Las opiniones de los ministros no se toman en cuenta: Juventino Castro

Jesús Aranda Los ministros de la Suprema Corte estamos conscientes de que la gente espera mucho de nosotros, pero ``once hombres no van a resolver los problemas del país, ni siquiera en su muy estricto campo, que es el de la impartición de justicia'', reconoce el ministro Juventino Castro y Castro.

Ante la compleja problemática que representa la falta de acceso a la justicia para la mayoría de la población y la necesidad de reformas legales para hacer más eficientes los órganos jurisdiccionales, Juventino Castro y Castro acepta que hasta ahora, las opiniones de los miembros del máximo tribunal de justicia del país no han sido tomadas en cuenta.

En entrevista, explica que recientemente se formó una Comisión de Estudios Legislativos, integrada por él y los ministros Genaro Góngora Pimentel y José Aguinaco Alemán, quienes elaboraron un proyecto de ley a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga la facultad de proponer al Legislativo leyes que le competan directamente.

Sería el caso de leyes como la de Amparo y Orgánica del Poder Judicial, entre otras.

Nuestra comisión, apunta, elaboró su proyecto de ley, éste fue distribuido y ampliamente conocido entre los miembros del Poder Legislativo, abogados eminentes, académicos e investigadores de las universidades del país.

Se les demostró, agrega, que esta facultad es interesante y que muchos países tienen leyes semejantes, incluso tengo entendido que todos los Tribunales de Justicia de los estados --a excepción de Quintana Roo y Guerrero--, cuentan con la posibilidad de presentar sus proyectos de ley al Poder Legislativo, para que sea tomada en cuenta su opinión.

Comenta su extrañeza por la falta de respuesta y deja en claro que el otorgarle a la Corte esa facultad no se atentaría de manera alguna en contra del equilibrio de poderes. Explica que es de lo más normal que el Presidente de la República envíe sus propuestas de ley al Legislativo, y nadie supone que esto signifique una invasión de poderes.

Comenta también su certeza en el sentido de que los tribunales Agrario y Fiscal de la Federación, así como las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben pertenecer al Poder Judicial Federal para que dejen de depender del Poder Ejecutivo y se eficientice su actuación.

En este contexto, afirma que, precisamente, la integración del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación representa un avance en el sentido de que los órganos de impartición de justicia dependen del Poder Judicial Federal.

Por otro lado, explica que el objetivo de la iniciativa que elaboraron en su momento los ministros de la Corte, era fortalecer al Poder Judicial para fortalecer asimismo el equilibrio entre los tres poderes.

La iniciativa en cuestión dice en su exposición de motivos:

``La mejor manera de lograr la armonía buscada es fortalecer al Legislativo y al Judicial, ya que al obtenerlo, automáticamente el Ejecutivo federal encontraría su acomodo y la eficacia buscada.

``Hoy los mexicanos nos encontramos frente a la apremiante necesidad de adecuar las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia para que el derecho siga siendo garantía de convivencia pacífica e instrumento de cambio. Es esencial que la Constitución y el orden legal derivado de ella tengan plena observancia. Es preciso que las autoridades actúen con apego a las normas, que los derechos sean reconocidos y las discrepancias resueltas conforme a la ley.''

El ministro Castro y Castro destaca el empeño del pleno de la Corte por atacar el rezago de expedientes en el máximo tribunal de justicia del país --en 1996 se fallaron 5 mil 530 asuntos y quedaron pendientes un total de 2 mil 86 casos--, pero aclara que, si se cambiara la ley y los Tribunales Colegiados resolvieran cuestiones menores que no tienen ver con la Suprema Corte, los ministros tendrían más tiempo para analizar los asuntos importantes.

Por otra parte, califica como ``destacadísima'' la actuación de la Suprema Corte en la aplicación del nuevo artículo 105 constitucional, porque la nueva facultad que otorga la Carta Magna a la Federación, estados, municipios, partidos políticos y minorías parlamentarias para interponer controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, constituye una acción evidentemente de carácter político.

Finalmente, entre los avances importantes en materia judicial, destaca la creación del Consejo de la Judicatura Federal, porque este organismo se encarga de la disciplina, administración y carrera judicial del Poder Judicial Federal, dejando así a los ministros de la Corte que se dediquen fundamentalmente a impartir justicia.

Explica que, ``en general, el problema del Poder Judicial era que, o las autoridades administrativas presionaban a los funcionarios judiciales para que admitieran como secretarios, jueces y aun como ministros a determinadas personas, además de que había un turno entre los ministros de la Corte para nombrar magistrados y jueces''.

Ahora, con el establecimiento de la carrera judicial, quien aspire a ser juez o magistrado tiene que presentar un examen de oposición. Así, indica, se quitaron ya las presiones de otros poderes y la carrera judicial adquirió características muy especiales que irán perfeccionándose con el paso del tiempo