Dos partidos se niegan a avalar la iniciativa; ONG de derechos exigen que no haya impunidad

Juan Balboa, enviado, Guatemala,16 de diciembre El Congreso guatemalteco aprobó esta noche, en primera lectura, la Ley de Reconciliación Nacional, la cual fue rechazada por organismos de derechos humanos y dos de los seis partidos políticos. Establece una amnistía para los militares que participaron en matanzas, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias ocurridas en este país en las últimas tres décadas.

La polémica iniciativa, que recibió ya la primera sanción de tres debates con 54 de 80 votos emitidos, prevé la figura jurídica para la reinserción a la vida legal de los miembros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a la vida legal.

El presidente Alvaro Arzú envió este proyecto de ley al Congreso de la República, basado en el acuerdo de reinserción de la insurgencia firmado en Madrid el jueves pasado entre la URNG y su gobierno.

En un ambiente tenso por la presencia y los gritos en el recinto legislativo de familiares de desaparecidos políticos y personas vejadas por los militares, la polémica ley fue objeto este lunes de un intenso debate parlamentario en el que el Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), primera organización de izquierda que logra escaños en el Congreso de este país en los últimos cuarenta años, exigió modificaciones al texto original, mientras que la mayoría de los legisladores oficialistas del Partido de Avanzada Nacional (PAN), se manifestaron a favor de su aprobación.

Unos 200 integrantes de Alianza Contra la Impunidad, organización a la que pertenece la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, efectuaron este lunes una marcha silenciosa desde la Catedral hasta el Parlamento en rechazo al controvertido proyecto, pues consideran que el acuerdo de reinserción sobre el que se basa el texto constituye ``una amnistía general disfrazada'' que familiares y víctimas de la represión no están dispuestos a aceptar.

Los manifestantes, vestidos de blanco y negro, abuchearon por momentos a los diputados. Una de las manifestantes, Karen Fisher, explicó que ``ir vestido de blanco es por el apoyo al proceso de paz, y de negro, por el manto de impunidad que quieren alimentar aprobando una amnistía general''.

En un texto de ocho cuartillas, la Ley de Reconciliación Nacional considera que con motivo del enfrentamiento armado interno, se han llevado a cabo acciones que, de conformidad con la legislación, pueden ser calificadas como delitos políticos o comunes conexos, y señala que para la reconciliación del país, se requiere de un tratamiento equitativo e integral ``que tome en cuenta las diferentes circunstancias y factores inherentes al enfrentamiento armado interno para el logro de una paz firme y duradera''.

En el artículo tres de la iniciativa de ley sancionada esta noche se decreta la extinción total de la responsabilidad penal de los ``delitos políticos'' cometidos en el enfrentamiento armado interno contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional y contra la administración pública.

Para dar cumplimiento al proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, ``pactado en el Acuerdo de Paz sobre el Definitivo Cese al Fuego'', Arzú propuso también la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos comprendidos en cuatro artículos (398, 399, 402 y 407) del Código Penal, y nueve (87, 88, 91 al 97) de la Ley de Armas y Municipios.

Sin duda, el artículo quinto es el más polémico en el Parlamento y sobre el cual ha recaído la mayoría de las críticas de organizaciones de derechos humanos y partidos de centroizquierda, los cuales aseguran que otorga amnistía a los militares involucrados en la represión.

``Se declara la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que hasta la entrada en vigencia de esta ley, con motivo del enfrentamiento armado interno, hubieran cometido, como autores, cómplices o encubridores, las autoridades del Estado, miembros de sus instituciones o cualquier otra involucrada por ministerio de la ley para prevenir, impedir, perseguir o reprimir los delitos políticos y comunes conexos a los que se refieren los artículos 2 y 4 de esta ley'', precisa la legislación.

Impunidad a violadores de derechos humanos

Minutos después de la primera lectura del polémico proyecto, legisladores del FDNG y del Partido Unión del Centro Nacional abrieron el debate proponiendo modificaciones, principalmente al artículo quinto, y manifestaron que sus respectivas organizaciones políticas no firmarán el documento con el texto presentado ante el Congreso de la República.

La diputada del FDNG, Nineth Montenegro, dijo que los legisladores se encontraban en una ``situación muy difícil'', pues se pretende, según agregó, amnistiar delitos de tipo común que ni siquiera la Constitución ``contempla''.

``Sin venganzas ni revanchas, lo único que nosotros quisiéramos es un marco ideal en el que se permita la reinserción de la URNG, pero que esa no sea la puerta abierta a permitir los delitos comunes'', puntualizó la defensora de los derechos humanos.

Los legisladores oficialistas del PAN --mayoría en el Congreso-- y del derechista Frente Republicano Guatemalteco, defendieron la iniciativa presentada este lunes y anunciaron que votarán a favor. El PAN, partido que llevó al poder a Alvaro Arzú, puede aprobar la ley sin el voto de ningún otro partido, al contar con 42 de los 80 escaños y requerir de mayoría simple