Los problemas de desabasto de medicinas que hoy presentan los hospitales de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que incluso su director se ha visto obligado a aceptar, no son conocidos por la mayor parte de la sociedad ni la afectan mayormente; hasta que necesitan estos servicios adquieren su verdadera dimensión. Para quienes recurren al Seguro Social, buscando la atención médica necesaria para enfrentar una enfermedad personal o de un familiar, la falta de medicinas, el racionamiento de éstas, o el retraso de una intervención quirúrgica por falta de personal médico o de instrumentación se convierten en angustia, impotencia, y en desesperación al percatarse de no tener quién los escuche y pueda hacer algo por ellos.
La respuesta de las autoridades del Seguro ha consistido en una intensa y costosa campaña de propaganda para dar a conocer la calidad de sus maravillosos servicios y las miles de vidas que salvan cada año, con el propósito de equilibrar las malas noticias que los usuarios intercambian entre sí. Un programa más serio de control de calidad en los servicios médico hospitalarios iniciado hace cerca de tres años, está virtualmente suspendido. Las cosas no están bien en el Seguro, ni lucen promisorias para el futuro; el objetivo de su dirección y de la dirección del país es desde luego mantener la pasividad y el desconocimiento de la población, la desinformación para proseguir el programa de privatización y desmembramiento del Instituto, que apenas se inicia.
De acuerdo con este nuevo programa, la meta del Seguro Social deja de ser la salud y el bienestar de los trabajadores y sus familias para convertirse en el más importante instrumento financiero de la nación (por supuesto, en manos de grupos privados, y seguramente extranjeros). Aunque esta afirmación puede parecer exagerada no lo es; el porcentaje que los trabajadores y las empresas pagan cada mes por concepto de cuotas para el retiro, al irse acumulando en un fondo y verse incrementado con los intereses que el mismo genere, producirá en 30 o 40 años una bolsa de dinero cuya magnitud empezará a ser similar al valor de todo lo que el país produce en un año. Quien tenga el control para manejar ese dinero adquirirá un poder extraordinario, además de las ganancias jugosas que la intermediación financiera produce.
Hoy, el monto de las pensiones que reciben los trabajadores jubilados es muy reducido en virtud de los manejos ineficientes que en el pasado se dieron de los fondos de ahorro del Seguro; el discurso oficial señala que con el nuevo esquema de administración de las Afores por los financieros privados, las cosas habrán de mejorar en el futuro. ¿De verás? Lo único que hoy parece cierto es que el manejo y el control de estos fondos será extraordinariamente complejo por el gran número de actores que participan en el sistema. ¿Por qué razón se ha escogido este esquema? ¿No resultaría más sencillo y benéfico que el ahorro de los trabajadores lo maneje el mismo Seguro Social con una visión de eficiencia financiera más firme y bajo la supervisión directa del Congreso? ¿No permitiría esto que ese fondo, además de producir más beneficios a los trabajadores, pudiese servir mejor a los intereses de la nación? ¿Se trata acaso de una nueva imposición del Fondo Monetario Internacional, acatada por el Presidente e impuesta al Congreso? El tema debiera discutirse abiertamente con la sociedad; lo que está en juego no es para menos.