En riesgo, la figura asociación política para Alianza Cívica y Causa Ciudadana

Blanche Petrich Causa Ciudadana y Alianza Cívica, dos de las organizaciones no gubernamentales más destacadas que pretenden acogerse a la figura de asociación política nacional prevista por la nueva Ley Federal Electoral, viven en estas horas la fiebre de una carrera contra el tiempo que, según Rubén Aguilar y Marta Pérez, dirigentes de las respectivas organizaciones, ``confían (en) poder ganar''.

Sin embargo, detrás de las expresiones de confianza están las cifras que revelan claramente lo difícil que les está resultando llegar a la meta. Para la medianoche del domingo 15 de diciembre toda organización que quiera ser asociación --son 38 los grupos que pretenden esa categoría, incluida la de más reciente formación, lidereada por el ex priísta Dante Delgado-- debe presentar fichas de filiación debidamente notariadas y firmadas por 7 mil miembros (sólo 2 mil menos que si fueran un partido legalmente reconocido).

Además, para acreditar su carácter nacional deben registrar con acta constitutiva y notarial su domicilio legal, estados de cuentas y raigambre en por lo menos diez estados.

Todo ello con una considerable carga de trabajo de papeleo que debe ser realizado en el estrecho periodo de nueve días. Del 6 de diciembre, cuando salió publicado el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, hasta el 15 del mismo mes.

Las propuestas realizadas por los partidos para ampliar los plazos, las reuniones en corto --como la que sostuvieron José Ortiz Pincheti e Ignacio Gómez Palacio con el director del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg-- y peticiones públicas no sirvieron para aflojar los rígidos tiempos que la Secretaría de Gobernación terminó por imponerles.

Entre otros, los puntos que se intentaron negociar fueron el de bajar al mínimo el número indispensable de afiliaciones, de 7 mil a 5 mil, y el de ampliar el plazo para presentar las firmas notariadas hasta el 31 de diciembre. Al final, fue el peor de los escenarios el que se impuso.

``¿Por qué? No me lo explico. ¿Qué necesidad tenían de ponernos tantas piedritas en el camino?'', se pregunta Marta Pérez, de la coordinación de Alianza Cívi- ca. ``A lo mejor tuvieron pendiente de dar entrada a tantos grupos que pueden incidir fuera de los partidos. Por nuestra cultura política tan cerrada, todavía hay mucha reticencia a permitir la amplia participación'', añade.

A mitad del camino

Por lo pronto, estas dos organizaciones llevan recorrida la mitad del camino. Ambas lograron registrar en estos días a sus delegaciones en 15 estados, cuando la ley les exige un mínimo de 10.

Causa Ciudadana ya tiene 4 mil afiliaciones registradas y capturadas en los formatos de computación que se exige, mil 200 más en los escritorios y ``promesas'' de otras 3 mil.

Alianza Cívica no puede adelantar cifras, pero cada día de la semana llegan de los estados del país delegados de las distintas agrupaciones estatales con el portafolio lleno de formatos firmados.

Ambos entrevistados interpretan la intención que se tuvo para ponerle tantos candados a esta experiencia organizativa, por el ``temor'' que le tiene el gobierno a la sociedad civil.

Sobre Causa Ciudadana, Rubén Aguilar analiza: ``mi impresión es que el gobierno le quiso devolver el desafío a las organizaciones. Limitar las posibilidades de registro, por un lado, para tener qué negociar sólo con unas cuantas, no con muchas. Y también devolvernos la pelota. Hemos dicho que la sociedad civil es muy potente. Con tantas dificultades quieren demostrar que no lo somos tanto''.

Aguilar interpreta esta decisión como una intención de deslindar ``en el mundo de las ONG a aquellas agrupaciones civiles políticas --como la propia Causa Ciudadana y Alianza Cívica, lo que fue el Grupo San Angel-- con las propiamente sociales''.

Las primeras, señala, nacen con un chaleco de fuerza que les impide, entre otras cosas, lanzar candidatos electos. ``Creo que se persigue el fin de obligarnos a coloreanos para contrarrestar adhesiones. Te cito un ejemplo: no es lo mismo que lancemos a una Clara Jusidman como Causa Ciudadana, a que lo tengamos que hacer, por decir algo, por el PRD''.

--Entonces, ¿por que no ser directamente partido político?

Responde Rubén Aguilar: ``es una definición que tiene su historia. Sin querer sonar a antipartido, la ciudadanía no quiere participar dentro de los partidos porque tienen una jerarquía que no corresponde a sus inquietudes ciudadanas. Las ONG tenemos mucho más qué ver con la forma cómo se organizan los ciudadanos, con grupos mucho más horizontales, con puertas anchas para entrar y salir, sin jerarquías ni órdenes''.

--Y, ¿por que registrarse como asociación política nacional?

``En nuestro caso --responde-- creemos que vamos a llenar un espacio vacío. La ley nos va a garantizar un lugar en instancias de discusión, como la mesa de Chapultepec. Es una forma de potenciar nuestra capacidad de opinar y organizar''.

Desde luego, ser asociación política nacional también les dará acceso a los recursos públicos; no mucho dinero, desde luego, pero en muchos casos suficiente para pagar, por ejemplo, la renta de un local, añade.

Para Marta Pérez, esa no es la causa por la cual Alianza Cívica aspira a tener su registro ante el IFE: ``no tiene nada que ver, de la misma forma en que ser asociación política no compromete ni nuestros principios de imparcialidad ni nuestra pluralidad ni nuestros objetivos. Estos siguen siendo los mismos: organizar consultas, observar (a) funcionarios y observar elecciones'', precisa.

En el caso de Alianza Cívica, los plazos de por sí estrechos lo fueron aún más, ya que una vez aprobada la ley y conocidas sus limitaciones, todas las delegaciones estatales de Alianza tuvieron que realizar asambleas para tomar la decisión de emprender la campaña, explica.

En algunos casos --Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato-- no se logró el consenso. En otros, incluso se tuvo que dar marcha atrás a una consigna en contra de la afiliación.

``Hubo muchas dudas. En condiciones normales logramos movilizar hasta 20 mil personas para observaciones electorales. Pero ahora hubo que responder a dudas que toma tiempo asimilar. La gente nos preguntó si ser asociación equivale a ser partido político, si vamos a lanzar a candidatos, o, ¿qué iba a pasar con nuestra imparcialidad? Obviamente, la respuesta es que seguimos siendo los mismos de siempre. Y a partir de ahí, la gente reaccionó muy favorablemente'', concluyó Marta Pérez.