El lunes pasado referí aquí la inconformidad que existe entre diversos grupos sociales, académicos y gubernamentales de Baja California porque la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), acordó subastar tres permisos para cazar igual número de ejemplares de borrego cimarrón. Por cada permiso se pagan decenas de miles de dólares en Estados Unidos. La maestra Julia Carabias, titular de la mencionada secretaría, se había comprometido públicamente en octubre último a no conceder ninguno hasta no disponer de los estudios que permitan saber la situación que guarda tan maravilloso animal. Estos fueron encargados en 1990 a la universidad del estado conjuntamente con otros centros de investigación y expertos en la materia, al decretarse entonces una veda de dos años a la caza del borrego, por encontrarse en peligro de extinción. La universidad alega no haber podido realizar los estudios por falta de apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Semarnap, mientras el gobernador, el Congreso de Baja California y varios grupos ciudadanos expresan su malestar por no respetarse lo acordado. Sin embargo, a juicio del Instituto Nacional de Ecología (INE), lo que realmente hay es desinformación y ``chantaje político''.

Por principio, sostiene que no existe veda de dicha especie. Sólo para 1990-91, se prohibió su caza, captura, transporte, posesión y comercio. Aunque también se acordó realizar estudios para conocer sus poblaciones, nunca se efectuaron. Sin embargo, desde entonces se mantuvo una tasa de aprovechamiento cero, mientras creció en forma alarmante la cacería furtiva, en parte como fruto de la falta de incentivos para las comunidades donde habita el borrego, al no recibir los beneficios derivados de su aprovechamiento racional.

Pero hace un año todo cambió: la Semarnap puso en marcha el programa sexenal de vida silvestre y diversificación productiva en el sector rural. Y dentro de él, un sistema de unidades de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Los beneficios económicos derivados de, por ejemplo, la caza regulada del borrego cimarrón, se aplicarían en las comunidades rurales con el fin de convertirlas en los mejores guardianes de la especie, y también a programas de monitoreo, investigación y manejo de las poblaciones y los lugares donde habita. Para efectuar los primeros estudios, el INE logró financiamiento de la Fundación Mexicana para la Conservación del Borrego Cimarrón, la cual los encargó a la Fundación Norteamericana del Borrego Silvestre. Esta concluyó que era posible aprovechar hasta once ejemplares en el área donde hizo sus estudios.

En tanto, cuatro ejidos manifestaron su interés en integrar una unidad de conservación, manejo y aprovechamiento de la vida silvestre en un millón de hectáreas ``borregueras''. Como resultado, en octubre último, en una reunión donde participaron los actores involucrados en conservar y aprovechar el cimarrón, se expusieron las bases de operación del programa para tan bella especie. Mas, anota el INE, la universidad local no reconoció el estudio de la fundación estadunidense argumentando ser la única instancia que puede y debe efectuar los trabajos, según el acuerdo de 1990.

El 28 de noviembre pasado, la Semarnap entregó a cuatro ejidos de Baja California su registro como primera unidad de conservación, aprovechamiento y manejo sustentable de la vida silvestre, con el borrego cimarrón como punto clave. Igualmente, fijó las tasas de aprovechamiento concediendo tres permisos que entregó a los propios ejidos, no a intermediarios ni a especuladores. Así, los recursos generados en la subasta de los mismos, efectuada el sábado anterior en Phoenix, Arizona, se invertirán en las comunidades y en la conservación de la especie. Otra parte servirá para apoyar los trabajos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

A juicio del INE, el nuevo programa valora y conserva al borrego y a su hábitat como recurso natural renovable, y promueve la participación campesina; estimula los trabajos de investigación, monitoreo y vigilancia, y permite contar con los recursos necesarios para actividades en el largo plazo. Si dicho programa no se consolida, agrega, existe el peligro de que siga la depredación, la caza furtiva y el decremento en las poblaciones de borrego. Nadie saldría beneficiado con ello.

Pero además anota que tanto el cimarrón como el resto de la vida silvestre ``no pueden ser suficientemente conservados sólo con declaraciones y buenos propósitos, y bajo ninguna circunstancia deben ser objeto de chantaje político''.

Seguramente en Baja California responderán a los argumentos expuestos por el INE en nombre de la dependencia que preside la maestra Julia Carabias. Sin embargo, debo advertir lo negativo que resulta el enfrentamiento entre campesinos e instituciones académicas, y entre éstas y las instancias oficiales, como sucede ahora. Además, en aras del tantas veces anunciado pero no siempre efectivo derecho a la información, me gustaría saber en qué consiste el ``chantaje político'' a que se refiere el INE en un asunto tan sensible, como es el de la conservación del borrego cimarrón.