Dio la ARDF luz verde al ambulantaje en la capital
Alonso Urrutia Luego de intensos cabildeos del PRI por alcanzar acuerdos con la oposición, el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) aprobó casi por consenso --sólo con la abstención de una fracción del PRD-- las modificaciones al Código Financiero que formaliza el pago de derechos del comercio ambulante a partir de 1997.
Paralelamente se aprobó un punto de acuerdo propuesto por el ecologista Arturo Sáenz, que fija un plazo de 30 días al Departamento del Distrito Federal para anunciar un programa de reordenamiento integral del comercio en la vía pública.
Asimismo, el PRI cedió a la solicitud de PRD y PVEM para que en enero se inicien formalmente los trabajos encaminados a legislar en la materia, a partir de la realización de un foro de consulta, cuya convocatoria se emitirá la próxima semana.
Con la aprobación de esta iniciativa, comentaron fuentes priístas, se avanza en erradicar la corrupción existente entre algunos líderes del comercio ambulante y algunas autoridades delegacionales, pues se acaba un factor de extorsión latente.
La aprobación del pago de derechos ``por aprovechamientos en vía pública'', que oscilarán entre 5 y 35 pesos diarios, según el giro, la zona y las dimensiones del puesto, se aplicará en diversas áreas críticas de la ciudad, como los alrededores del Centro Histórico, San Angel, Coyoacán y San Cosme.
Asimismo, establece que en los casos en que no se paguen los derechos se ``tendrá como consecuencia que no se puedan utilizar para el ejercicio del comercio las vías y áreas públicas, permisionadas y concesionadas y, por lo tanto, se puede proceder al retiro de personas que las ocupen, independientemente de las demás sanciones que resulten aplicables''.
Desde temprano, Amado Treviño, operador político de la fracción priísta, intensificó sus contactos con la oposición --iniciados en días pasados-- para alcanzar el acuerdo. Entre reclamos al perredismo por violentar ``normas parlamentarias'' y la incorporación de exigencias del PRD y el PVEM, se logró sacar el acuerdo casi por consenso.
Las reticencias de la oposición --expresadas por los asambleístas Gonzalo Rojas, presidente de la comisión del ramo, y Arturo Sáenz--, por considerar que era incongruente sólo establecer obligaciones y no derechos, el PRI acordó incorporar las demandas de fijar plazos para el reordenamiento del comercio ambulante y establecer compromisos de legislar.
Al argumentar en favor de la propuesta, Sáenz Ferral dijo que es evidente que ante la complejidad del problema se requiere de enfrentar con mecanismos que van más allá de figuras recaudatorias para incorporar a las obligaciones fiscales al comercio ambulante en la ciudad.
Es claro que frente a los retos financieros que tiene el gobierno en 1997 nadie se puede oponer a que se incluyan nuevas fuentes de ingresos, y particularmente este rubro, donde hay enormes fugas de dinero que no ingresan en las arcas públicas.
Sáenz mencionó que esto requiere de una propuesta más integral, pues no existen ni las normas ni un padrón confiable del comercio ambulante, tanto por su magnitud como por los giros mercantiles existentes.
Por ello, se planteó el punto de acuerdo que, además de obligar al gobierno a anunciar su programa en 30 días y de que se inicien los trabajos para legislar, conforma una comisión en la ARDF para darle seguimiento al problema del ambulantaje y su regulación.
Más adelante, el perredista Gonzalo Rojas propuso otro punto de acuerdo para el foro de consulta, para lo cual argumentó que el ambulantaje es un factor que pone en riesgo la gobernabilidad de la ciudad y la necesidad de avanzar en la incorporación de este ámbito de la economía informal al régimen fiscal.
Señaló que el foro tendría por objeto analizar las diversas alternativas jurídicas y viables para normar y reordenar el comercio en la vía pública en espacios permanentes y formales. El punto de acuerdo fue también aprobado, por lo que se espera que en febrero próximo se realice dicha consulta.