Tiene el poder adquisitivo un rezago de 30 años, según un estudio
Humberto Ortiz El Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México advirtió ayer que el país perdió ya 30 años en la recuperación del poder adquisitivo; subrayó que nos llevará todavía tres años más resarcir el ingreso disponible y el mercado interno, y dio a conocer perspectivas de la economía que difieren de las cifras oficiales.
Al respecto, Antonio Castro Quiroz, director del CAPEM, desglosó: crecimiento de 4.7 por ciento en el PIB; déficit público de 1.9 por ciento y no de 0.5 por ciento; tipo de cambio a 9.13 pesos por dólar; Cetes a 28 días, con una tasa de 24.3 por ciento; índice de precios al consumidor de 17.9 por ciento.
Si bien Castro Quiroz consideró que la recuperación económica podrá consolidarse, advierte que prevalecerá un contexto de vulnerabilidad acentuado por mayores necesidades de endeudamiento público y privado, combinado con incertidumbre política y la acumulación de la deuda social.
En rueda de prensa posterior a un seminario sobre economía impartido conjuntamente por el CAPEM y CIMEX-WEFA, en un hotel capitalino, Castro Quiroz señaló que el pago del servicio del débito externo significará para México un desembolso superior a los 30 mil millones de dólares anuales. Es decir, una cuarta parte de sus recursos financieros internacionales.
``La política y la sociedad, tarde o temprano, siempre cobran a la economía el precio de su torpeza'', manifestó el alto ejecutivo de la compañía de análisis y consultoría, quien no rehuyó el tema político. Consideró que los resultados electorales en el estado de México expresan que hubo un voto de castigo que la oposición supo aprovechar y que podría repetirse en los comicios de 1997.
A su juicio, la ciudadanía no tiene memoria histórica y cuando recupera su poder adquisitivo vuelve a sufragar por el Partido Revolucionario Institucional.
De vuelta al tema económico, Castro Quiroz observó que la rama que más dificultades tiene para resarcirse de la crisis es la de servicios, en virtud de que su rezago obedece más a la recuperación del ingreso disponible, o sea el salario y empleo reales, que a la propia dinámica de la economía. Y aclaró que el país tardará tres años más en recobrar lo perdido en ocupación y emolumentos.
En este contexto, el director del CAPEM expuso que los salarios mínimos muestran similar capacidad de compra que en 1994; los medios, un porcentaje parecido al de 1962; y los salarios industriales igual que los de 1968.
Con ello, aseveró, llevamos ya 30 años perdidos en materia de poder adquisitivo, con constantes caídas del mercado interno y recuperaciones moderadas aunque sostenibles.
Dijo que vislumbraba un fuerte dinamismo en las exportaciones para el próximo año, pero insistió en que el gasto público y las inversiones influirán de manera determinante en el crecimiento.
Castro Quiroz previó que ``les irá bien'' a los exportadores, y agregó que todos los proyectos que sigan el modelo de sustitución de importaciones, como el caso de las maquiladoras, les significará un gran negocio futuro.
Advirtió que aún estará presente el problema de las carteras vencidas, en virtud de la lenta recuperación de los sectores económicos y sociales, y la restructuración de adeudos enfrentará una crisis de insolvencia.
Tarde o temprano, aseguró, también tendrá que haber quitas mediante mecanismos como el Fobaproa.
A pesar de que se espera un panorama difícil para 1997, los analistas del CAPEM ven con optimismo las cifras macroeconómicas y prevén una situación ya ``no tan grave'' en la microeconomía.
A su vez, Josué M. Campo Campuzano, analista de CIMEX-WEFA, consideró que México seguirá dependiendo de los flujos de capital externos de aquí a finales del sexenio zedillista.
Pronosticó una tasa de crecimiento del ahorro neto de la economía del 50 por ciento a partir de 1997, luego de que en 1995 cayó 70 por ciento y 35 por ciento en 1996. A mediano y corto plazo se espera que la tasa sea de 30 a 40 por ciento.
