En La Jornada del 16 y 17 de este frío mes de diciembre se han publicado interesantes declaraciones de dos juristas a los que se respeta y estima como hombres honrados, convencidos del alto valor de la justicia y del derecho para resolver las controversias y diferencias que se dan en sociedad y que son, por otra parte, connaturales a ella.

Me refiero a los abogados Juventino Castro y Castro, ministro de la Suprema Corte de Justicia, y a José Luis de la Peza, presidente del Tribunal Federal Electoral.

Ambos, desde sus respectivos y peculiares puntos de vista, han tocado una controversia que data en México de hace al menos 130 años.

Se trata del debate sobre la intervención de los tribunales de justicia en materia política, en el que participaron defendiendo la no intervención de los tribunales en tales cuestiones, nada menos que Ignacio L. Vallarta y, sosteniendo la posición contraria, Don José María Iglesias que defendía las facultades de la Suprema Corte y otros tribunales federales en materia político-electoral y en la revisión de la legitimación de origen de los gobernantes.

Durante muchos años, la tesis Vallarta prevaleció en buena parte porque a los políticos encumbrados con el triunfo del liberalismo, no les era muy cómodo el que los jueces sancionaran sus conductas políticas y tal postura la heredaron los políticos revolucionarios de este siglo XX.

La tesis Vallarta prevaleció en contra de opiniones tan destacadas como las de Ignacio Ramírez, Altamirano y Ezequiel Montes y, por supuesto, de la del mismo Iglesias, como reseña Javier Moctezuma en el documentado libro editado por la UNAM en 1994, que precisamente se titula José María Iglesias y la Justicia Electoral.

Hoy, a cerca de siglo y medio de aquellos debates, es nuevamente tema de discusiones y forcejeos en los altos círculos del poder y entre jurisperitos y políticos de oposición, la posibilidad de que la nueva Suprema Corte --podada por así decirlo de elementos que le eran extraños; rehecha con tan sólo once ministros, en lugar de los veintiuno que tenía apenas hace dos años, y renovada en sus facultades-- intervenga con más peso, como un verdadero poder equilibrador de los otros dos y el Tribunal Electoral, recién incorporado al sitio que debe ocupar dentro del Poder Judicial, sea realmente, como pretende De la Peza, un protagonista del proceso democratizador y un tribunal independiente y responsable.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral señala los riesgos: presiones políticas e incomprensión de los que pierdan un litigio electoral, impedidos de aceptar la verdad legal por su pasión política. Castro y Castro destaca la importancia que las nuevas facultades --conferidas por el artículo 105 constitucional-- tienen para convertir a la Corte en un verdadero guardián de la constitucionalidad de los actos de autoridad.

La conclusión que se saca de esta presencia de los hombres del derecho, de los juristas resolviendo cuestiones políticas, es necesariamente positiva: es un paso que la opinión pública, en un anhelo democrático y la dura crítica de muchos obligó a dar al sistema mexicano, un paso trascendente hacia una verdadera división de poderes y hacia la democracia. Los jueces que poseen valor civil, y que requerirán en demasía, además de conocimientos jurídicos, podrán estar entre los más importantes protagonistas de la democratización de México.