidad los más importantes son los de Chile, Nueva Zelanda y Japón, y pretende cubrir el mercado asiático, donde hay un gran déficit de celulosa.

En reuniones que hace unos días sostuvieron Archer, González Vicente, técnicos de la empresa, cerca de 15 ejidatarios, representantes de la Cosyddhac y funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) --que sólo acudieron como testigos y moderadores--, los empresarios destacaron las ``bondades'' del proyecto.

Ahí, González Vicente explicó que en San Alonso se requiere una inversión anual de 3.7 millones de pesos para modernizar el proceso de producción. Este año la Semarnap aportará mil millones de pesos, 2 mil 500 la empresa y el ejido 355 millones; recursos que serán destinados al programa de manejo forestal, equipo para construcción de caminos y maquinaria de aserrío.

La denuncia por presuntas irregularidades en la explotación forestal, fue presentada el 13 de septiembre pasado contra el ejidatario Miguel Frías Fontes; el prestador de servicios técnicos forestales, Refugio Luna García, y Carlos González Vicente.

El texto indica que en el periodo comprendido entre noviembre de 1995 y julio de 1996, se derribaron 255 árboles tascates sabino, cuya tala está prohibida. Además de manera continua se han cortado pinos verdes, sin haber realizado una delimitados previa y fuera de las áreas autorizadas.

Ante esos hechos los 13 ejidatarios denunciantes, asesorados por la Cosyddhac, pidieron que se suspendieran ``los trabajos de aprovechamiento forestal de la International Paper como medida preventiva, en razón del peligro que existe para el ecosistema y el medio ambiente''.

Sin embargo, las autorizaciones de aprovechamiento forestal se otorgan al ejido, por lo que la primera respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo desconcentrado de la Semarnap, fue que esa acción no procedía. La Cosyddhac ha demandado, a través de su representante, María Teresa Guerrero, que la investigación continúe y se sancione a los responsables.

En las reuniones efectuadas en las instalaciones de la Semarnap en Chihuahua y en el ejido, Archer se dirigió sobre todo a los denunciantes para convencerlos del ``error'' de sus cuestionamientos, y aseguró que ``se busca mejorar la vida en la comunidad y que las futuras generaciones obtengan los beneficios del bosque... la gente indígena del ejido entiende las propuestas que estamos presentando, por ello las innovaciones técnicas que proponemos han sido aceptadas por la comunidad''.

Una de las principales inconformidades de los denunciantes se refiere a la práctica de ``aclareos'', que han causado inquietud en los habitantes de la región, pues consideran que se trata de una ``tala'' del bosque mediante la cual se cortan árboles pequeños que estarían en crecimiento.

Los denunciantes consideran que la puesta en práctica del actual manejo forestal del ejido se realiza sin tomar en cuenta las restricciones que el propio programa establece, ya que existen evidencias de cortas fuera del área, alta intensidad de ellas y falta de control de desperdicios.

El plan de manejo forestal sustentable del ejido San Alonso, presentado por la empresa, considera ``proporcionar beneficios actuales y en el futuro al ejido, a través de la expansión económica y del uso de los recursos forestales, en forma armónica con los valores y las tradiciones de la cultura tarahumara''.

Con una vigencia de diez años, el programa establece que se ``tendrá especial cuidado en aquellos sitios de interés histórico, cultural, religioso y geológico'', además de preservar ``la biodiversidad, la vida silvestre y la flora, mediante la aplicación de los mejores conocimientos científicos disponibles para la planeación y desarrollo del aprovechamiento, respetando los valores y tradiciones indígenas''.

Por su parte, el comisariado ejidal, Eligio Morales, considera que el proyecto beneficia a la región y prueba de ello es que este año se entregaron utilidades a los ejidatarios por 200 pesos. ``Los mestizos únicamente vienen a crear problemas. Engañan a la gente y a quien perjudican es al ejido'', asevera, y señala que los denunciantes son ``mestizos'' que se aprovechan de los rarámuris.

Platica que desde la llegada de la empresa estadunidense a la región, ``ha habido importantes mejoras en las condiciones de comercialización de nuestros productos, sobre todo en precios, condiciones de trabajo y oportunidad de los pagos, y esperamos que mejoren las expectativas de todo el proceso productivo forestal''. Asegura que antes no había opciones para la comercialización de los productos.

Datos obtenidos por la Cosyddhac dan cuenta de que en el periodo comprendido entre enero y septiembre de este año la empresa Forestales y Asociados, a la que pertenece Refugio Luna, uno de los acusados, comercializó un millón 800 mil toneladas de madera. El total de las utilidades que correspondieron a los ejidatarios en este periodo fue de 549 para cada uno.

El obispo de Tarahumara, José Luis Dibildox, envió una carta de apoyo a los denunciantes en la que pide a las autoridades realizar la investigación de la denuncia, ya que ``queremos proteger el medio ambiente y los derechos de nuestros indígenas que son despojados de los pocos bienes que poseen''