Supervisará la ARDF la regulación de ambulantes
Alonso Urrutia La Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) conformó una comisión de seguimiento para supervisar la instrumentación de las medidas de reordenamiento del comercio ambulante. Asimismo, aprobó modificaciones en el presupuesto de egresos para que el 76 por ciento de los recursos captados por los nuevos derechos generados por el ambulantaje se canalicen a las delegaciones para programas inherentes a la actividad y el resto a programas de seguridad.
Para asambleístas de todos los partidos, la aprobación del cobro de derechos al ambulantaje no significa legalizar lo ilegal, sino partir de una realidad que rebasa la normatividad vigente. Su aplicación sólo pretende alentar su reordenamiento. Sin embargo, alertaron sobre problemas de operatividad que enfrentará la reordenación; entre ellos, un aspecto fundamental: la definición del padrón oficial.
Por su parte, el secretario de la Comisión de Gobierno, Amado Treviño, comentó que en enero próximo comenzarían los trabajos tendientes a normar el ambulantaje. ``Aún no sabemos si sea mediante una ley que emita la asamblea o un reglamento que expediría el gobierno bajo el consenso de la propia asamblea''.
El asambleísta del PRI mencionó que la incorporación de cobros a los comerciantes ambulantes es parte de un conjunto de instrumentos que se pretende dotar a la autoridad para controlar el fenómeno del ambulantaje. ``Hasta ahora, el gobierno sólo tenía como recurso la utilización de la fuerza pública que, aplicada recurrentemente, se revertía en contra del gobierno, aunque se buscara aplicar la ley''.
A su vez, el presidente de la Comisión de Abasto, Gonzalo Rojas, aseveró que reducir las medidas sólo al cobro de derechos sería un grave riesgo, porque implicaría la posibilidad de fortalecer el corporativismo sin alterar las condiciones que rodean el problema; es decir, permanecería la corrupción e ingobernabilidad que genera el ambulantaje.
Una medida aislada simplemente no sirve de nada, dijo Rojas, y subrayó que se deben adoptar medidas para impedir que el pago de derechos sólo fortalezca a los líderes de ambulantes y reproduzca el corporativismo, pero ahora con permiso. ``Debemos garantizar que la gestión y el pago de los permisos se den a título individual y no sean nuevas formas de control por parte de los líderes''.
El perredista subrayó que el conjunto de medidas debe estar orientado a garantizar nuevas normas que regulen la operación del ambulantaje. ``Debemos tener garantías de que los ambulantes a los que se les otorgue el permiso vendan mercancía legal y no proveniente del contrabando o, peor aún, que sean formas de sacar la mercancía robada''.
Rojas rechazó las versiones que cuestionan la legalidad de las reformas al Código Financiero y al programa en general, porque ``la realidad se nos estrella en la cara. El ambulantaje es una actividad ilegal, pero no ilegítima, si se parte del elemental derecho al trabajo y se contrasta con los problemas de seguridad pública que enfrenta la capital''.
Consideró que el problema del padrón es un punto crítico en el proceso de reordenamiento porque oficialmente sólo se reconoce la existencia de cien mil comerciantes ambulantes, aunque esta cifra no concuerda con otras estadísticas sobre el número de personas que se dedican a esta actividad.
Todo ello deberá ser responsabilidad de la comisión especial de seguimiento integrada por todos los partidos políticos.
A su vez, el coordinador del PT, Francisco González, subrayó que en esta materia ``se crítica a la ARDF cuando no enfrenta el problema, como también cuando aprueba alguna medida para hacerlo. Lo aprobado simplemente reconoce una realidad existente: que se requiere regular para evitar los excesos que hay actualmente.
Responsable de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes Públicas, consideró que en los hechos actualmente los líderes lucran con las calles sin que la ciudad perciba algo por ello. ``Ahora se pretende captar recursos para aplicarlos precisamente en su reordenamiento'', precisó.
Finalmente, aceptó que todo este proceso --cobro de derechos y la legislación sobre ambulantaje-- puede truncarse si las delegaciones no aplican la ley correctamente y permiten actos discrecionales que eliminen la eficacia de las medidas