En cuanto a la política monetaria, el experto rechazó toda posibilidad de establecer un esquema de bandas cambiarias porque, argumentó, las reservas internacionales del país no son tan cuantiosas y en 1997 todavía enfrentaremos severas restricciones de capital.
Concluyó que la inversión extranjera productiva no llegará a 7 mil ni a 8 mil millones de dólares en 1997, sino cuando mucho a 5 mil o 6 mil millones, y sin embargo observó que habrá una perspectiva de consolidación del crecimiento económico sostenido y duradero.
Antonio Castellanos La iniciativa presidencial que modifica y crea diversas leyes fiscales, aprobada por el Congreso de la Unión, es ``intimidatoria'', significa ``un retroceso'' en cuanto a simplificación administrativa, no mejorará la recaudación y ``propiciará mayor corrupción''; además, incluye un gravamen, propuesto por los diputados, que desalentará la inversión extranjera.
Los dirigentes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Roberto Resa, Carlos Garza y Antonio Gómez, plantearon lo anterior en conferencia de prensa y agregaron que la recaudación no será suficiente para cubrir las necesidades que el gobierno tiene en materia de deuda externa, salud y educación.
Resa, presidente del IMCP dijo que la economía no se ha reactivado después de la recesión que provocó la caída del producto interno bruto en 1995, y recalcó que no se consultó al Consejo Asesor Fiscal (Cafi) para llevar a cabo las reformas que, sin cambios, aprobó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El Cafi, subrayó, prácticamente se ha convertido en una figura decorativa y en un organismo consultivo en el que están representados los contadores públicos, las dirigencias del sector privado y funcionarios de la secretaría de Hacienda, y que pronto dejará de ser operativo.
Es urgente llegar a una reforma fiscal de fondo para alcanzar una solución en esa materia, precisó. En ella deben participar con sus opiniones representantes del Congreso del Trabajo, del sector privado, de los contadores públicos y de los ejecutivos de finanzas, pero hasta ahora no se les ha convocado para tal fin.
El presidente del IMCP, acompañado de Garza y Gómez, vicepresidentes de la organización, leyó un documento en el que expuso que la iniciativa presidencial, más que represiva, es, en general, intimidatoria. Los certificados para el Pago de Impuestos ya no podrán expedirse a nombre de un tercero, lo que es un retroceso.
Consideró inconveniente que las autoridades pretendan hacer aún más formalista el sistema fiscal. Además, sostuvo, es ilógico hacer obligatorio el uso de máquinas registradoras de comprobación fiscal a partir del primero de enero. Los contribuyentes no podrán cumplir con esa exigencia y automáticamente se convertirán en infractores.
Asimismo, propuso la desaparición de la obligatoriedad del dictamen fiscal, porque no mejorará la recaudación fiscal y en el caso de infracciones y sanciones, explicó, las multas en general tienen aumentos que en ocasiones superan mil por ciento.
Habló de los delitos fiscales relacionados con los llamados ``paraísos'' que tienen baja imposición fiscal. Si no se presenta la declaración informativa sobre las inversiones, la sanción será de tres meses a seis años de prisión. Si el delito fiscal se considera calificado, las penas se incrementan 50 por ciento.
Este tipo de medidas ``intimidatorias'', aseguró, no propiciarán una mayor recaudación al fisco federal; al contrario, su entrada en vigor provocará mayor corrupción, a pesar de que se tipifique como delito --pena de uno a cinco años de prisión-- el que un servidor público amenace a un contribuyente con la formulación de denuncia o querella penal.
Resa concluyó que los ingresos por enajenación de acciones se gravarán con una tasa de 30 por ciento, diez por ciento más, a propuesta de los diputados, quienes no tomaron en cuenta que esa medida puede desmotivar a los inversionistas extranjeros y generará incertidumbre.