Promueve el PRI cobrar uso de piso a ambulantes

Alonso Urrutia A partir de 1997 el gobierno capitalino comenzará a cobrar al comercio ambulante por el ``aprovechamiento'' de la vía pública en un margen de entre 5 y 35 pesos diarios, señalan las reformas al Código Financiero que promoverá hoy la fracción del PRI en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). También eliminará el transitorio que impedía el cobro hasta ahora, y virtualmente legalizaría el ambulantaje.

Los cambios que hasta ayer cabildeaba el PRI con la oposición para lograr su apoyo consideran también la formalización de cobros a restaurantes que utilicen la vía pública, que pagarían entre 5 y 20 pesos diarios por metro cuadrado, siempre en función de la localización del predio. Inicialmente este cobro se aplicaría en 70 puntos donde hay ambulantes.

Fuentes priístas señalaron que ya se consensó con las organizaciones cúpula de ambulantes la fijación de dichos pagos, e incluso se acordó que las instituciones bancarias cobren este impuesto ``semanal o mensualmente''.

Los permisos se otorgarían trimestralmente y serían renovables o revocables para evitar conflictos jurídicos, pues en 1991 la Suprema Corte de Justicia decretó que los cobros son ilegales porque avalan el concesionamiento de las calles.

El PAN adelantó que votará contra la iniciativa de Ley de Ingresos y el Código Financiero. El asambleísta José Luis Luege dijo que por la vía de la economía informal, reducto de grupos clientelares del PRI, ``existe una enorme fuga de recursos que no ingresan en las arcas del gobierno y que se traducen en derramas económicas a líderes priístas, tanto en el ámbito del comercio ambulante como en el del transporte concesionado''.

El perredista Gonzalo Rojas sostuvo que el Departamento del Distrito Federal pretende introducir 13 nuevos pagos de derechos y que en el caso del comercio ambulante ``no es posible admitir que comience a cobrar derechos sin antes promover una reordenación general. El PRD no acepta estos cobros sin un programa integral''. Añadió que con sólo cobrar se acarrearían problemas jurídicos, pues se otorgarían automáticamente derechos sin tener normas.

En este punto hay coincidencias con la postura del partido ecologista, que plantea entrar a fondo en el problema antes de reducirlo a meros pagos. Arturo Sáenz dijo que un proyecto integral acabaría con la corrupción y la evasión y permitiría enfrentar el problema. ``No aceptaríamos que sólo se buscara el cobro porque es una posición muy parcial''.

Las reformas al Código Financiero que incorporará el PRI considera modificaciones a los artículos 24, 25, 263, 266 y 267- A, así como al 508-A y la introducción de un transitorio. Con los cambios se pagaría ``por el uso, aprovechamiento y explotación de bienes del dominio público, distintos de las contribuciones.''

El 267-A facultaría a la autoridad fiscal a establecer las cuotas correspondientes, ``siempre que éstas permitan diferenciar entre los distintos tipos de usos del espacio permisionado y la diversidad urbana en cada zona''. Precisa que ``únicamente se cobrarán las cuotas a quienes cuenten con el permiso vigente expedido por la delegación, o con la concesión otorgada por autoridad competente''.

Las cuotas propuestas para el ambulantaje oscilarán de 20 a 5 pesos por día, siempre que no excedan de 2 metros y en función del área ocupada. Sólo en forma ``excepcional'' podrá ser hasta de 4 metros y con pago de entre 10 y 35 pesos por día. Así, el DDF captaría entre 150 y mil 50 pesos mensuales por ambulante.

En cuanto a restaurantes o cafeterías que extiendan el servicio en la vía pública las cuotas serían de entre 5 y 20 pesos por metro cuadrado, según zona y establecimiento.

``La falta de pagos de los aprovechamientos ocasionará que no se puedan utilizar para el comercio las vías y áreas públicas permisionadas o concesionadas''. Agrega que las cuotas sólo se cobrarán a quienes estén incorporados a los Programas de Reordenación del Comercio en Vía Pública.

Los panistas José Luis Luege y Gabriela Gutiérrez anticiparon que tanto por la forma como se discutió el proyecto, como por el monto del aumento fiscal, que supera el alza al salario, el PAN rechazará el proyecto.

Luege señaló que algunos estudios revelan que el crecimiento de la economía informal es desmesurado y actualmente existen dos puestos informales por cada establecido, lo que supone fuga de recursos que se tienen que compensar con incrementos fiscales. Señaló que el gobierno no ha buscado ampliar la base tributaria en este renglón porque existen fuertes intereses.

Añadió que, en contraste, el impuesto predial es la muestra de la ``inequidad'', porque 20 por ciento de las cuentas carga con 92 por ciento de los recursos del gravamen, principal ingreso del gobierno. A su vez, Gutiérrez dijo que el PAN deplora el endeudamiento que se propone para 1997 porque no es admisible dejar una ciudad prácticamente embargada por tres años.

El PRD criticó la política de ingresos del DDF, pues según dijo Dolores Padierna, la propuesta de ley respectiva demuestra el fracaso del modelo de financiamiento a partir de los recursos propios, pues la actualización inflacionaria se ha convertido en una pesada carga para los contribuyentes.