DIO A CONOCER EL EPR SU ``PROYECTO DE PAIS''

Salvador Guerrero Chiprés /I Ante la ``crisis histórica definitiva'' que viven el gobierno federal y el PRI, existe la posibilidad de que a partir de 1997 ``todas las fuerzas democráticas y revolucionarias'' se unan para construir un nuevo gobierno, una nueva Constitución y reordenen la economía para corresponder a las expectativas de la población y las necesidades de los sectores sociales mayoritarios, planteó la comandancia general del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Al dar a conocer su Proyecto de país, el grupo armado surgido el 28 de junio de este año emitió un diagnóstico --desde la clandestinidad urbana de la ciudad de México--, en el cual señala que el problema fundamental de la nación ``no es económico ni social, sino político'', dado que el gobierno ``rompió el estado de derecho para beneficiar al gran capital''.

Presentado por el comandante Oscar, el Proyecto de país del EPR busca ``contribuir a resolver la contradicción más importante del México contemporáneo: la existente entre el capital financiero y la soberanía popular, para establecer un nuevo marco de relaciones sociales que posibilite la liberación de las fuerzas productivas, la democracia más completa y garantice el bienestar social de todos los mexicanos''.

En entrevista con La Jornada, el mando rebelde dedicó una hora a la síntesis de los objetivos políticos, sociales y económicos del EPR y del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), y el resto del encuentro, que se extendió durante cuatro horas, a analizar junto con el comandante Vicente las expectativas de su organización en el contexto nacional actual.

Los responsables del accionar político y militar de esa agrupación en el valle de México y representantes de su comandancia general señalaron que ``en México ya se encuentra abierta la vía democrática revolucionaria para el logro de un nuevo proyecto de nación'', ante ``la incapacidad del gobierno y su partido para dar a las demandas sociales una respuesta distinta de la represión militar y económica''.

El EPR y el PDPR pusieron su proyecto ``a consideración del pueblo de México'' y sus organizaciones sociales y políticas.

``Consideramos necesaria la elaboración de una propuesta única que sea resultado de la amplia participación y discusión de todo el pueblo mexicano'', señaló el comandante Oscar.

``Todos los mexicanos estamos convocados a transitar por la vía democrática revolucionaria que instrumente la combinación y generalización de todas las formas de lucha'', agregó antes de subrayar que la crítica, el uso de las armas, así como la ``autodefensa y la propaganda armada revolucionaria, si bien son primordiales, se encuentran subordinadas a la lucha política como forma de lucha principal''.

La comandancia del EPR, escoltada por una unidad de 18 milicianos y concentrada en una casa de seguridad, sostuvo que al infringir las prerrogativas constitucionales mediante la desatención de los derechos de los ciudadanos, entre los que están los de empleo, vivienda, educación y salud, el gobierno federal ``ha hecho nulo el pacto social'' establecido por el Constituyente de 1917, ``ocasionando así su propia pérdida de legitimidad''.

La ``ruptura del estado de derecho'', continuó el comandante Oscar, se ilustra con ``la total dependencia de los poderes Legislativo y Judicial respecto del Ejecutivo, con la violación de los derechos elementales, lo que deriva en el crimen y la impunidad como forma de gobierno, el autoritarismo, la antidemocracia, la ilegalidad y la corrupción gubernamental, el narcotráfico, el tráfico de influencias, la componenda política, la represión masiva y selectiva, y en la guerra sucia'' que, aseguró, ha afectado a centenares de luchadores políticos aun antes de la aparición del EPR ``y lastimó cientos de militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)''.

La agrupación propuso un conjunto de ``reformas generales institucionales'', muchas de las cuales han sido ya planteadas por partidos de oposición y por personajes políticos.

En lo político se propone ``un nuevo Congreso Constituyente'' que implique la readecuación de la Constitución de 1917, la desaparición del presidencialismo mexicano y el establecimiento de un efectivo equilibrio de poderes; garantía de respeto al voto ciudadano; incorporación a la normatividad jurídica de las figuras iniciativa popular, consulta, referéndum y plebiscito; garantía de autonomía de los pueblos indios y respeto a su territorio, derechos y cultura, y establecimiento ``como norma suprema'' del respeto irrestricto a los derechos humanos.

En lo económico, el EPR plantea estos objetivos: recuperación del control y propiedad estatal de los sectores estratégicos de la economía, los recursos naturales, las vías de comunicación y los ingresos derivados de la explotación de esos bienes; nacionalización de la banca, restructuración de adeudos bancarios y nuevo estatuto para la regulación bursátil; renegociación de la deuda externa y reorientación de los recursos utilizados en ella para destinarlos al desarrollo social; fomento de la industria ligera y de la pesada con tecnología de punta, ``para terminar con la dependencia de México''; apoyo a la exportación del sector privado y veto a la existencia de monopolios.

En ese mismo ámbito sugieren apoyo fiscal a las micro, pequeñas y medianas industrias; recuperación del ejido, la pequeña propiedad y la propiedad comunal; equilibrio en el desarrollo campo-ciudad, planes para regiones atrasadas, ciclos de financiamiento sanos para el campo y fomento agropecuario y pesquero a partir de la comercialización directa, así como búsqueda de la reactivación del mercado interno; coexistencia sana de la propiedad social, privada y cooperativa que estimule la creación de grandes empresas apropiadas para la globalización mundial.

También plantean la constitución de ``un régimen laboral justo'', con un salario constitucional; régimen fiscal más equitativo; saneamiento de las finanzas sin dañar los recursos destinados a la política social; revisión y eventual readecuación de los tratados comerciales a partir de la experiencia de las contrapartes proteccionistas y de los efectos ocasionados en la economía, así como ``una relación justa con el capital extranjero''.

El Ejército Popular Revolucionario aclaró que no se plantea suprimir al capital financiero: ``Lo que proponemos es una salida, un corte hacia la democracia, modificando en primer lugar los términos de la relación existente entre capital financiero y soberanía popular, entre capital financiero y desarrollo industrial, entre capital financiero y desarrollo social; y, en segundo lugar, modificar su carácter especulativo y parasitario.

``Es decir, en lugar de que la soberanía popular, el desarrollo industrial y el desarrollo social permanezcan sometidos y a merced del gran capital, éste debe subordinarse a las necesidades de todo el pueblo'', indicó el comandante Oscar al dar lectura al Proyecto de país, con una extensión de siete cuartillas y que complementa, dijo, los 45 puntos presentados hace cuatro meses en la Sierra Madre Oriental durante una conferencia de prensa.

En lo social, el EPR propone que el ``nuevo gobierno a que dé lugar el conjunto de fuerzas democráticas y revolucionarias'' eventualmente unidas tenga como prioridades: respeto a los derechos humanos; igualdad de derechos independientemente de raza, credo, sexo, edad o clase social; garantizar y defender los derechos de empleo, educación, salud, vivienda, identidad cultural, igualdad de género, creación artística y científica, deporte y rescate del medio ambiente que la situación socioeconómica hace ``impracticables''.

Asimismo, los eperristas plantean ``que los medios de comunicación estén al servicio de las necesidades e intereses de todo el pueblo''.

Para el EPR-PDPR, en las condiciones actuales ``todo intento de dar solución desde arriba o desde dentro del gobierno a la problemática nacional está condenado al más estrepitoso fracaso, por su naturaleza entreguista, pro oligárquica y antidemocrática. Estado y gobierno se encuentran en una crisis histórica definitiva'' que implica una continuidad en lo que llamaron ``condena al pueblo a mayor miseria, explotación y opresión''.