La proliferación exponencial de los vendedores ambulantes no es un problema exclusivo de la capital mexicana. La combinación del crecimiento urbano y de las modalidades del capitalismo neoliberal en boga, entre otras causas, han atestado de comercio ambulante a las calles de muchísimas ciudades, especialmente, pero no de forma exclusiva, en el Tercer Mundo. En sus últimas consecuencias, las reglas del juego tales como la reducción de costos, la competencia feroz y la desregulación, imponen al pequeño comercio el formato ideal de un puesto en la calle.

En nuestro caso, la postración económica del campo y los consiguientes flujos migratorios hacia la ciudad, la contracción de los mercados laborales y la caída del poder adquisitivo de los salarios regulares han empujado a decenas o centenas de miles de ciudadanos y ciudadanas hacia los territorios inciertos de la llamada economía informal, especialmente en su modalidad de comercio ambulante. Ciertamente, el clientelismo y el corporativismo político, así como la corrupción imperante en la administración urbana, han magnificado y agravado este complejo fenómeno que, por una parte, constituye para muchos habitantes de la ciudad la única posibilidad de subsistencia económica.

Al mismo tiempo, esta proliferación genera gravísimos e insoslayables problemas de seguridad, salubridad y vialidad, padecidos en primer lugar por los propios ambulantes, pero también por el resto de la sociedad. Por otra parte, el comercio informal representa una competencia a todas luces desleal para los comerciantes establecidos, quienes se ven obligados a pagar impuestos y gastos fijos.

En esta circunstancia, es claro que el Estado no puede ni debe renunciar a sus obligaciones de regularizar, en términos comerciales, sanitarios, fiscales y de seguridad, al enorme conjunto de actividades comerciales que se realizan en la vía pública, y que esa tarea ha de ser iniciada por las autoridades urbanas mediante el levantamiento de un registro de las personas que se dedican al comercio ambulante o que pretenden dedicarse a él.

En este sentido, es preciso ir más allá de la situación creada en el Centro Histórico debido a la temporada navideña. Por eso cobra especial relevancia el foro de consulta que sobre el tema propuso la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el propósito de que el comercio ambulante sea legislado y reglamentado correctamente.

El desafío consistirá en definir el marco de obligaciones y derechos de los ambulantes, estudiar las posibilidades y los límites constitucionales y legales de sus actividades, buscar mecanismos que les permitan acceder a niveles mínimos de seguridad laboral y servicios sociales, así como preservar los derechos de los comerciantes establecidos.

Cabe esperar que el debate que viene se vea enriquecido por juristas, urbanistas y economistas, entre otros, y que en él participen todos los sectores de la sociedad capitalina porque, a fin de cuentas, el problema afecta a todos.