Campaña del Congreso Indígena y asesores del EZLN en defensa de la iniciativa de la Cocopa

Matilde Pérez U., José Gil Olmos y Jesús Aranda El anteproyecto de iniciativa de modificaciones al artículo 4o., de la Comisión de Concordia y Pacificación, para elevar a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas, no atenta contra la estructura del Estado ni plantea ``fueros, privilegios o potencia un proceso de balcanización'', destacaron la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) y los asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Bárbara Zamora y Luis Hernández Navarro.

Los planteamientos de libre determinación, autonomía y reconocimiento a la comunidad como ente público con personalidad jurídica, con facultad para asociarse, ``apuntan claramente al reconocimiento de un régimen jurídico que refleje la pluralidad del Estado mexicano', destacó la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.

La comisión del Congreso Nacional Indígena y los asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunciaron el inicio de una campaña nacional en defensa de la iniciativa. Al reunirse ayer por la noche advirtieron que es responsabilidad del presidente Ernesto Zedillo allanar el camino para dicha iniciativa o, por el contrario, abrir la posibilidad de nuevos enfrentamientos en Chiapas.

A su vez, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) descalificó la iniciativa de ley propuesta por la Comisión de Concordia y Pacificación y avalada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al considerar que es inadmisible que los ``usos y costumbres'' estén por encima de la Constitución.

La Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional Indígena puntualizó que la comunidad es ``donde los indígenas tenemos cierto grado de autonomía, abarca aspectos sociales, políticos, de impartición de justicia y reproducción cultural. Es un ente colectivo integral y no sólo se restringe al aspecto agrario'', abundó.

Al responder la pregunta, ¿por qué los derechos indígenas?, dicha comisión del Congreso Nacional Indígena indicó que la propuesta de reconstruirse como pueblos no implica ``destruir la institución municipal, sino adecuarla a las realidades indígenas, de compatibilizarla y fortalecerla''.

Esa reconstitución que se dará mediante la asociación de las comunidades y municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena no atenta contra la estructura del Estado ni el espíritu de vida cotidiana de nuestros pueblos'', aclaró.

La abogada Bárbara Zamora puntualizó que la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación no contraviene la soberanía nacional, la integridad territorial ni el pacto federal, y sí se reconocen los derechos de los indígenas, como el Constituyente de 1917 reconoció el de los campesinos y obreros.

Tampoco contraviene el artículo 27 constitucional, y en lo que se refiere a la soberanía -artículo 115- pretende la articulación cabal del territorio nacional al conjunto de la vida republicana y federal de los mexicanos. ``El precepto es articulador tanto del territorio como de los ciudadanos, pueblos y comunidades''.

Luis Hernández Navarro expuso que la mencionada propuesta no retomó el conjunto del compromiso del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo en lo relacionado con los medios de comunicación, pero toma en lo esencial los consensos.

``Se trata de una iniciativa de ley que sirve de paraguas al proceso de reconstrucción de los pueblos indígenas'', destacó el asesor y agregó que el no reconocimiento de los derechos a los indígenas, es no aceptar un México pluriétnico, sino la ``mestizocracia''.

En la reunión, otros asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -Gilberto López y Rivas, Octavio Rodríguez Araujo, Paz Carmona y Raúl Jardón- destacaron que el Congreso de la Unión tiene la oportunidad histórica de aprobar dicha iniciativa. Sin embargo, advirtieron que existe una preocupación de que el Ejecutivo rechace esta oportunidad o que el Partido Revolucionario Institucional modifique las propuestas de reformas constitucionales cuando se discuta en el pleno del poder Legislativo.

Apuntaron que una de las previsibles dificultades para aprobar el paquete de cambios legislativos, en favor de los derechos indígenas, es que al gobierno le preocupa que en 1997, año de elecciones federales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pueda incidir en el ánimo de los votantes.

López y Rivas aseguró que este grupo legislativo se está jugando su futuro político, y con él también los partidos políticos. ``Están entre lo sublime y lo ridículo; todos los partidos políticos y cada uno de los legisladores se encuentran en un callejón sin salida: o votan contra una iniciativa progresista o van en contra del desarrollo de los hechos''.

Los asesores zapatistas rechazaron que el grupo armado esté negociando en secreto o a espaldas de las comunidades indígenas, pues, insistió López y Rivas, en las dos semanas de negociación se ha consultado y ha estado presente el Congreso Nacional Indígena.

Al hacer una evaluación del proceso negociador de esta iniciativa, Octavio Rodríguez Araujo desconfió del periodo de dos semanas que pidió Zedillo para que un grupo de juristas analice la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación. A su vez, este periodo ``está calculado'', pues es difícil mantener una campaña de información o de movilización durante este periodo de fin de año.

Los dirigentes de Confraternice, Fernando Ruiz de la Rosa y Sergio García Romo, se opusieron tajantemente a la intención de dotar de autonomía a las etnias, pues ello, apuntaron, va en contra del régimen constitucional.

Sería muy grave que se adoptara la propuesta, argumentaron, ``ya que eso equivaldría a sancionar la existencia de muchos Méxicos y a romper con el respeto al derecho que consagra una esfera de soberanía para la persona individual''. Eso nos haría retroceder más allá de la Edad Media, a las negras épocas de los absolutismos, alertaron.

Aseguraron que no es necesario modificar la legislación, sino aplicar la ley para solucionar la compleja problemática de los pueblos indígenas. La Constitución está por encima de las traiciones, las cuales ``suelen ser bastante bárbaras'', señalaron.