Ante la sorpresiva destitución del cargo de procurador general de la República de ``su distinguido militante'', Antonio Lozano Gracia, dirigentes del PAN han respondido de diversas maneras, indicadoras todas ellas, primero, de asombro y en seguida de intento de capitalizar el hecho en favor de sus futuras campañas políticas.

El dirigente del Distrito Federal propuso de inmediato al recién sustituido como candidato a jefe del Distrito Federal, actuando quizá sin pensar y como una respuesta de bote-pronto, que no debe contar con el visto bueno de dirigentes del más alto nivel y, problablemente, ni con la previa anuencia del ``destapado''.

Otra respuesta fue más bien violenta. El ex candidato a la Presidencia de la República dijo por radio que el despido fue una majadería y que ni a un sirviente se le trata de ese modo. Su agresividad al hablar y su enojo volvieron a relucir en esta ocasión.

Una manera más inteligente de afrontar el asunto, menos visceral y más meditada, tuvieron los senadores panistas y algunos dirigentes, según se advierte a partir de sus declaraciones aparecidas en la revista Proceso.

Esta última versión de la explicación panista sostiene que la destitución ``prueba'' que el nombramiento de Lozano no surgió de alguna negociación entre el partido y el gobierno y que es, en todo caso, una muestra de la distancia entre ambas entidades.

Las cosas no son, sin embargo, tan claras como los panistas quisieran. Cuando se hizo el nombramiento, tan sorpresivo como la posterior defenestración, la vanidad de algunos de ellos dejó correr la versión de que el mismo cargo ya había sido propuesto a Diego Fernández de Cevallos y a Gabriel Jiménez Remus, quienes lo rehusaron. Esto indica que sí hubo un acuerdo o al menos pláticas entre el Presidente y dirigentes partidistas. Hubiera sido ingenuo de parte del primer mandatario, que dio el nombramiento, correr el riesgo al hacerlo público de que el partido de oposición lo descalificara y desairara. Sin duda se aseguró antes la anuencia, que podría ser tácita, pero que fue expresa en varias declaraciones de entonces.

Pero hay algo más. Si bien el procurador Lozano era el más notorio de los panistas que colaboraba con el régimen actual, no era el único.

En el gobierno del DF hay varios casos de esta colaboración y, posiblemente, en diversos cargos locales se pudieran encontrar algunos más. Se ha sabido, al menos, de un secretario de Salud en Chiapas, de varios altos funcionarios en Michoacán y de un contralor en Hidalgo.

Los panistas hablaban de cogobierno y en su tesis de política total se veían bien como oposición, gobierno o cogobierno.

También coinciden los nombramientos con una época de franco apoyo a la política económica del gobierno, beneplácito con el TLC y de reconocimientos casi automáticos a triunfos panistas.

Por todo ello, no es fácil hacer tragar a la opinión pública la rueda de molino de que no hubo ``alianza ni pacto alguno''. Por supuesto que no podría pensarse en un protocolo por escrito, pero de que hubo convergencia y armonía entre la oposición más fuerte en México y el gobierno, en puntos fundamentales, la hubo.

El debate seguirá abierto y aún faltan muchas explicaciones a la opinión pública tanto del Presidente, del ex procurador como de los dirigentes panistas, quienes además deben una explicación principalmente a los miles de militantes y simpatizantes de buena fe que deben extrañarse de lo que pasa en su partido.