Explica la Sedeso el uso de la fórmula relativa a la pobreza

Amplía Enrique del Val información sobre la asignación de recursos del ramo 26

Señora directora: Al agradecer el despliegue que La Jornada otorgó en su edición de ayer sobre la fórmula de asignación de recursos públicos federales a las 31 entidades del país, deseo proporcionarle otros datos adicionales a los publicados a fin de que sus lectores cuenten con información adicional sobre uno de los instrumentos que se utilizan para el combate a la pobreza.

En la reunión de la que da cuenta La Jornada en su página 42, académicos, legisladores y especialistas en la materia compartieron una amplia revisión de la experiencia obtenida en 1996 con la aplicación de una fórmula para transparentar el destino de los recursos públicos, como base para fortalecer el nuevo federalismo, toda vez que aquella no es un objetivo en sí misma, sino busca ubicarse como un instrumento de la descentralización.

A los investigadores anfitriones de El Colegio de México, así como a los de la UNAM, UAM, ITAM, CIDE y de la Universidad de Coahuila, y legisladores que participaron en la reunión, se les hizo una detallada exposición sobre la metodología que se siguió para llegar a un consenso y respecto de la manera de distribuir recursos públicos, con justicia, equidad y transparencia.

Destaca entre las conclusiones alcanzadas, que las regiones con mayores carencias son las que recibirán las más altas asignaciones, de esta manera en 1997 se privilegiará la inversión pública federal en los estados de Chiapas, Oaxaca, México, Guerrero, Puebla y Veracruz.

La intervención de los académicos y especialistas, junto con los legisladores de las cámaras de Diputados y Senadores, y de servidores públicos del gobierno federal, representa un apreciable avance en la conformación de una política social de Estado, cuyo signo distintivo será la participación sustantiva de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas del país.

Hubo consenso en que ninguna fórmula puede captar el fenómeno de la pobreza en toda su complejidad, pero que sin embargo se requieren mecanismos de esta naturaleza para expresar los componentes de insuficiencia de ingresos y carencias educativas, de vivienda y de servicios, a fin de arribar a la asignación de recursos de acuerdo con los niveles de pobreza de las entidades.

Además de la transparencia que representa este mecanismo, una de sus más importantes ventajas es que permite verificar sus cálculos ya que están basados en información estadística pública.

Como ha quedado dicho, uno de los objetivos fundamentales del gobierno de la República es alcanzar una política social de Estado integral, participativa e incluyente, meta hacia la cual se han dado ya importantes pasos con la participación más amplia y abierta de la sociedad en el diseño de las políticas públicas, incluida la asignación, distribución, supervisión y evaluación de la inversión federal.

Con mis saludos cordiales, le ruego señora directora que estos conceptos puedan incluirse en las páginas de La Jornada.

Atentamente

Enrique del Val Blanco, subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social.