La justicia, elitista: Juventino Castro

Jesús Aranda El pueblo mexicano no tiene acceso a la justicia, asevera el ministro de Suprema Corte, Juventino Castro y Castro, quien señala que este ``grave'' problema radica en que ``no basta tener buenos órganos y buenas leyes'', sino que se necesita que las personas de escasos recursos tengan acceso a abogados que las representen y defiendan. Se necesita que el Estado constituya un organismo jurídico que sirva a quien no puede pagarse un litigante o requiere de asesoría jurídica.

En entrevista, el presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirma que los procedimientos judiciales son lentos y ``se prestan a toda clase de corruptelas y de trampas''; critica que los jueces se encuentren ``aislados en su torre de marfil'', y declara el ``fracaso rotundo'' del sistema de defensores de oficio.

Castro y Castro añade que otro síntoma ``terrible'' que afecta al sistema judicial es que, cuando la SCJN declara la inconstitucionalidad de una ley, el fallo sólo es aplicable a la gran empresa, comercio o industria que contó con los recursos suficientes para pagar un buen despacho de abogados que presentara su demanda ante la Corte.

Resume el ministro la situación:

``Si los grandes empresarios, las grandes industrias, comercios y servicios tienen problemas por la aplicación de una ley, sobre todo de impuestos, en un momento dado tienen muy buenos bufetes y abogados. Resulta que ganan el asunto y son amparados por la justicia de la Unión''.

``Pero el fallo sólo es para ellos. En cambio, si una persona humilde está en la misma situación de la gran empresa, no por el monto del impuesto sino por circunstancia personal, se alegra porque se declaró inconstitucional la ley, pero se encuentra con la tragedia tremenda de que se dejará de aplicar el impuesto a quien se le concedió el amparo, pero él lo seguirá pagando''.

Urge resolver esta situación, dice el ex subprocurador jurídico de la Procuraduría General de la República, y así, cuando la Corte establezca que una ley es inconstitucional, ésta ``deba anularse, deba invalidarse y no aplicarse a nadie más''.

Sólo de esa forma se beneficiaría a toda la población, la cual tendría acceso a la justicia aun y cuando no tuviera buenos abogados, señala.

El tema ha sido constantemente discutido en el Poder Judicial, sin embargo el ministro reconoce que entre sus compañeros hay una corriente de opinión en favor de que, cuando la Corte dictamine la inconstitucionalidad de una legislación, ésta se invalide y se deje de aplicar.

Castro y Castro explica que con las recientes reformas al artículo 105 constitucional, los partidos políticos y las fracciones minoritarias pueden interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de una ley determinada. Pero lo ``irónico'' es que la posible invalidación de leyes no es en favor de las personas ni a través del juicio de amparo.

Comenta que el problema sobre la falta de acceso a la justicia tiene más de 20 años, sin que se haya avanzado sustancialmente en la solución del mismo.

Explica: si bien se puede considerar que en el país existen buenos procedimientos, hay buenos jueces y un sistema constitucional capaz, ``el verdadero problema'' para acceder a la justicia es que, ``en un pueblo con una situación económica mucho muy baja, para llegar a la justicia `personal' se requiere que el interesado tenga el respaldo de un abogado que lo asesore, lo defienda y le diga qué es lo que debe hacer''.

Aclara que esta situación se da primordialmente en lo que tiene que ver con las relaciones personales, con las personas que requieren demandar por incumplimiento de contratos, que necesitan una asesoría antes de firmar un contrato y hasta para hacer una compra a crédito.

Lo mismo sucede en la cuestión penal, en donde, a pesar de que la ley contempla a los ``defensores de oficio'', la verdad es que este sistema ha fracasado ``porque están planeados como de limosna'', nadie los considera una obligación social, por lo que el propio defensor de oficio se dedica a cuidar sus propios intereses.

Ante este panorama, Castro y Castro propone que el Estado asuma su responsabilidad y forme un sistema de asistencia jurídica --del tipo del Instituto Mexicano del Seguro Social-- para atender a la gran mayoría de la población que exige justicia.

La idea es que el Estado defina en qué tipo de juicios sería obligatorio que actuara por medio de un abogado. Además, determinaría en qué casos otorgaría servicios de consultoría, asesoría y consejería. Todo con el propósito de ofrecer a la población la ayuda legal que necesita y que en las actuales condiciones no está posibilitada para pagar.

Castro y Castro está consciente de que el Estado difícilmente hará suya esta propuesta, y señala que este momento es el menos propicio para este tipo de ideas, porque lo que importa son las cuestiones materiales, económicas, financieras y monetarias. Así se mide el índice de desarrollo del país. Si los negocios están bien, se dice que el país va bien; si los negocios van mal, se dice el país va mal. ``Pero en realidad, ese no es más que el pulso de los grandes empresarios y de los grandes economistas''.

Mientras, agrega, ``el pueblo no tiene acceso a la justicia, y sólo se le dice que espere, que pronto tendrá soluciones a sus problemas''.

Por otra parte, señala algunos de los instrumentos de justicia que deben modificarse, entre ellos el relativo a los procedimientos judiciales: Nuestros procedimientos son lentos y se prestan ``a toda clase de corruptelas y trampas'', porque nuestros juicios son escritos, atendidos por personas ``menores'' en los juzgados, en donde, por lo general, el funcionario más alto es el secretario del juzgado, mientras que ``el juez está aislado en su torre de marfil''.

Señala que el juez nunca ve a los testigos ni a los peritos ni a las otras partes del juicio; en una palabra, está aislado. Además, se limita a estudiar y dictaminar un proyecto de resolución que le hace llegar su secretario de juzgado.

Se necesita cambiar todo el sistema de procedimientos por escrito, para pasar al procedimiento oral, con una o varias audiencias que tendrían lugar al mismo tiempo que se rinden testimonios, se realizan peritajes y se presentan pruebas.

En resumen, plantea que la gran reforma procesal que necesita el país debe pasar necesariamente por el cambio del procedimiento escrito al oral