Paulina Fernández
Derechos indígenas: Acuerdo pendiente
Mientras Ernesto Zedillo consulta a los especialistas de su confianza conviene recordar que las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, además de ser parte de un compromiso ya contraído por el gobierno federal, son también antesala de la eventual firma de la paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
La etapa por la que atraviesa actualmente la crisis del diálogo entre gobierno federal y EZLN tiene entre sus antecedentes y causas, precisamente, el incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés, firmados por ambas partes el pasado16 de febrero.
En el comunicado del CCRI-CG del EZLN fechado el 29 de agosto del presente año, mediante el cual se informa la decisión de suspender su participación y se avisa que la delegación zapatista no asistirá a la sesión programada para el día 4 de septiembre, ni a las posteriores, hasta que existan garantías de un compromiso serio por parte del gobierno, se explica que en los siete meses transcurridos desde la firma, los acuerdos en Derechos y Cultura Indígena no se han cumplido ni se ha hecho nada para cumplirlos. Por lo tanto, entre las condiciones mínimas necesarias para reanudar el diálogo que conduciría a la paz, el EZLN incluye el cumplimiento de lo firmado, y un paso importante en esa dirección sería convertir los Acuerdos en disposiciones constitucionales.
El Diálogo de San Andrés se encuentra suspendido, y en su lugar se han celebrado en San Cristóbal reuniones tripartitas en las que los buenos oficios de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) se han dirigido a corregir errores y omisiones que llevaron a esa suspensión. En su papel de coadyuvante, la Cocopa elaboró una Propuesta de Reformas Constitucionales y la entregó el 29 de noviembre tanto al EZLN como al gobierno federal.
Se trata de una propuesta de reformas a los artículos constitucionales 4, 115, 18, 26, 53, 73, y 116, hecha por legisladores de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión, basada en los acuerdos ya firmados por el gobierno federal y por el EZLN. Tanto los cambios constitucionales que propone la Cocopa como los Acuerdos de San Andrés recogen en su texto disposiciones del derecho internacional firmadas por el gobierno mexicano y por lo tanto vigentes en nuestra legislación. Tal es el caso del Convenio 169 de la OIT ratificado por México y publicado en el Diario Oficial de la Federación desde principios de 1991, del que se tomó --entre otros-- el concepto de pueblos indígenas que sirve de base a los Acuerdos como a la propuesta de reformas al artículo 4o de la Constitución Política.
No obstante que los Acuerdos sobre Derechos y cultura indígena fueron firmados hace diez meses y han sido más de una vez publicados, quienes se empeñan en negar todo derecho a los pueblos indígenas, objetan las eventuales reformas constitucionales con críticas que no corresponden ni a la reciente propuesta de la Cocopa, ni a los textos previamente aceptados por el gobierno y el EZLN. A la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas les han querido oponer argumentos estructurados con la más pura mentalidad de conquistador, o se han querido invalidar con temores a las tendencias separatistas, a los riesgos de balcanización del país, a la conformación de reservaciones indias estilo norteamericano.
Cualquiera que revise, así sea superficial y apresuradamente, una sola vez, los textos de San Andrés y el de las posibles Reformas Constitucionales, se dará cuenta que una y otra vez aparecen referencias, matices, precisiones y explicaciones que permiten entender inequívocamente, que hay no sólo una intención, sino una necesidad de las comunidades y los pueblos indígenas por ser incluidos, por formar parte de una realidad nacional que los considere con todas sus características propias respetando sus diferencias. En la divisa del Congreso Nacional Indígena se encuentra la mejor expresión de esa demanda. Los pueblos indígenas están organizándose y luchando contra la marginación, contra la exclusión de que han sido víctimas por siglos: Nunca más un México sin nosotros sintetiza esa justa exigencia y desmiente las falsedades que se les atribuyen en relación con su intención de separarse, dividir a la Nación o sustraerse a la jurisdicción del Estado mexicano.
El señor Zedillo tendrá que tomar en cuenta que su gobierno debe cumplir lo que acepta y firma, deberá ponderar que el gobierno mexicano ya está comprometido con el EZLN a sentar las bases constitucionales para una nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado mexicano, como quedó establecido en los Acuerdos de San Andrés, pero también tendrá que considerar en todo momento que del cumplimiento de éstos por parte del gobierno federal dependen ahora, en gran medida, las posibilidades de la paz en Chiapas y en todo el territorio nacional.