Las declaraciones del nuevo procurador general de la República mueven a reflexionar sobre la importancia de la credibilidad de funcionarios e instituciones en México. También traen a la mente la fragilidad de esa confianza de muchos ciudadanos en lo que dicen funcionarios y gobernantes, especialmente en relación con los homicidios de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y, también y todavía, del cardenal Posadas Ocampo.

El procurador dice que un peritaje rechaza la posibilidad de que los restos de El Encanto sean los de Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual del homicidio de Ruiz Massieu, pero que otro análisis no descarta que lo sean, por lo que se haría un tercero. Solicita tiempo, no ya para la investigación, sino para nombrar un nuevo fiscal especial en sustitución de Chapa Bezanilla. A estas alturas, después de años, las palabras deben ir acompañadas, si no es que precedidas, por los hechos.

A tres años del primero de los tres homicidios mencionados, y a más de dos años del último, varias personas relacionadas con esos hechos o con las investigaiones respectivas han sido asesinadas o han muerto en circunstancias dudosas; se han manipulado y borrado pruebas, y varios inculpados han sido liberados por los jueces encargados de los casos.

Tomando en cuenta estos antecedentes no es dable, ciertamente, exigir al nuevo procurador lo imposible -la solución inmediata de las investigaciones-; pero sí es pertinente expresar preocupación y alertar contra posibles tentaciones de dejar de lado, o relegar a un segundo plano, asuntos de vital importancia para muchos mexicanos. Ha de manifestarse la inquietud por el continuo daño a la credibilidad de las instituciones y por el desgaste en las expec- tativas de justicia de la ciudadanía, después de tanto tiempo y tantos sucesos lamentables en relación con estos casos.

Hace meses, a treinta años del asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy -que fue sucedido también por muertes de per- sonas relacionadas con el asunto y por huellas y pruebas desaparecidas-, se hizo en el vecino país una encuesta de opinión al respecto. La gran mayoría de los consultados rechazaba la versión oficial sobre ese homicidio, a pesar de que la sociedad del país vecino tiende más que la mexicana a otorgar a sus autoridades el beneficio de la duda.

A pesar de las dificultades, del tiempo transcurrido y de las huellas borradas, es de primera importancia un esfuerzo especial y significativamente persistente para lograr el pleno esclarecimiento de estos asesinatos. Es cuestión de justicia, pero también de credibilidad, es decir, de viabilidad política