Amnistía Internacional presentó en México el pasado 10 de diciembre su último Informe Especial sobre los Derechos Humanos en América Central y México. Lleva significativamente el título Defensores de los Derechos Humanos en Primera Línea. Y en el suplemento de actualización, con respecto a México se expresa lo siguiente: ``Amnistía Internacional está seriaamente alarmada frente al agravamiento de violaciones a los derechos humanos contra defensores de derechos humanos y activistas civiles. La organización ha recibido decenas de nuevas denuncias desde que se escribió el informe. Amnistía Internacional teme que, a menos que las autoridades adopten medidas inmediatas y eficaces para detener estos abusos, el país podría desembocar en una grave crisis de derechos humanos. El nuevo patrón de violaciones de derechos humanos reportadas a la organización desde octubre (1996), incluye secuestros, seguidos de `desaparición', y tortura de activistas de derechos humanos y civiles''. El Informe se ocupa detalladamente de las amenazas, agresiones e intimidaciones que desde noviembre de 1995 han sufrido sucesivamente el obispo de Tehuantepec, monseñor Arturo Lona Reyes; el obispo de San Cristóbal de las Casas, monseñor Samuel Ruíz García; tres sacerdotes católicos de la Diócesis de San Cristóbal, que fueron sumariamente expulsados, después de ser arrestados arbitrariamente en junio de 1995; varios miembros más de la Diócesis y activistas del Centro de Derechos Indígenas, A.C., que tuvieron que huir de sus hogares tras un ataque del grupo paramilitar Los chinchulines; así como de las amenazas, intimidaciones y agresiones de que han sido también víctimas María Teresa Jardí; el padre David Fernández S.J. y varias de las abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; la dirigente de El Barzón, Liliana Flores Benavides; Araceli Muñoz, miembro de Acción de los Cristianos contra la Tortura; y el sacerdote jesuita Alfredo Zepeda y Concepción Hernández, miembros prominentes de la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, respectivamente. El suplemento añade los casos de Javier López Montoya, administrador de la Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz (Conpaz), con sede en San Cristóbal, su esposa y sus dos hijos pequeños; de Felipe Sánchez Rojas, presidente del Centro de Desarrollo Regional, Indígena de Oaxaca; de Manuel Ramírez Santiago y de Fermín Oseguera Santiago, presidentes respectivamente en Tlaxiaco, Oaxaca, del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y de la Unión de Tablajeros A.C.,; así como el caso de la activista estudiantil y defensora de los derechos humanos de la UNAM, Ruth Judith Orozco. El Informe se ocupa también de los ataques que han padecido decenas de periodistas que informan sobre cuestiones cívicas o de derechos humanos, como Fabiola Cancino de los Santos, periodista de la ciudad de México; Razhi González, director de la revista semanal Contrapunto de Oaxaca, y Cuauhtémoc Ornelas Campos, director de la revista informativa Adelante, de Torreón, Coahuila.

Por ello entre sus Recomendaciones, Amnistía Internacional, de fama mundial y ganadora del Premio Nobel de la Paz, pide a los gobiernos de América Central y México que entre otras cosas reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos, les brinden oportuna protección cuando sean amenazados y los indemnicen a ellos y a sus familiares cuando sea necesario. Les hace también un llamado para que, entre otros, garanticen los siguientes derechos: el derecho a defender las libertades y derechos fundamentales de los demás; el derecho a investigar las violaciones de estos derechos y libertades, y el derecho a oponerse a tales violaciones, así como el derecho a formar y afiliarse a grupos y asociaciones nacionales o internacionales para la defensa de los derechos humanos, y a obtener y utilizar los recursos humanos, económicos, técnicos y demás necesarios, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la defensa de los derechos humanos. Les pide también que pongan en práctica reformas jurídicas y administrativas que impidan se coarte el trabajo y las actividades de los defensores de los derechos humanos, en la protección y promoción de los derechos humanos.